La mano dura de un presidente débil

por Zósimo Camacho

La “seguridad nacional” se instala como el tema prioritario en la agenda de Felipe Calderón. La “amenaza” de la delincuencia organizada se convierte en la coartada para incrementar el presupuesto destinado a las labores de inteligencia, centralizar los mandos policiacos, militarizar el país y criminalizar los movimientos sociales. Especialistas coinciden en que la “mano dura” será la principal característica del nuevo gobierno.

A dos meses de la accidentada toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República ante el Congreso de la Unión -con el respaldo castrense-, las promesas de creación de empleos y combate a la pobreza pasaron a segundo plano. Sólo prevaleció la oferta de mayor “seguridad” y “mano dura” contra la delincuencia organizada, término que se utilizó lo mismo para referirse al narcotráfico, como a los grupos armados y organizaciones político sociales disidentes.

Luego del proceso electoral, que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual y que generó protestas en las que se le tachaba de “espurio”, Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Presupuesto de Egresos en el que el 40 por ciento del total de los recursos de la Secretaría de Gobernación (SG) se destinaría a “soberanía y servicios de inteligencia”.

Los legisladores autorizaron a la SG un gasto por 5 mil 83 millones 252 mil 769 pesos para 2007. De ellos, 2 mil 228 millones 797 mil se emplearán en las áreas de “servicios de inteligencia y soberanía”. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ejercerá directamente mil 114 millones 398 mil 723 pesos.

Sin embargo, ni la Presidencia de la República ni la SG consideraron necesario justificar el incremento presupuestal en los organismos militares, policiacos y de espionaje, mientras se reducen los recursos destinados a educación, cultura, salud y vivienda. El gobierno federal tampoco ha informado de cuáles son los objetivos de la política de seguridad nacional de la nueva administración ni cuáles son las amenazas que enfrenta el Estado mexicano.

“Es difícil evaluar si se está invirtiendo en las áreas correctas, porque no se sabe claramente cuáles son los riesgos a la seguridad nacional que ellos están identificando. No sabemos cuáles son los objetivos e intenciones más allá del problema de las organizaciones criminales”, considera Ana María Salazar, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ex funcionaria del Pentágono y la Casa Blanca.

Quien fuera Consejera Política del presidente William Clinton en 1998 y subsecretaria Adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos de 1998 a 2001, reconoce que los organismos de inteligencia deben mantener “cierta secretividad” para cumplir las funciones que tienen asignadas; pero al mismo tiempo deben proporcionar la información suficiente para que, sin comprometer sus objetivos, legisladores y ciudadanos tengan la certeza de que los recursos se están usando correctamente.

“En Estados Unidos, la seguridad nacional es parte del debate presupuestal. Cada año el Congreso le exige al Ejecutivo que plantee su estrategia en esta materia para saber objetivos, prioridades y cambios en este rubro. En América Latina todavía hay problemas al definir lo que es la seguridad nacional y cuáles son sus riesgos.”

A este respecto, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño, dice que si se considera a la inteligencia como la capacidad de obtener información, prever escenarios y adelantarse a los riesgos, “pues qué bueno que va a haber un incremento en ello”. Sin embargo, reconoce que con aparatos de inteligencia “muy activos”, el país también corre riesgos.

“Uno sería que los organismos tomen la información para uso y beneficio de grupos. Y otro, que se burocraticen y sólo almacenen información irrelevante para proyectar escenarios. Tendríamos que tener un aparato de inteligencia del siglo XXI, no de chismes ni de estar indagando la vida personal de ciudadanos, que ésa es la peor estupidez.”

Los saldos de Fox. Gilberto López y Rivas
Gilberto López y Rivas, investigador de la Dirección Estudios en Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, considera que Felipe Calderón sabe que tiene “escasa legitimidad” y que seguramente enfrentará grandes movimientos sociales durante su gobierno.

El antropólogo social –a quien se le señaló como agente del servicio secreto soviético de 1971 a 1978– agrega que “el gobierno ha vislumbrado la posibilidad de un proceso que conjugue a los sectores más organizados y que tienen más raigambre. Y por supuesto que sabe muy bien quiénes son sus enemigos tácticos y estratégicos. La cooptación va a ser el arma contra la izquierda institucional, mientras que la represión será para los sectores más decididos y frontales al régimen. El país se está militarizando y los aparatos de inteligencia ya están actuando”.

