DE NUESTRO CORREO. NOS INFORMAN SOBRE ACTO DE RESISTENCIA EN RENNES, FRANCIA
EN APOYO AL MOVIMIENTO
"...¡TOD@S SOMOS OAXACA!
Depuis six mois, dans un des Etats les plus pauvres du Mexique, Oaxaca, la
population résiste et s'organise pour revendiquer son droit à la justice
et à la liberté.
Des associations de défense des droits de l'homme, des syndicats, et
d’autres individus jusque là non organisés se sont constitués en Assemblée
populaire des peuples d'Oaxaca pour exiger le départ du gouverneur
illégitime et assassin, Ulises Ruiz, et que soient entendues leurs
revendications sociales et politiques.
Face à ce soulèvement, le gouvernement de l'Etat et le gouvernement
fédéral répondent par la violence : arrestations, assassinats, torture,
viols, par le musellement des médias libres et indépendants, et en mettant
en œuvre une stratégie de division ; bref, ils tentent de faire taire par
tous les moyens ces voix contestataires et dignes.
Parce que la répression, l’injustice, les lois liberticides et
la désinformation s’exercent ici comme là-bas, ne les laissons pas faire en silence.
Vous êtes invités à une projection-débat le mardi 23 janvier
à partir de 20 h 30 à la Maison de Quartier de Villejean, salle Rosalie.
Les films projetés ont été réalisés par des associations indépendantes
d'Oaxaca et un membre du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas
en lutte, récemment rentré d’Oaxaca, sera parmi nous.
GROUPE LA SOCIALE
C/O LOCAL LA COMMUNE
17 RUE DE CHATEAUDUN, 35000 RENNES
TEL/REP : 02 99 67 92 87
PERMANENCES AU LOCAL LES MERCREDIS & SAMEDIS DE 14H A 18H
MORENA ... Internacionalista ... no globalista (si de globalizar se trata que sea la lucha de los pueblos)
martes, enero 23, 2007
Grupo Zeta el cartel del gas LP
El consorcio gasero Grupo Zeta se perfila como uno de los primeros beneficiados del gobierno de Felipe Calderón, con la consolidación de la apertura de Pemex a los capitales privados, a pesar de las acusaciones de monopolizar la distribución del combustible y sus prácticas de corrupción
Ana Lilia Pérez
En un abrupto golpe a la economía de los mexicanos, hace unas semanas la Secretaría de Economía del recién estrenado gobierno aprobó un incremento de tres centavos por kilo al precio del gas licuado de petróleo (LP), argumentando incrementos en el costo del energético. Sin embargo, según los analistas, lo que hace que el gas LP sea tan caro es el monopolio que en México mantiene un reducido grupo de distribuidores, bajo el amparo de la Secretaría de Energía (Sener).
El director de Estudios Económicos de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, Francisco Calderón Quintero, define el negocio del gas licuado de petróleo en México como “un cártel del gas”, cuya existencia –solapada por la Secretaría de Energía– genera millonarias ganancias a los distribuidores, a costa del gasto de la población que consume el energético.
El titular del área de investigaciones económicas de la Fundación explica: “un cártel es un acuerdo entre un pequeño grupo de productores que dominan el mercado, ya sea por cuota, ya sea por regiones”.
El economista condena la existencia del monopolio en la distribución de gas LP en México, pues estima que el consumidor paga los altos costos por el hecho de que –con el aval de la Comisión Reguladora de Energía– sólo cinco grupos empresariales distribuyen el energético. Aun con el subsidio de Pemex al gas LP, dice, “el consumidor es quien absorbe los altos costos”.
El Grupo Zeta, el Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, durante décadas, han controlado el mercado de gas de consumo casero en todo el país, y ahora incluso en Centro y Sudamérica.
Se trata de un cártel que por cada litro de venta al consumidor gana el doble del precio al que lo compra a Pemex y que, al estilo de las mafias, entre algunas de sus prácticas ilícitas “ordeña” por lo menos un 10 por ciento de cada cilindro, delito que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, genera ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.
Irónicamente, a la cabeza del “cártel del gas” –al que hace referencia el jefe de investigaciones de la Fundación, creada entre otros por Felipe Calderón Hinojosa– se ubica el Grupo Zeta, al que el nuevo presidente promete abrigo e infinitas prebendas, como las que le diera su antecesor, Vicente Fox.
Las negociaciones en Pemex por parte del consorcio, propiedad de la familia Zaragoza, es un ejemplo de la forma cómo los funcionarios, al mando de Felipe Calderón, conducirán a la paraestatal.
Desde hace unos meses el encargado de diseñar la política petrolera 2006–2015, Marcos Ramírez Silva, operó en la paraestatal para entregar a la familia Zaragoza –que actualmente tiene el monopolio del 72 por ciento de la distribución de Gas Licuado de Petróleo– el negocio de la construcción, mantenimiento y administración de los gasoductos de la paraestatal.
En septiembre pasado, el entonces titular de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) de Pemex, Ramírez Silva, fue designado por Felipe Calderón como su enlace en Pemex y encargado de diseñar la estrategia que se instrumentará en Pemex en los siguientes 10 años.
El modelo realizado por Ramírez Silva, que se hará público en los primeros meses de este 2007, es el SUMA (Fortuna 42), el cual de forma extraoficial y sin tener atribuciones para ello, se aplica en Pemex desde noviembre de 2005, y que consiste en el esquema mediante el cual serán concesionadas las áreas operativas de la paraestatal.
