Pedro Echeverría V.
1. “Nosotros respetamos al Ejército Mexicano y a la Armada de México… nuestro pleito única y exclusivamente es con la Policía Federal Preventiva y con la SIEDO”, aseveró quien se identificó como Servando Gómez Martínez, La Tuta, señalado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como coordinador operativo de la organización delictiva La Familia. Convocó La Tuta al presidente Felipe Calderón a concretar un pacto nacional y un consenso, a fin de terminar con los ataques contra integrantes de la Policía Federal (PF) Dado que “tenemos códigos de respeto a nuestras familias”, demandó a la PF respetar a sus familias. Las autoridades andan tras nosotros porque es su trabajo, pero que no molesten a nuestras familias; que me agarren a mí, a mis muchachos, a los que están dentro, a los que sí reciben paga y que todo mundo sabe quiénes somos.
2. Este pésimo gobierno burgués de Felipe Calderón, para tapar los funestos resultados de su gestión, ha llevado a la muerte a casi 12 mil ciudadanos; unos que por falta de empleo se metieron al narcotráfico; otros inocentes –muertos por estar cercanos a los intercambios de balas- y otros que por falta de trabajo ingresaron al ejército y la policía. Todos mexicanos de origen humilde que deberían estar produciendo en una economía para beneficio de la población. Pero dado que este régimen, con el importante apoyo de los medios de información, escogió esta política de poner al ejército en las calles para “acabar” con la delincuencia organizada, argumento muy socorrido usado como cortina de humo de los ricos para seguir sometiendo a la población. ¿Qué porcentaje de la población prefiere el “combate contra el narco” al combate al desempleo y la miseria?
3. El llamado Partido Delincuencia Organizada (PDO) ha invitado al gobierno panista y a la fuerza priísta a firmar un pacto respetuoso de las familias en esta guerra en la que grupos de narcotraficantes: en el gobierno, en las calles y en los campos productivos, están confrontados. Si Calderón no ordena respetar a las familias de los partidarios de La Tuta imagínense cuantas familias de altos funcionarios del gobierno de Calderón y de los del PRI, que pertenecen al PDO 1 y al PDO 2, podrían ser también sacrificados. La realidad es que hay más de 50 grupos de narcotraficantes compitiendo por exportar mayores cantidades de droga a los EEUU, pero los líderes poderosos, los que controlan en todo el país, en el gobierno y en el ejército, quizá no sean más de seis. Son tan famosos éstos que también podrían ser precandidatos.
4. Con estos de miles de millones de pesos que dilapidan gobierno y partidos en campañas políticas, viajes y compensaciones, se ha comenzado a reconocer en México que del presupuesto público sale una enorme cantidad de dinero, pero que lo que gastan los candidatos es 10 veces superior y que el origen de ese dinero es el narcotráfico. ¿Quiere decir esto que PDO es el partido más poderoso del país? ¿Que si por ahora no pueden lanzar un candidato propio –como el famoso Joaquín Guzmán Loera, el Chapo- continuarían en esta ya larga transición que se inició con Carlos Salinas? La realidad es que lo que se despilfarra en las campañas políticas no tiene comparación en el mundo. Se reparten en las poblaciones tráileres llenos de mercancías, de cemento, láminas y motores de agua en el campo y muchas cosas más en las ciudades para comprar votos.
5. Pregunto: ¿La lucha contra el narcotráfico en México es por el mal que le hacen a los niños mexicanos en las escuelas o en los barrios, o por la introducción de droga a los EEUU? ¿Qué relación existe entre el desempleo y los salarios de hambre que sufre el 50 por ciento de la población y los productores de droga y la distribución al menudeo? ¿Qué cantidad de estupefacientes se dedica al menudeo en México y cuál es la cantidad que se introduce a los EEUU? ¿Estamos cuidando a los mexicanos o las fronteras de los yanquis? ¿Vale la pena que hayan muerto casi 12 mil mexicanos jóvenes –la mayoría inocentes- en enfrentamientos violentos cuando esta guerra no tiene salida? ¿Por qué Calderón –como jefe del ejército- y sus funcionarios patriotas no van a la cabeza para demostrar su valentía? Espero datos duros, ciertos, que demuestren lo que pregunto.
6. La realidad es que parte de la población, justamente, tiene una enorme desconfianza en esta política semifascista de Calderón. Durante casi tres años se ha entretenido al pueblo hablando de narcotráfico y de secuestros en todos los medios de información cuando el problema de México es de desempleo, de miseria, de desplome productivo y de carencia de inversiones en servicios sociales. Los únicos que gritan fuerte, a los cuatro vientos, que el problema del país es de inseguridad son los grandes ricos aterrorizados y los medios de información a su servicio. No encuentran el clima de paz que necesitan para gastar, o guardar sus riquezas, a pesar de que viajan de manera permanente por el extranjero. Al otro 80 por ciento de la población del país le importa un bledo la “inseguridad”: ellos quieren empleo, salario justo y servicios sociales.