Para Ana María Salazar los operativos militares y el incremento en las labores de recaudación de inteligencia son, más que propaganda y mensajes de fortaleza, resultado del estado en que Vicente Fox dejó el país.

“No sabemos si México tiene riesgos de seguridad nacional en términos de gobernabilidad. Al parecer no, pues a pesar de unas elecciones muy contenciosas, no hubo guerra civil ni enfrentamientos ni el Ejército tuvo que salir a aplacar a la oposición. Sin embargo, tal vez sí le heredaron un país con focos rojos tan serios que tuvo que dar pasos contundentes.”

A decir de Salazar, Calderón no está dispuesto a dejar crecer los problemas sociales como lo hizo su antecesor. “En el sexenio pasado se desatendieron ciertos riesgos que querían resolver en el ámbito político. Y ahora hay una actitud muy diferente. Se dan pasos muy contundentes porque, con la información de que dispusieron, vieron la necesidad de implantar los operativos militares (contra el narcotráfico) e incrementar la inteligencia para obtener mejor información y análisis y tomar decisiones”.

Hasta el momento, el único gobernador que ha aceptado que la “Operación Conjunta” –operativos que desarrollan militares y policías federales en los estados desde la llegada de Felipe Calderón al poder– se realiza contra “grupos subversivos” es Zeferino Torreblanca, quien llegó al gobierno de Guerrero bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Woodrow Wilson Center for International Scholars, con sede en Washington, dice que el Estado mexicano considera que debe aplicar una “mano dura necesaria” a ciertos grupos que no tienen respeto por la Ley, pues al final del sexenio anterior había una tendencia hacia la anarquía y el vacío de poder.

Sin embargo, el especialista advierte que en esta “aplicación del Estado de derecho” la policía también puede infringir la ley y cometer abusos. “En México falta muchísimo para profesionalizar a las policías y a los cuerpos de seguridad. A Calderón aún no se le puede acusar de represor. Tiene muy poco tiempo en el poder y tiene en sus manos la posibilidad de hacer una política de seguridad nacional nueva: que imponga la ley pero al mismo tiempo que respete los derechos humanos”.

La mano dura, selectiva
Para el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, Jorge Chabat, la principal diferencia entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de seguridad nacional, es que el segundo “sí está dispuesto a usar la fuerza legítima contra los que no se ajusten al Estado de Derecho. Él no va a negociar la ley”.

A decir de Guillermo Garduño, la estrategia del gobierno de Calderón frente a los movimientos sociales será dejarlos crecer y esperar a que “caigan en la ilegalidad”; cuando lo hagan, inmediatamente reprimir en forma selectiva. No hará represiones generalizadas sino sólo contra un sector bien identificado, gracias a las labores de inteligencia que se pretenden incrementar.

“Ésa es la fórmula que utilizará, pero no es nueva. Es la que ha usado el Estado mexicano desde el fin de la Revolución armada. Lo que pasa es que Fox fue un irresponsable que ni a represor llegó y no porque tuviera claridad sobre el respeto a los derechos humanos sino porque ni siquiera entendió lo que es el Estado.”

Por su parte José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que la política de seguridad nacional desarrollada por Calderón al inicio de su gobierno se restringe a “la seguridad pública y el control de movimientos sociales antisistémicos”. Para el especialista no hay sorpresa en las prioridades del presidente de la República, pues –considera– la “mano dura” fue lo que ofreció durante su campaña.

«“Se perfilan mayores labores de inteligencia ante la posibilidad de que haya movimientos sociales, partidistas, sindicales o gremiales. Es claro que consideraron necesario incrementar las labores de recopilación sistemática de información.” Guillermo Valdés Castellanos»

La dirección del Cisen recayó en el ex director de la empresa GEA-ISA (Grupo de Economistas Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas), Guillermo Valdés Castellanos, a quien se le considera “amigo íntimo” del presidente de la República. La encuestadora fue la primera que dio ventaja a Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador y luego fue entusiasta defensora de los resultados de la elección dados a conocer por el Instituto Federal Electoral. El propio Valdés Castellanos promovió un desplegado en los medios de comunicación, que firmó junto con otros 134 “intelectuales”, donde se asentaba que “no hubo fraude”.