Con el aval de Calderón, antes de su salida oficial de Pemex (en diciembre pasado), con miras a colocarse como asesor en la propia Presidencia de la República, Ramírez Silva hizo las primeras negociaciones para beneficiar a los empresarios por él protegidos en sus años como titular de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).
El consorcio gasero mexicano Grupo Zeta, fundado por Miguel Zaragoza Fuentes, y dirigido actualmente por su hijo, Miguel Zaragoza, y su nieto, Jesús Zaragoza López, controla el 72 por ciento de almacenamiento y distribución de gas LP en México, y posee plantas en países de Centro y Sudamérica como Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España.
El portafolios de negocios de Ramírez Silva proyectó para otorgar a Grupo Zeta (a través de sus filiales, Compañía de Gas de Tijuana, Baja Gas, Combustibles, Distribuidora Mexicana de Gas L.P., Gas Butano Propano de California, Gas Comercial e Industrial, Gas Guadalajara, Gas Licuado, Thermogas, Multigas, Super Gas y Zeta Gas del Caribe) las licencias para la construcción, mantenimiento, administración y operación de ductos de Pemex, facultades constitucionales de la partaestatal, mediante modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex.
Al dar a conocer el diagnóstico general de cómo la administración de Vicente Fox dejaba la paraestatal, el pasado 30 de octubre Ramírez Silva adelantó lo “costoso” que resulta para Pemex el mantenimiento de ductos y la posibilidad de eximir a la paraestatal de esta obligación.
Sin embargo, omitió mencionar las concesiones que operó a favor de empresas privadas, y que bajo este nuevo esquema será Pemex quien deberá pagar por el uso de los ductos; al Grupo Zaragoza, vinculado a oscuros beneficios del gobierno de Vicente Fox, y ahora de Felipe Calderón.
Los beneficios azules
Prácticas ilegales de monopolio en México y el extranjero; acciones antisindicales y violadoras a las normas internacionales del trabajo y de los derechos laborales de sus empleados; la sospechosa concesión para operar una terminal marítima de gas, única en su tipo en instalaciones de la SCT en el Puerto de Manzanillo; fraude a los consumidores; y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por de tráfico de influencias y sobornos a funcionarios de Pemex, constituyen el historial que acumuló, en los últimos seis años, el consorcio gasero de los Zaragoza.
Además hay indagatorias por narcotráfico, que en el sexenio de Ernesto Zedillo abrió la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra Miguel y Jesús Zaragoza, por traficar cocaína en sus pipas de gas. Y una denuncia que posteriormente se abrió por el presunto lavado de dinero de la familia en la asociación “Amigos de Fox”.
El dinero que Miguel Zaragoza y su hijo Jesús Zaragoza López dieron al guanajuatense para su campaña fue bien retribuido. La instalación de plantas de gas de Grupo Zeta en Centroamérica fue promovida desde la misma cancillería mexicana, con Jorge Castañeda, como una de las prioridades del gobierno mexicano dentro de su “impulso” al Plan Puebla Panamá. La promoción, apoyos de inversión y facilidades legales, para que Zeta expandiera sus negocios en la región, se hicieron por medio del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
El último regalo de Fox a los Zaragoza fue la autorización para construir y operar la terminal marítima para el almacenamiento y distribución de gas en instalaciones de la SCT, en Manzanillo, Colima. Aún cuando este tipo de funciones son exclusivas de Pemex, Fox dio a los Zaragoza el permiso para tener su terminal privada para la recepción, almacenamiento y distribución de gas LP. La concesión se tramitó en sólo seis días, a nombre de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., e incluyó un jugoso contrato por 300 millones de dólares al año para la importación de Gas LP.
En mayo pasado, la terminal de Zeta fue inaugurada por el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y por el delegado de la SCT en la entidad, Guillermo Frank Escobar. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó los permisos aun cuando la gasera tiene cuantiosas y documentadas denuncias de irregularidades en sus plantas, así como robo a consumidores.
Uno de los casos más escandalosos, por ejemplo, fue cuando sobre Zeta Gas del Caribe –que tiene el monopolio de gas LP en Cancún– llovieron demandas de damnificados por el huracán Stan a los que Zeta surtía de cilindros “ordeñados”, aprovechando el río revuelto del desastre.
Ni Dionisio Pérez-Jácome Friscione, ni Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, titulares de la CRE en el sexenio foxista, suspendieron una sola autorización a Zeta.
Es más, Pérez-Jácome Friscione, hoy flamante coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, hizo caso omiso a los reclamos de monopolio contra el Grupo Zeta solapando todos los abusos de la familia Zaragoza.
Los negocios oscuros en Pemex
Protegido de Adrián Lajous como titular de Pemex, Ramírez Silva ingresó a Pemex en 1971, y en 1996 fue nombrado titular de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Durante 10 años de su estancia en PGPB, Ramírez solapó licitaciones amañadas, concursos simulados y concesiones operadas por él para favorecer al consorcio de los Zaragoza.
En el contexto de esta red de negocios privados, a mediados del régimen foxista, la abrupta salida de Raúl Muñoz Leos de la dirección general de Pemex benefició a Ramírez Silva y a las empresas protegidas por él y por el propio Luis Ramírez Corzo, quien convirtió a Ramírez Silva en su principal asesor y titular de la DCO.
