Justicia para unas nalgas. Y para los niños de la ABC ¿el olvido?
Martín Vélez.*
Recientemente a una roquera famosa (¡eeey, güeeeera!) la perjudicaron en codiciada parte de su anatomía. En México, solo tres leyes se cumplen cabalmente: la Ley de Herodes, la Ley del Embudo y la Ley de Gravedad. Pues bien, esta tercera ley había cumplido sus efectos, y el prominente trasero de la cantante mencionada empezaba a mirar al suelo (¡Hacer el amor, con oootro, no, no, noooo!).
Entonces la roquera acudió a una clínica en la que le inyectaron una substancia extraña, con la promesa de que aquella parte luciría “¡eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana!”. El resto de la historia es bastante conocido: en lugar de erguirse orgulloso, aquello tomó la forma de un paisaje lunar. Ya no solo el trasero, la vida misma de la cantante estuvo en serio peligro.
Entró en acción la justicia. Inmediatamente fue detenida la dueña de la clínica. Después de una intensa búsqueda, el doctor que practicó las inyecciones fue apresado. Luego fueron detenidos ocho empleados de la empresa productora de la substancia inyectada. El resultado del fallido levantamiento de nalgas: diez personas detenidas.
Puede hacerse ahora una amarga comparación: mientras las instituciones actúan para ofrecer justicia a dos nalgas heridas, los niños fallecidos y heridos por el incendio en la bodega ABC, sus abatidos padres, sus familias, todo Sonora entristecido, todo México consternado esperan justicia. Vale comparar los balances: por una parte dos nalgas heridas, diez reos; por la otra cuarenta y nueve niños fallecidos, una detenida (la infortunada empleada del IMSS cuya labor era revisar los menús).
Este balance pone al descubierto una característica de las instituciones mexicanas: están diseñadas para cuidar a la gente VIP (very important person). A los ojos de los gobernantes (Calderón, Bours, Padrés, Gándara) los niños fallecidos o heridos y sus familiares fueron y son mexicanos de segunda. Por ello el juez federal que atiende el caso fijó, para los dueños de la bodega-guardería, una fianza de dos mil pesos. $ 40.82 por niño. Cuarenta pesos por cada vida perdida.
Por eso Padrés se dio el lujo de ratificar a Abel Murrieta, el procurador de Bours. Por eso Calderón, en su reciente visita, ignoró a los padres de los niños fallecidos. Es que no se apellidan Gómez del Campo... ni siquiera Guzmán.