A decir de Gilberto López y Rivas, “lo que privó en la designación del nuevo titular del Cisen fue la lealtad. Calderón quería tener a una persona muy cercana a él ahí. Y cubre el perfil para manejar el Centro con una visión utilitarista y pragmática. Es una máquina que va a servir bien al jefe y al sistema. Emprenderá la modernización del organismo entendida como más informática y eficiente”. Ardelio Vargas Fosado

Sobre la concentración del mando de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones en las manos del ex director de Investigaciones del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, el catedrático de la UAM José Luis Piñeyro considera que se trata de “una de las supuestas soluciones para que funcionen bien las corporaciones.

“Al haber una centralización del mando consideran que ahora sí están en igualdad de condiciones con los narcotraficantes, quienes están centralizados. Y piensan que así ya hay dos estados mayores, dos ejércitos enfrentados. Esta condición parecería tener cierta ventaja; pero si el mando es infiltrado, pues las cosas estarán peor.”

Vargas Fosado estará al mando de 40 mil hombres, de los cuales al menos 15 mil provienen de las Fuerzas Armadas.

Ana María Salazar destaca que las principales amenazas a la seguridad nacional son las que están relacionadas con el “contexto global”. Así, dice que los riesgos –aún más importantes que los derivados de la política interna– son los del cambio climático, que producirán eventos relacionados con el medio ambiente, o la posibilidad de que se produzcan pandemias y enfermedades infecciosas.

Analisis de la alianza entre la "chucky magisterial" y el "humty dumty usurpador"

Se trata de "colusión de intereses", sostienen

Critican expertos la alianza perversa Calderón-maestra

KARINA AVILES

Los resultados de la encuesta sobre las prácticas en el sindicato magisterial y la llamada alianza entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, no muestran más que la colusión de intereses entre ambas partes para promover la relación "perversa" que se ha dado en administraciones anteriores. Además, incluir a esa organización como única contraparte para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa, constituye "una franca intromisión de la cúpula sindical en una responsabilidad que, en términos constitucionales", sólo es competencia del Poder Ejecutivo, afirmaron especialistas.

Consideraron que ese pacto confirma la entrega de la educación a la "empresa familiar" de Gordillo, mediante una complicidad que avizora un engranaje "mayor de corrupción". El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) será un colaborador inequívoco de las políticas que impulse este gobierno y, por su parte, la administración de Calderón asegurará todos los privilegios y concesiones requeridos por el sindicato.

En entrevistas por separado, César Navarro, investigador del Instituto Mora y de la Universidad Pedagógica Nacional, manifestó que el subsistema de educación básica se entregó a la "mafia sindical" mediante la ubicación del yerno de la maestra como subsecretario del ramo.

Ahora, agregó, ese pacto se redobla en función de los intereses, lo cual muestra el signo de la orientación educativa que tendrá este gobierno. Indicó que dar pie para que el SNTE participe en el Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa deja ver un nivel de complicidad como quizá no se había dado antes, lo cual pone en un serio riesgo al sector.

En tanto, Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Auitónoma de México, destacó que formar una comisión mixta entre gobierno y SNTE para elaborar el proyecto educativo del sexenio es "absolutamente anómalo". Aclaró que el sindicato puede participar, pero sólo como actor y no como "contraparte del Ejecutivo".

Expresó que la "alianza absoluta" anunciada el pasado martes entre Calderón y Gordillo ratifica que este gobierno ­ligado a los esquemas macroeconómicos de la hegemonía­ promueve la misma relación perversa con la corporación sindical del magisterio, como lo han hecho sus antecesores. Es una de las expresiones "más viciosas y deformes de la negociación cupular" de Elba Esther Gordillo con el presidente en turno.

Consideró que más que una "alianza", Gordillo y el gobierno de Calderón "están coludidos en términos de intereses", como quedó ilustrado en la reunión de la lideresa con el jefe del Ejecutivo. Dicho encuentro demostró "el uso faccioso del sindicato más grande de América Latina".