A inicios del sexenio de Vicente Fox, Ramírez Silva otorgó a Ramírez Corzo, en ese entonces representante de Turbinas Solar, adjudicaciones directas de contratos por 48 millones de dólares, los cuales fueron investigados por contralores internos asignados a PGPB, por la supuesta inexistencia del material que Pemex pagó a Ramírez Corzo. Cuando Ramírez Corzo fue nombrado titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), la SFP determinó que no existía daño patrimonial, y como medida interna despidió a algunos de los contralores que denunciaron y documentaron las irregularidades.
En diciembre de 2005, Ramírez Corzo designó a Ramírez Silva como director corporativo de Operaciones. El funcionario generó las prebendas para Grupo Zeta, a niveles de ordenar auditorías ambientales para cancelar la operación de ductos a los competidores del consorcio en la zona metropolitana, como Gas Metropolitano, de Eduardo Ramírez; Bello Gas y Vela Gas, propiedad ambas de Lázaro Bello; Unigas; y Gasomático y Gas y Servicio, del grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza.
Así, la pugna por el energético y las concesiones que otorgan Pemex y la CRE, para su distribución, se han convertido también en un pleito casado entre los hermanos Zaragoza. En la disputa por el negocio, Miguel Zaragoza, ha utilizado sus influencias en Pemex para influir en el cierre de gasoductos que maneja Tomás Zaragoza, como el de Carpio-San Juan Ixhuatepec.
La forma como Miguel Zaragoza y su hijo Jesús operaron el cierre del ducto para sacar a Tomza de la distribución de gas en la zona metropolitana es la siguiente:
Como titular de la Dirección Corporativa de Operaciones, teniendo a su cargo el programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) de la paraestatal, Marcos Ramírez recibió de Ramírez Corzo la orden de hacer un diagnóstico de la accidentalidad en Pemex, y diseñar las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo de un plan de emergencia para evitar accidentes y establecer las acciones relacionadas con el mantenimiento y operación de ductos.
El diagnóstico, en poder de este medio, reveló que en México hay 12 mil 592 kilómetros de gasoductos considerados con niveles de alta peligrosidad, ubicados en las ciudades de Monterrey, Chihuahua, Veracruz, Minatitlán, Reynosa, Toluca, Guadalajara, Poza Rica, Tlaxcala.
Dentro del diagnóstico se ubica el ducto de San Juanico por debajo de éstos, pero funcionarios de Pemex, encabezados por Ramírez Silva, ocultaron la información para ventilar únicamente la “peligrosidad” de San Juanico.
El tramo Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec se ubica en el lugar número 17 en la clasificación de riesgo preventivo, es decir, que “requiere de acciones inmediatas a corto y mediano plazos para eliminar el riesgo”.
Aunque el diagnóstico que realizó personal del SSPA urge a Pemex Gas y Petroquímica Básica a cerrar los gasoductos considerados de alta peligrosidad, sólo se procedió sobre San Juanico, por el afán de Miguel Zaragoza de sacar del mercado a los distribuidores de la zona metropolitana del país, incluido su hermano Tomás.
Para garantizar el cierre del ducto, el gerente de Operaciones de Gas en PGPB, Alberto Cervantes, gestionó ante la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación la orden, avalada legalmente por Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal.
Contralores internos de Pemex señalan que la “necesidad” del cierre del gasoducto de San Juanico se operó en las oficinas corporativas de la paraestatal, entre funcionarios de Pemex, Gobernación, Energía y Miguel y Jesús Zaragoza López, desde inicios de 2006, para que sin sus competidores, en los primeros meses de 2007 se autorice a Zeta Gas del Pacífico dotar a las zonas Centro y Occidente del país del suministro de gas LP, mismo que será trasladado desde su terminal marítima en Manzanillo.
Según Víctor Moya, general de Grupo Zeta Gas del Pacífico, la terminal de Manzanillo operará al ciento por ciento de su capacidad en 2007, que coincide con las nuevas autorizaciones que le otorgarán Pemex y la CRE a Miguel Zaragoza, para que incremente su participación en el mercado de gas para consumo doméstico.
Funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica señalan que la operación de los beneficios que los operadores de Felipe Calderón darán a Grupo Zeta –durante el sexenio– incluye también la supuesta rehabilitación de los ductos de la zona de San Juanico, para que luego estos mismos sean entregados a alguna de las empresas del Grupo Zeta.
Las complicidades de la SFP
La red de corrupción que tendió la familia Zaragoza, dentro de la paraestatal mexicana, fue denunciada en Pemex desde hace poco más de cuatro años a la entonces Secodam, cuando el ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, estaba al frente y luego durante la gestión de su sucesor, Eduardo Romero Ramos, oriundo de Chihuahua. Ambos funcionarios mantuvieron archivadas las denuncias, la razón: los apoyos que el consorcio gasero dio al propio Barrio durante su administración en Chihuahua, en el que Romero Ramos se desempeñó como su secretario de Gobierno.
De hecho la mayoría de los contralores insertados en Pemex, que recibieron las denuncias sobre el grupo gasero, en su mayoría ex funcionarios de Barrio en Chihuahua, tenían la consigna de proteger a los gaseros.