7. Si Calderón y el PRI –con quien cogobierna- no retiran al ejército de las calles, pueblos y ciudades, seguirán muriendo otros tantos miles de inocentes sin que la llamada “delincuencia Organizada” se acabe. Hay varios millones de jóvenes y adultos desesperados por un ingreso familiar; otros millones de estudiantes rechazados que no encuentran empleo y con perspectivas cerradas; ¿no es acaso una enorme base para que el narcotráfico y la llamada delincuencia escoja a sus cuadros? Pero también existe entre la clase empresarial y política de todos los partidos, así como en los medios de información una espesa red delincuencial que se mueve con gran habilidad en diferentes esferas: a la luz del día se mueve con gran elegancia en los pasillos de la política y por la noche, en la oscuridad, se reúne con los jefes de la delincuencia de cuello blanco.
pedroe@cablered.net.mx
Contralorías ciudadanas
Francisco Velasco Zapata
En el capítulo cuarto bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México -vigente- se determina como deben actuar legalmente los denominados "Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia". Se trata, sin duda, de letra muerta de esta ley porque la mayoría de los ayuntamientos hasta hoy se niegan en la práctica a promover la constitución de comités ciudadanos de control y vigilancia cuya función sustantiva es ser responsables de supervisar la obra pública estatal y municipal. A los ayuntamientos les disgusta que haya injerencia ciudadana en el manejo de los recursos públicos a su cargo. El asunto es de la mayor importancia porque hay municipios en el Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyolt y Toluca entre otros, que manejan casi tres mil millones de pesos anuales de presupuesto público que a nuestro parecer debería estar estrictamente sujeto a la total transparencia y rendición de cuentas.
El espíritu del capítulo cuarto bis de la Ley Orgánica citada consiste en que los ciudadanos del estado realicen labores de control y vigilancia sobre la operación de recursos públicos en la construcción de obra y sin que ganen recursos, con lo cual, probablemente, lo que se buscaba era que fueran ciudadanos incorruptibles, a toda prueba de tentaciones. La mencionada ley considera que los cargos ciudadanos deben ser honoríficos, por lo tanto honestos, decentes, nobles. En la misma ley se afirma que no pueden ser integrantes de estas actividades las personas que sean dirigentes de organizaciones políticas o servidores públicos.
El artículo 113 C de la ley invocada determina que para "cada obra estatal o municipal se constituirá un comité ciudadano de control y vigilancia" y que en aquellos casos en que las características técnicas o las dimensiones de la obra lo ameriten se pueden integrar más de uno. La pregunta que no surge de inmediato es ¿Usted, amable lector, conoce algún comité "ciudadano" de control y vigilancia de las obras estatales o municipales? ¿Habrá los comités respectivos en las obras más relevantes de los municipios o a los ayuntamientos les habrá perecido innecesario? ¿Creerán que son insignificantes las funciones de estos ciudadanos en la toma de decisiones? ¿Creerán que la participación ciudadana es sólo para los procesos electorales?
En este sentido vale la pena recordar que el artículo 113-d de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México determina que los comités ciudadanos de control y vigilancia tienen la facultad, entre otras, de "vigilar que la obra pública se realice de acuerdo al expediente técnico y dentro de la normatividad correspondiente; participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra; hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados; verificar la calidad con que se realiza la obra pública; hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que observe durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión; integrar archivos con la documentación que se derive de la supervisión de las obras; intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones; y promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales. Además, los comités de control y vigilancia pueden y deben apoyarse en las contralorías municipal, estatal y coadyuvar con el órgano de control interno municipal en el desempeño de diversas funciones que la ley les otorga se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 112 de esta ley. En Parlamento Ciudadano creemos que la capacidad de acción ciudadana no debe restringirse sólo a la denominada "obra pública" sino a todo aquello que involucre de manera sustancial la aplicación del presupuesto de gasto público del gobierno. Consideramos que el gobierno debe ser responsable en el manejo de los recursos públicos y, por lo tanto, debe ser transparente en el manejo de los mismos; Debe rendir cuentas a la ciudadanía mediante el uso de diversos medios de comunicación social para que de manera sencilla y objetiva informe de los gastos que realizan y sobre todo para ir quitando, desapareciendo, todos aquellos -gastos suntuarios, lujosos, aparatosos, ostentosos- y que por su naturaleza son ofensivos para la ciudadanía. Todos sabemos cuales son.
Los ciudadanos de todos los municipios del país deben actuar y trabajar para que esto sea factible, para que deje de ser letra muerta o sólo se cumpla parcialmente. Es deber de los ciudadanos cuidar que los recursos públicos se apliquen correctamente y conforme a la ley. Evitar que la naturaleza humana de las autoridades municipales los lleve a cometer errores o francas violaciones a la ley. Los recursos que manejan los ayuntamientos surgen de los impuestos que pagamos todos y, por lo tanto, son tema de altísimo interés público, sobre todo en esta época de severa crisis económica que se está traduciendo en gigantescas filas con millones ya de desempleados. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
Presidente de Parlamento Ciudadano A. C., Agradezco sus comentarios a: comunicacionsocial_pacem@yahoo.com.mx