LA TRIPLE CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL
Víctor M. Quintana Silveyra
Mucho más impacto mediático nacional e internacional ha tenido la protesta y el cuasi genocidio de la familia Reyes Salazar, de Guadalupe, D.B. que el peregrinar obsesivo de Ejecutivo y Legislativo para cabildear cadenas perpetuas. Porque la gente y los medios no se hacen tontos: por más amenazas de agravamiento de penas, los asesinatos se sigue precipitando sobre Chihuahua.
El viernes 25 por la madrugada, se encuentran los cuerpos asesinados, desenterrados, en descomposición de Malena y Elías Reyes y de la esposa de este, Luisa Ornelas. El hecho de que los asesinos hayan desenterrado los cuerpos, ejecutados al parecer el mismo día de su levantón, el 7 de febrero, es un fruto de la terca movilización y valiente denuncia de Marisela, Claudia y Saúl Reyes y su madre, Doña Sara Salazar y de quienes las apoyaron en todo momento. Si no se hubieran declarado las dos primeras en huelga de hambre, si no se hubiera regado la pólvora de la denuncia en los espacios nacionales e internacionales, si no se hubiera trasladado el ayuno-plantón a la Ciudad de México, si no se hubiera presionado de esta forma a los gobiernos, lo que queda de la familia Reyes jamás hubiera vuelto a ver los restos de los suyos.
Por eso la rabia de los ejecutores; por eso la exhumación forzada luego de la desaparición forzada. Por eso el miedo infundido al alcalde de Guadalupe y hasta a los sepultureros que no se atrevieron siquiera a abrir las fosas. Por eso las cartulinas de amenaza junto a los cadáveres y el asqueroso intento de vincularlos como operadores de uno de los cárteles.
Precisamente este es uno de los nuevos ingredientes que aparecen en el caso del ya genocidio en ciernes de los Reyes Salazar. En este contexto de violencia criminal e institucional a las y los luchadores sociales se les criminaliza una y otra vez. La primera de ellas cuando el Estado reprime a quienes se manifiestan contra esta guerra y las violaciones a los derechos humanos que trae aparejadas, como los disparos de la Policía Federal contra el estudiante Darío Álvarez Orrantia, en octubre pasado cuando participaba en una caminata contra la muerte.
La segunda criminalización de quienes protestan, de quienes luchan por los derechos de todas y de todos la lleva a cabo el propio crimen organizado. Cuando alguien les estorba y denuncia —y no solo a ellos, sino también al Ejército— como es el caso de la familia Reyes en el Valle de Juárez, se busca involucrar a las y los activistas con el cártel contrario mediante acusaciones falsas como las citadas cartulinas y así manchar el compromiso valiente, la integridad ética de toda una vida, de toda una familia. De esta criminalización se vale luego el gobierno para desvirtuar la acción de denuncia y de defensa de los derechos humanos de las y los activistas: “Hay líneas de investigación de posibles nexos con el crimen organizado…”
La tercera criminalización es, tal vez, la más dolorosa: porque no viene solo de los poderes ni autoritarios ni criminales. Es la de quienes, desde la sociedad, cómodamente señalan: “…si los están matando así, es que en algo andan…” La postura que condena el activismo porque no se es capaz de involucrarse en él. La que justifica el apoltronamiento y cobardía ensuciando con acusaciones tan simplistas como falsas a quienes tuvieron los arrestos que ellos no han tenido. La cobardía hecha sentido común.
En parte por esto, la impunidad sigue reinando. Los expedientes de los asesinatos de los Reyes mueren de inanición. Por eso Doña Sara y sus hijos Malena, Claudia y Saúl Reyes se vuelven a instalar valientemente en plantón frente a la Fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez. Será su despedida de nuestra tierra antes de exiliarse, antes de que acciones criminales y negligencia gubernamentales borren de esta tierra a toda su familia.
Doña Sara, Marisela, Claudia, Saúl, gracias por los años de lucha que nos han dado, lucha que seguirá, estamos seguros, en cualquier país que los reciba.
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