Desde sus tiempos de gobernador, Barrio Terrazas protegió abiertamente a otro de los integrantes de la familia: Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, investigado durante el gobierno de Carlos Salinas por la PGR, por sus vínculos con el narcotraficante y fundador del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, concuño de Pedro Zaragoza. La indagatoria se archivó cuando el entonces gobernador de Chihuahua intercedió por el empresario.
Las denuncias enviadas a la SFP señalan irregularidades en concesiones, tráfico de influencias y millonarios sobornos a funcionarios de alto nivel de Pemex, entre ellos Marcos Ramírez Silva, Roberto Ramírez Soberón (a quien Ramírez Corzo colocara como director de Pemex Gas cuando ascendió a Ramírez Silva a la Dirección Corporativa de Operaciones) ratificado en Pemex Gas por Felipe Calderón. Las denuncias incluyen también a Alberto Cervantes, gerente de operaciones de Pemex Gas y a Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal. Este último, quien fungía como gerente jurídico de Ramírez Corzo en Pemex Exploración y Producción, fue designado como abogado general para encargarse del blindaje jurídico para la red de corrupción que se estaba consolidando, y los contratos otorgados a empresas que gestionaban familiares de Marta Sahagún.
Además de su negro expediente archivado en la SFP, el Grupo Zeta acumula otro en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, donde también gozaron de la protección del procurador Carlos Arce.
Las denuncias y quejas de los consumidores hablan de la venta “ordeñada” del gas. Las denuncias se dispararon a finales de 2005 con el huracán Stan, cuando en las zonas de desastre –Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz–, Grupo Zeta vendía a los damnificados el combustible “ordeñado” a precios por encima de los autorizados.
Acusaciones de monopolio
La mala fama de los gaseros mexicanos tiene ya su historia propia en los países de Centro y Sudamérica donde operan actualmente, acusados de monopolio, sobornos a funcionarios locales y robo a los consumidores.
Recientemente la Asociación de Empresas de Gas de Perú presentó una denuncia contra Zeta Gas Andino (filial de grupo Zeta) por prácticas monopólicas y sobornos a funcionarios peruanos, “como estrategia para quebrar a empresas locales”, cita la querella presentada por la Asociación que encabeza Carlos Jara, en la que se involucra al titular de Energía y Economía del país sudamericano, Jaime Quijandría, de complicidad y corrupción con los gaseros.
En julio pasado el Programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú, lanzó una “alerta nacional” para fichar a Zeta Gas Andino S.A. como una “transnacional fraudulenta”. La alerta se deriva de una denuncia hecha por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que acusa a la gasera de la aplicación sistemática de políticas antisindicales, específicamente contra los afiliados al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas del Perú (Suntegasp).
El Suntegasp acusa a la empresa de Miguel Zaragoza y Jesús Zaragoza López de explotación de los trabajadores peruanos para “elevar su bonanza económica”.
Zeta Gas Andino inició operaciones en Perú apenas en enero de 2006, cuando el entonces presidente de ese país, Alejandro Toledo, abrió a la IP el sector energético.
En Guatemala, la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares ha presentado denuncias contra la gasera mexicana por prácticas monopólicas y el robo a consumidores al “ordeñar” los cilindros de gas.
En el país Centroamericano la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para que se investigue los supuestos actos de corrupción entre el titular de la Dirección General de Hidrocarburos, Richard Smith, para proteger a las empresas de la familia Zaragoza.
Ana Lilia Pérez
En un abrupto golpe a la economía de los mexicanos, hace unas semanas la Secretaría de Economía del recién estrenado gobierno aprobó un incremento de tres centavos por kilo al precio del gas licuado de petróleo (LP), argumentando incrementos en el costo del energético. Sin embargo, según los analistas, lo que hace que el gas LP sea tan caro es el monopolio que en México mantiene un reducido grupo de distribuidores, bajo el amparo de la Secretaría de Energía (Sener).
El director de Estudios Económicos de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, Francisco Calderón Quintero, define el negocio del gas licuado de petróleo en México como “un cártel del gas”, cuya existencia –solapada por la Secretaría de Energía– genera millonarias ganancias a los distribuidores, a costa del gasto de la población que consume el energético.
El titular del área de investigaciones económicas de la Fundación explica: “un cártel es un acuerdo entre un pequeño grupo de productores que dominan el mercado, ya sea por cuota, ya sea por regiones”.
El economista condena la existencia del monopolio en la distribución de gas LP en México, pues estima que el consumidor paga los altos costos por el hecho de que –con el aval de la Comisión Reguladora de Energía– sólo cinco grupos empresariales distribuyen el energético. Aun con el subsidio de Pemex al gas LP, dice, “el consumidor es quien absorbe los altos costos”.
El Grupo Zeta, el Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, durante décadas, han controlado el mercado de gas de consumo casero en todo el país, y ahora incluso en Centro y Sudamérica.
Se trata de un cártel que por cada litro de venta al consumidor gana el doble del precio al que lo compra a Pemex y que, al estilo de las mafias, entre algunas de sus prácticas ilícitas “ordeña” por lo menos un 10 por ciento de cada cilindro, delito que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, genera ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.
Irónicamente, a la cabeza del “cártel del gas” –al que hace referencia el jefe de investigaciones de la Fundación, creada entre otros por Felipe Calderón Hinojosa– se ubica el Grupo Zeta, al que el nuevo presidente promete abrigo e infinitas prebendas, como las que le diera su antecesor, Vicente Fox.