Por otro lado, expresó que la encuesta realizada por la Asociación Ciudadana del Magisterio, en la que 98 por ciento de los profesores consideró que la prioridad de sus dirigentes es enriquecerse y el poder, expresa la distancia que media entre representantes y representados, pues aunque la cúpula encabezada por Gordillo va por su lado, la base tiene claridad de la corrupción de su grupo dirigente.

No que no perros...

La decisión, "en aras de subrayar el compromiso con la absoluta libertad de expresión"

Gobernación da marcha atrás y acepta la transmisión de programas del PRD

FABIOLA MARTINEZ , ALONSO URRUTIA , ANDREA BECERRIL

La Secretaría de Gobernación autorizó la transmisión, en tiempos oficiales, del programa permanente del PRD, en donde se incluye el mensaje de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como "presidente legítimo".

La dependencia dio anoche un viraje en su postura y cedió ante las críticas por el modo en que había interpretado la ley; de esa forma aceptó la solicitud del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), girada la semana pasada por un acuerdo unánime de la máxima instancia del organismo electoral.

En un comunicado, la dependencia argumentó que en todo momento realizó una interpretación ajustada a derecho de la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, expone que la medida se tomó "en atención a la imperiosa necesidad de fortalecer las instituciones democráticas del país, y en aras de subrayar el compromiso irrestricto del Ejecutivo federal con la absoluta libertad de expresión".

A dos días de que venciera el emplazamiento del IFE, la dependencia aseguró que la libertad de expresión "es un derecho que el gobierno de la República respeta y garantiza plenamente".

En el boletín de cuatro párrafos manifestó su confianza en que "esta decisión contribuya a promover un ánimo de diálogo y concertación, y convocamos a la reciprocidad y corresponsabilidad del resto de los actores políticos".

Antes de conocerse la decisión , el consejero electoral Virgilio Andrade señaló que la única respuesta satisfactoria para el Instituto Federal Electoral (IFE) es que la Secretaría de Gobernación retransmita los programas del PRD. A su juicio, no hay ninguna controversia sobre la legislación a aplicar: es cierto que la dependencia tiene la obligación de supervisar que los contenidos se encuentren dentro de la ley, pero también lo es que no puede haber censura previa.

A su vez, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar desestimó las respuestas mediáticas que había dado ya la Secretaría de Gobernación y que anticipaban una nueva negativa y la preservación de la censura de los programas perredistas.

Sobre la polémica desatada entre Gobernación y el IFE, Andrade reconoció que en el fondo pareciera que existen dos autoridades que aplican legislaciones diferentes: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) por parte del IFE, y la Ley Federal de Radio y Televisión en el caso de Gobernación. Pero no hay tal, aclaró.

Efectivamente, Gobernación debe vigilar los contenidos de los programas, pero bajo la premisa de que no puede haber censura previa.

­¿Se violó entonces el Cofipe y la propia Ley Federal de Radio y Televisión?

­Ya lo dijimos, y también hay violación de tratados internacionales.

A debate legislativo

La censura de Gobernación será debatida hoy en el Senado, según se acordó ayer en la Junta de Coordinación Política.

Sólo el panista Santiago Creel se opuso a ese acuerdo, que propuso el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, quien en declaraciones previas advirtió que se trata de un tema que no puede ser soslayado, ya que no sólo concierne a los perredistas y a López Obrador, sino a todo el país, porque la Secretaría de Gobernación, con Francisco Ramírez Acuña al frente, pretende regresar a las medidas diazordacistas de los años 70.

Sin embargo, Creel salió en defensa del funcionario y en entrevista dijo que la Secretaría de Gobernación actúa dentro del marco jurídico, ya que se basa en la ley para impedir que se transmitan los programas del PRD.

Creel sostuvo que el tabasqueño "agravia" a la investidura presidencial, al suplantar al mandatario constitucional, y lo llamó a terminar con esa actitud y "reconducirse de forma institucional".

Por separado, el perredista Ricardo Monreal recalcó que el secretario de Gobernación se está convirtiendo en "el moderno Torquemada" que pretende censurar los programas del PRD.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, Creel se opuso que se aprobara incluir en la agenda de la sesión de hoy el tema, pero las demás fuerzas políticas lo aprobaron y se debatirá en tribuna.

Por la noche, los senadores del PRD acordaron subir a su página de Internet el video censurado por Gobernación.