Lydia Cacho*
El 31 de enero, Guillermo Patiño descansaba en casa de su hermano, su padre dormía a un lado. La Policía Federal Preventiva recibió una llamada sobre un supuesto secuestro en una casa en el centro de Cancún. Veinte agentes federales allanaron el hogar, sin orden judicial, y el agente de las fuerzas especiales Israel Jiménez Briones disparó su arma a mansalva contra Guillermo Patiño. No encontraron ni secuestrados, ni armas, ni drogas, simplemente a tres ciudadanos durmiendo en su hogar. Mas tarde se supo que la llamada a PFP era falsa. Lo que es real es el asesinato del ciudadano. Gracias a que la familia pudo contratar una buena penalista, el agente asesino fue detenido. Durante este sexenio militares y policías asignados a la "guerra contra el narco" han cometido incontables actos similares de abuso y violencia. Pero ahora podrán hacerlo avalados por la nueva reforma judicial.
Al margen de las consideraciones ciudadanas la clase política ya decidió por nosotros. De la mano de Emilio Gamboa y Héctor Larios, las y los legisladores panistas y priístas están a punto de convertirla en ley. En diciembre las y los diputadores del PRD la aprobaron, pero ahora la cuestionan argumentando que hubo cambios en la minuta del Senado.
¿Qué propone la reforma constitucional en materia de justicia que será aprobada esta semana? Lo bueno es que contempla los llamados juicios orales que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos. Además, prevé un apartado de "derechos de las víctimas" donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección. (Aunque esas garantías ya estaban supuestamente protegidas por la Constitución y por los Tratados Internacionales) .
Lo peligroso es que establece cambios constitucionales al Artículo 16, en lo referente a cateos y allanamientos. Esto significa que cuando la reforma judicial sea adoptada por la mayoría de los estados, permitiría cateos y allanamientos sin orden judicial, "cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad de alguna persona". La reforma incluye el nombramiento de "jueces de control" encargados de la resolución rápida de solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y de realizar las audiencias preliminares en el juicio. Esto lo podrán hacer por escrito, o si hay prisa, de "manera oral". Más peligroso es que para emitir órdenes de aprehensión se reducen los requisitos para el juez, quien ya no requerirá "la acreditación del cuerpo del delito", ni la probable responsabilidad del inculpado. Aunque el arraigo es "exclusivamente para casos de delincuencia organizada" en México se sigue aplicando el "primero arresta y después averigua".
También el Estado podrá quedarse con los bienes a las organizaciones y grupos de delincuentes aún cuando no se haya dictado sentencia, si se determina responsabilidad penal; esto incluye los delitos de lavado de dinero.
Efectivamente esta reforma tiene un lado positivo, pero como no va acompañada de un cambio estructural, lo más probable es que se convierta en un aval para la ya evidente y grave violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos. Porque quien opera estas leyes es el sistema mismo que las corrompe y las utiliza a su antojo. El problema central con esta reforma es que quienes la enarbolan son los mismos que han protegido el enriquecimiento ilícito de gobernadores y familiares de presidentes. Los que avalan la colusión de servidores públicos para defensa de delincuentes. El problema central de esta reforma constitucional es que otorga un margen de discrecionalidad mayor al eslabón que siempre falla: los estratos corruptos del aparato de justicia. En pocas palabras dejará en mayor indefensión jurídica a la sociedad y protegerá a los policías que primero torturan o matan, y después averiguan, y a los Ministerios Públicos y Jueces que por corrupción o ineptitud se hacen cómplices del crimen organizado.