Las negociaciones en Pemex por parte del consorcio, propiedad de la familia Zaragoza, es un ejemplo de la forma cómo los funcionarios, al mando de Felipe Calderón, conducirán a la paraestatal.
Desde hace unos meses el encargado de diseñar la política petrolera 2006–2015, Marcos Ramírez Silva, operó en la paraestatal para entregar a la familia Zaragoza –que actualmente tiene el monopolio del 72 por ciento de la distribución de Gas Licuado de Petróleo– el negocio de la construcción, mantenimiento y administración de los gasoductos de la paraestatal.
En septiembre pasado, el entonces titular de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) de Pemex, Ramírez Silva, fue designado por Felipe Calderón como su enlace en Pemex y encargado de diseñar la estrategia que se instrumentará en Pemex en los siguientes 10 años.
El modelo realizado por Ramírez Silva, que se hará público en los primeros meses de este 2007, es el SUMA (Fortuna 42), el cual de forma extraoficial y sin tener atribuciones para ello, se aplica en Pemex desde noviembre de 2005, y que consiste en el esquema mediante el cual serán concesionadas las áreas operativas de la paraestatal.
Con el aval de Calderón, antes de su salida oficial de Pemex (en diciembre pasado), con miras a colocarse como asesor en la propia Presidencia de la República, Ramírez Silva hizo las primeras negociaciones para beneficiar a los empresarios por él protegidos en sus años como titular de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).
El consorcio gasero mexicano Grupo Zeta, fundado por Miguel Zaragoza Fuentes, y dirigido actualmente por su hijo, Miguel Zaragoza, y su nieto, Jesús Zaragoza López, controla el 72 por ciento de almacenamiento y distribución de gas LP en México, y posee plantas en países de Centro y Sudamérica como Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España.
El portafolios de negocios de Ramírez Silva proyectó para otorgar a Grupo Zeta (a través de sus filiales, Compañía de Gas de Tijuana, Baja Gas, Combustibles, Distribuidora Mexicana de Gas L.P., Gas Butano Propano de California, Gas Comercial e Industrial, Gas Guadalajara, Gas Licuado, Thermogas, Multigas, Super Gas y Zeta Gas del Caribe) las licencias para la construcción, mantenimiento, administración y operación de ductos de Pemex, facultades constitucionales de la partaestatal, mediante modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex.
Al dar a conocer el diagnóstico general de cómo la administración de Vicente Fox dejaba la paraestatal, el pasado 30 de octubre Ramírez Silva adelantó lo “costoso” que resulta para Pemex el mantenimiento de ductos y la posibilidad de eximir a la paraestatal de esta obligación.
Sin embargo, omitió mencionar las concesiones que operó a favor de empresas privadas, y que bajo este nuevo esquema será Pemex quien deberá pagar por el uso de los ductos; al Grupo Zaragoza, vinculado a oscuros beneficios del gobierno de Vicente Fox, y ahora de Felipe Calderón.
Los beneficios azules
Prácticas ilegales de monopolio en México y el extranjero; acciones antisindicales y violadoras a las normas internacionales del trabajo y de los derechos laborales de sus empleados; la sospechosa concesión para operar una terminal marítima de gas, única en su tipo en instalaciones de la SCT en el Puerto de Manzanillo; fraude a los consumidores; y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por de tráfico de influencias y sobornos a funcionarios de Pemex, constituyen el historial que acumuló, en los últimos seis años, el consorcio gasero de los Zaragoza.
Además hay indagatorias por narcotráfico, que en el sexenio de Ernesto Zedillo abrió la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra Miguel y Jesús Zaragoza, por traficar cocaína en sus pipas de gas. Y una denuncia que posteriormente se abrió por el presunto lavado de dinero de la familia en la asociación “Amigos de Fox”.
El dinero que Miguel Zaragoza y su hijo Jesús Zaragoza López dieron al guanajuatense para su campaña fue bien retribuido. La instalación de plantas de gas de Grupo Zeta en Centroamérica fue promovida desde la misma cancillería mexicana, con Jorge Castañeda, como una de las prioridades del gobierno mexicano dentro de su “impulso” al Plan Puebla Panamá. La promoción, apoyos de inversión y facilidades legales, para que Zeta expandiera sus negocios en la región, se hicieron por medio del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
El último regalo de Fox a los Zaragoza fue la autorización para construir y operar la terminal marítima para el almacenamiento y distribución de gas en instalaciones de la SCT, en Manzanillo, Colima. Aún cuando este tipo de funciones son exclusivas de Pemex, Fox dio a los Zaragoza el permiso para tener su terminal privada para la recepción, almacenamiento y distribución de gas LP. La concesión se tramitó en sólo seis días, a nombre de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., e incluyó un jugoso contrato por 300 millones de dólares al año para la importación de Gas LP.
En mayo pasado, la terminal de Zeta fue inaugurada por el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y por el delegado de la SCT en la entidad, Guillermo Frank Escobar. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó los permisos aun cuando la gasera tiene cuantiosas y documentadas denuncias de irregularidades en sus plantas, así como robo a consumidores.
Uno de los casos más escandalosos, por ejemplo, fue cuando sobre Zeta Gas del Caribe –que tiene el monopolio de gas LP en Cancún– llovieron demandas de damnificados por el huracán Stan a los que Zeta surtía de cilindros “ordeñados”, aprovechando el río revuelto del desastre.
Ni Dionisio Pérez-Jácome Friscione, ni Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, titulares de la CRE en el sexenio foxista, suspendieron una sola autorización a Zeta.
Es más, Pérez-Jácome Friscione, hoy flamante coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, hizo caso omiso a los reclamos de monopolio contra el Grupo Zeta solapando todos los abusos de la familia Zaragoza.
Los negocios oscuros en Pemex
Protegido de Adrián Lajous como titular de Pemex, Ramírez Silva ingresó a Pemex en 1971, y en 1996 fue nombrado titular de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Durante 10 años de su estancia en PGPB, Ramírez solapó licitaciones amañadas, concursos simulados y concesiones operadas por él para favorecer al consorcio de los Zaragoza.
En el contexto de esta red de negocios privados, a mediados del régimen foxista, la abrupta salida de Raúl Muñoz Leos de la dirección general de Pemex benefició a Ramírez Silva y a las empresas protegidas por él y por el propio Luis Ramírez Corzo, quien convirtió a Ramírez Silva en su principal asesor y titular de la DCO.
A inicios del sexenio de Vicente Fox, Ramírez Silva otorgó a Ramírez Corzo, en ese entonces representante de Turbinas Solar, adjudicaciones directas de contratos por 48 millones de dólares, los cuales fueron investigados por contralores internos asignados a PGPB, por la supuesta inexistencia del material que Pemex pagó a Ramírez Corzo. Cuando Ramírez Corzo fue nombrado titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), la SFP determinó que no existía daño patrimonial, y como medida interna despidió a algunos de los contralores que denunciaron y documentaron las irregularidades.
En diciembre de 2005, Ramírez Corzo designó a Ramírez Silva como director corporativo de Operaciones. El funcionario generó las prebendas para Grupo Zeta, a niveles de ordenar auditorías ambientales para cancelar la operación de ductos a los competidores del consorcio en la zona metropolitana, como Gas Metropolitano, de Eduardo Ramírez; Bello Gas y Vela Gas, propiedad ambas de Lázaro Bello; Unigas; y Gasomático y Gas y Servicio, del grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza.
Así, la pugna por el energético y las concesiones que otorgan Pemex y la CRE, para su distribución, se han convertido también en un pleito casado entre los hermanos Zaragoza. En la disputa por el negocio, Miguel Zaragoza, ha utilizado sus influencias en Pemex para influir en el cierre de gasoductos que maneja Tomás Zaragoza, como el de Carpio-San Juan Ixhuatepec.
La forma como Miguel Zaragoza y su hijo Jesús operaron el cierre del ducto para sacar a Tomza de la distribución de gas en la zona metropolitana es la siguiente:
Como titular de la Dirección Corporativa de Operaciones, teniendo a su cargo el programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) de la paraestatal, Marcos Ramírez recibió de Ramírez Corzo la orden de hacer un diagnóstico de la accidentalidad en Pemex, y diseñar las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo de un plan de emergencia para evitar accidentes y establecer las acciones relacionadas con el mantenimiento y operación de ductos.
El diagnóstico, en poder de este medio, reveló que en México hay 12 mil 592 kilómetros de gasoductos considerados con niveles de alta peligrosidad, ubicados en las ciudades de Monterrey, Chihuahua, Veracruz, Minatitlán, Reynosa, Toluca, Guadalajara, Poza Rica, Tlaxcala.
Dentro del diagnóstico se ubica el ducto de San Juanico por debajo de éstos, pero funcionarios de Pemex, encabezados por Ramírez Silva, ocultaron la información para ventilar únicamente la “peligrosidad” de San Juanico.
El tramo Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec se ubica en el lugar número 17 en la clasificación de riesgo preventivo, es decir, que “requiere de acciones inmediatas a corto y mediano plazos para eliminar el riesgo”.
Aunque el diagnóstico que realizó personal del SSPA urge a Pemex Gas y Petroquímica Básica a cerrar los gasoductos considerados de alta peligrosidad, sólo se procedió sobre San Juanico, por el afán de Miguel Zaragoza de sacar del mercado a los distribuidores de la zona metropolitana del país, incluido su hermano Tomás.
Para garantizar el cierre del ducto, el gerente de Operaciones de Gas en PGPB, Alberto Cervantes, gestionó ante la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación la orden, avalada legalmente por Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal.
Contralores internos de Pemex señalan que la “necesidad” del cierre del gasoducto de San Juanico se operó en las oficinas corporativas de la paraestatal, entre funcionarios de Pemex, Gobernación, Energía y Miguel y Jesús Zaragoza López, desde inicios de 2006, para que sin sus competidores, en los primeros meses de 2007 se autorice a Zeta Gas del Pacífico dotar a las zonas Centro y Occidente del país del suministro de gas LP, mismo que será trasladado desde su terminal marítima en Manzanillo.
Según Víctor Moya, general de Grupo Zeta Gas del Pacífico, la terminal de Manzanillo operará al ciento por ciento de su capacidad en 2007, que coincide con las nuevas autorizaciones que le otorgarán Pemex y la CRE a Miguel Zaragoza, para que incremente su participación en el mercado de gas para consumo doméstico.
Funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica señalan que la operación de los beneficios que los operadores de Felipe Calderón darán a Grupo Zeta –durante el sexenio– incluye también la supuesta rehabilitación de los ductos de la zona de San Juanico, para que luego estos mismos sean entregados a alguna de las empresas del Grupo Zeta.
Las complicidades de la SFP
La red de corrupción que tendió la familia Zaragoza, dentro de la paraestatal mexicana, fue denunciada en Pemex desde hace poco más de cuatro años a la entonces Secodam, cuando el ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, estaba al frente y luego durante la gestión de su sucesor, Eduardo Romero Ramos, oriundo de Chihuahua. Ambos funcionarios mantuvieron archivadas las denuncias, la razón: los apoyos que el consorcio gasero dio al propio Barrio durante su administración en Chihuahua, en el que Romero Ramos se desempeñó como su secretario de Gobierno.
De hecho la mayoría de los contralores insertados en Pemex, que recibieron las denuncias sobre el grupo gasero, en su mayoría ex funcionarios de Barrio en Chihuahua, tenían la consigna de proteger a los gaseros.
Desde sus tiempos de gobernador, Barrio Terrazas protegió abiertamente a otro de los integrantes de la familia: Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, investigado durante el gobierno de Carlos Salinas por la PGR, por sus vínculos con el narcotraficante y fundador del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, concuño de Pedro Zaragoza. La indagatoria se archivó cuando el entonces gobernador de Chihuahua intercedió por el empresario.
Las denuncias enviadas a la SFP señalan irregularidades en concesiones, tráfico de influencias y millonarios sobornos a funcionarios de alto nivel de Pemex, entre ellos Marcos Ramírez Silva, Roberto Ramírez Soberón (a quien Ramírez Corzo colocara como director de Pemex Gas cuando ascendió a Ramírez Silva a la Dirección Corporativa de Operaciones) ratificado en Pemex Gas por Felipe Calderón. Las denuncias incluyen también a Alberto Cervantes, gerente de operaciones de Pemex Gas y a Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal. Este último, quien fungía como gerente jurídico de Ramírez Corzo en Pemex Exploración y Producción, fue designado como abogado general para encargarse del blindaje jurídico para la red de corrupción que se estaba consolidando, y los contratos otorgados a empresas que gestionaban familiares de Marta Sahagún.
Además de su negro expediente archivado en la SFP, el Grupo Zeta acumula otro en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, donde también gozaron de la protección del procurador Carlos Arce.
Las denuncias y quejas de los consumidores hablan de la venta “ordeñada” del gas. Las denuncias se dispararon a finales de 2005 con el huracán Stan, cuando en las zonas de desastre –Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz–, Grupo Zeta vendía a los damnificados el combustible “ordeñado” a precios por encima de los autorizados.
Acusaciones de monopolio
La mala fama de los gaseros mexicanos tiene ya su historia propia en los países de Centro y Sudamérica donde operan actualmente, acusados de monopolio, sobornos a funcionarios locales y robo a los consumidores.
Recientemente la Asociación de Empresas de Gas de Perú presentó una denuncia contra Zeta Gas Andino (filial de grupo Zeta) por prácticas monopólicas y sobornos a funcionarios peruanos, “como estrategia para quebrar a empresas locales”, cita la querella presentada por la Asociación que encabeza Carlos Jara, en la que se involucra al titular de Energía y Economía del país sudamericano, Jaime Quijandría, de complicidad y corrupción con los gaseros.
En julio pasado el Programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú, lanzó una “alerta nacional” para fichar a Zeta Gas Andino S.A. como una “transnacional fraudulenta”. La alerta se deriva de una denuncia hecha por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que acusa a la gasera de la aplicación sistemática de políticas antisindicales, específicamente contra los afiliados al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas del Perú (Suntegasp).
El Suntegasp acusa a la empresa de Miguel Zaragoza y Jesús Zaragoza López de explotación de los trabajadores peruanos para “elevar su bonanza económica”.
Zeta Gas Andino inició operaciones en Perú apenas en enero de 2006, cuando el entonces presidente de ese país, Alejandro Toledo, abrió a la IP el sector energético.
En Guatemala, la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares ha presentado denuncias contra la gasera mexicana por prácticas monopólicas y el robo a consumidores al “ordeñar” los cilindros de gas.
En el país Centroamericano la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para que se investigue los supuestos actos de corrupción entre el titular de la Dirección General de Hidrocarburos, Richard Smith, para proteger a las empresas de la familia Zaragoza.
OAXACA RESISTE !!!
Nos llega otro testimonio:
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Hola…, al parecer en este espacio "ciberalamesmx" nuestros comunicados no hacen eco sobre los hechos ocurridos en Oaxaca...va pues te informo lo siguiente:
El DIA sábado realizamos una marcha-mitin del centro de Miahuatlán al Cereso de este mismo lugar, durante el mitin nos percatamos de que un individuo de complexión corpulenta con corte de cabello al estilo policía o militar nos filmaba cerca de lugar, aprox. 10 metros. Inmediatamente gire mi cámara de video hacia él para filmarlo, enseguida se alejo del lugar hablando a través de un celular, por un momento pensé que era personal del penal, pero no se introdujo a el sino que se retiro hacia las calles aledañas frente al penal. Corrí con todo y cámara al igual que otros compañeros para detenerlo, al gritarle que se detuviera, el individuo corrió y se interno al interior de un grupo de casas.
Finalmente lo acorralamos cuando se introdujo a una de las casas y los dueños lo entregaron a nosotros, al intentar detenerlo entre sus ropas sacó un cuchillo y ataco a los compas que estaban tratando de sujetarlo, le quitaron el cuchillo, el resto de los compas se acercaron, hubo gran cantidad de gritos, insultos, se le preguntó quien lo enviaba, a que corporación policíaca pertenecía.
Lo llevamos hacia el lugar donde se realizaba el mitin y lo denunciamos públicamente, se mostró el arma blanca con el que atacó a algunos compas y se entregó a un oficial del penal, el lo llevó a la entrada, el sujeto detenido se dejo caer delicadamente hacia el piso a manera de desmayarse, y minutos después "sutilmente" lo subieron a una camioneta de policía, la gente gritaba: ¡asesino! ¡¡trátenlo como a nuestros presos, aviéntenlo como costal así como aventaron a nuestros presos!!
Todo esto que te estoy narrando lo grabe en una cámara de video. Una hora después de terminar el mitin algunos compañeros que habían venido de Oaxaca se fueron a bordo de una camioneta de una de una compañera, asimismo viajaban mujeres con sus pequeños hijos, como a dos kilómetros del plantón le cerró el paso tres camionetas policíacas con cerca de 20 policías armados y bajaron de manera violenta a todos los compas del vehiculo y se llevaron solo a los cinco hombres que viajaban en dicho vehiculo.
Mi hermana y yo ya nos habíamos ido al centro de Miahuatlán a un internet para enviar un boletín de prensa urgente a los medios de comunicación sobre lo sucedido de la provocación del individuo que nos filmaba, recibimos una llamada indicándonos de la detención violenta de esos cinco compas. De nuevo enviamos a la prensa un segundo comunicado. Llegamos al plantón para discutir que acciones tomar, cuando llegaron otras camionetas repletas de policías para reprimirnos, se llevaron a casi todos los hombres, a las mujeres las jalonearon, las golpearon pero no se las llevaron.
Mi hermano y yo nos habíamos retirado de plantón tres minutos antes de este hecho porque fuimos al baño de una casa que nos prestaban como a dos calles del plantón, estábamos por salir de la casa y regresar al plantón, cuando recibimos una llamada de mi hermana Yola diciéndonos que no nos acercáramos al lugar que la policía se estaba llevando a los hombres, cerramos la casa nos fuimos hacia el patio de atrás y de nuevo una llamada pero de mi hija Brenda, gritando: ¡van para allá corran, escóndanse, corre, por favor papá corre, van tras de ustedes!, mientras corríamos le pregunté ¿ustedes donde están? respondió que corrieron y se estaban refugiándose en una casa al igual que con otras mujeres.
Corrimos hacia atrás de la casa, saltamos como pudimos una malla de alambre de púas y una señora nos encontró en el camino y nos señalo un lugar en su casa, finalmente nos metimos en medio de dos casitas hechas de madera y "pecho tierra" permanecimos cerca de hora y media, al obscurecer salimos temerosamente hacia el centro de Miahuatlán, llegamos a la carretera tomamos transporte y nos refugiamos en una casa de una compa. Al llegar al centro nos enteramos por medio de la APPO que acababan de poner retenes policíacos.
Mi hermana se comunico con la liga de derechos humanos y esta con la comisión de derechos humanos para que fueran a rescatar al grupo de mujeres refugiadas en una casa El padre Ubi llamó a gobernación para solicitar no detener a las mujeres del plantón, cerca de las once de la noche llegaron vehículos de la comisión de derechos para llevarlos a Oaxaca y refugiarlos en el iglesia de los pobres.
Ahora mi hermano y yo estamos refugiados en una casa de seguridad en algún lugar de Oaxaca, se rumora que nos andan buscando al parecer por la filmación de todo este suceso, casi inmediatamente de la represión hubo retenes en la carretera de Miahuatlán, mi hermana dijo que en el reten detuvieron la camioneta, donde ella iba viajaban dos hombres que lograron huir y refugiarse en la misma casa donde se refugiaron las mujeres, revisaron a estos dos compas y dijeron "este no es, es otro".
Los compas detenidos están acusados de "linchamiento" de portación de armas, y golpear con cachas al policía que nos filmó, los periódicos de acá dicen lo mismo que detuvimos al sujeto con armas de fuego y golpearlo con las cachas, lo cual es falso, puesto que lo que yo grabe demuestra que no es así sino al contrario el policía atacó con un cuchillo a los compas.
Pienso que por ello quieren detenerme para no mostrar el video y acabar con los argumentos falsos del policía.
Al plantón nadie ha regresado, al parecer los policías catearon y se robaron los víveres, cámaras de video, fotográficas, mochilas, teléfonos celulares, dinero que habíamos recabado para mantener el plantón cerca de siete mil pesos, en fin nos robaron, todo. Ahora nos dieron ropa para cambiarnos y además cambiar nuestro aspecto, me tuve que quitar la barba, en fin aparentar otra persona. Aun estamos refugiados, por temor a ser detenidos y desaparecidos, las cosas están peor de lo que pueden decir los periódicos.
No tenemos miedo, tenemos coraje y nos sentimos más fuertes que nunca, por supuesto no podré estar allá con ustedes en la marcha pero espero que mi hermana y mi hija que ya lograron llegar a la ciudad de México sean oradoras en el mitin y denuncien lo sucedido.
Saludos
Necesitamos Todos el apoyo de Todos
Desde algún lugar de la heroica y combativa Oaxaca
Javier Gutiérrez Ortiz
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