Perredistas integrantes de la corriente Nueva Izquierda, durante el mitin que realizaron ayer frente a la Secretaría de Economía para protestar contra el incremento en el precio de la tortilla y exigir la renuncia de Eduardo Sojo, titular de la dependencia Foto: Luis Humberto González
Ileana Ros-Lehtinen neoconservadora
y aliada política de George Bush.
La aversión de la administración estadounidense y de los republicanos hacia el gobierno de La Habana no tiene límites. «Apruebo la posibilidad de ver a alguien asesinar a Fidel Castro». Éstas son las palabras de Ileana Ros-Lehtinen, la congresista republicana de Florida en marzo de 2006 en su oficina de Washington, durante una entrevista para el documental británico 638 Ways to Kill Castro. [1] Esta llamada al magnicidio de un jefe de Estado no lo ha hecho cualquier iluminado nostálgico de la época de Batista: lo lanzó la vicepresidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes [2].
«El día que muera Fidel Castro será un día que celebrarán todos los cubanos que aman la libertad. Hace años que digo esto y no tengo ninguna vergüenza de mis palabras», agregó la elegida de Miami, de origen cubano. «Siempre he dicho lo mismo, me sale del corazón [...]. Quiero que desaparezca de la escena mundial, [quiero verlo] seis pies bajo tierra [...] Si alguien lo hiciera [lo asesinara], no lloraría una lágrima [...]. [Al contrario], estaría feliz por su muerte», añadió. [3]
Originaria de La Habana, Ileana Ros-Lehtinen subrayó que estaba dispuesta a regresar a Cuba un día, «aunque eso implique que alguien mate a Fidel Castro o derroque a su gobierno». [4]
Frente al escándalo que sus declaraciones surrealistas suscitaron, Ros-Lehtinen se retractó primero y acusó al director Dollan Cannell de ser culpable de un montaje y de deformar sus palabras. «Está presentado de manera que da una falsa impresión al televidente», declaró Ros-Lehtinen. «Nadie preconiza el asesinato», se defendió, subrayando que se trataba de un vídeo falsificado. [5]
Se sucedieron varias declaraciones contradictorias que mostraron una evidente falta de coordinación entre la congresista y su responsable de prensa. Alex Cruz, su portavoz, afirmó que jamás había lanzado una llamada al crimen: «Lo que debe estar claro es que no quiere que [Castro] viva un día más [...], pero no llama a su asesinato». Ros-Lehtinen se mostraba más circunspecta y admitió haber hecho, sin duda en el pasado, una referencia al magnicidio del presidente cubano. [6]
Dollan Cannell rechazó las alegaciones de la presidenta del grupo republicano al Comité de Relaciones Internacionales contra su integridad profesional. «[Sus palabras] no se alteraron de ninguna manera. Estoy desconcertado por la acusación», certificó. «Ileana Ros-Lehtinen lanzó una acusación muy seria contra el equipo del documental. No se puede ser más serio que eso en términos de acusación de falta profesional grave», enfatizó Cannell. Para probar su buena fe, el realizador proporcionó a la prensa una versión completa de la entrevista en la que Ros-Lehtinen reitera dos veces su anhelo de ver al presidente cubano asesinado. «Su acusación es completa [y] totalmente falsa. Quisiera que desmintiera sus palabras y que se disculpara», concluyó. [7]
La indignación del cineasta británico, famoso por su obra y su profesionalidad que le valieron un Emmy Award, llevó a Ros-Lehtinen a reconocer sus propias palabras. Alex Cruz admitió que la representante republicana efectivamente había lanzado una llamada al asesinato contra Fidel Castro. «Sí, está en el documental, dijo eso», confesó.
Cediendo a las presiones mediáticas que le reprochaban su falta de valentía, Ros-Lehtinen aceptó finalmente asumir sus declaraciones. «Si estas palabras se encuentran [en el documental], entonces las dije. No obstante, quiso reafirmar su deseo de “ver morir a Castro”». [8]
Este nuevo asunto golpeó seriamente la credibilidad de Ros-Lehtinen y empaño aún más su imagen, ya desastrosa. En el pasado militó con éxito a favor de la liberación del célebre terrorista Orlando Bosch (a quien el presidente George H. Bush indultó en 1989), y sigue exigiendo la puesta en libertad del criminal internacional Luis Posada Carriles, responsable de la voladura del avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 que costó la vida a 73 inocentes. [9] En cuanto a la administración Bush y al Partido republicano, líderes mundiales de la «guerra contra el terrorismo», no hicieron ninguna declaración y no condenaron las palabras de la congresista, a pesar de que hizo una llamada a la ejecución de un acto grave de terrorismo internacional.
Decididamente, el doble rasero se ha vuelto la norma en política internacional. Las capitales occidentales, tan rápidas en pisarle los talones a Washington cuando se trata de fustigar a Cuba, observaron un extraño mutismo a propósito de este escándalo que hubiera tomado proporciones planetarias si se tratara del presidente estadounidense o de un presidente europeo.
Ningún gobierno europeo se dignó condenar las palabras inadmisibles de Ileana Ros-Lehtinen, al igual que fueron muy pocos los que se conmovieron con las declaraciones del reverendo ultraconservador Pat Robertson, amigo íntimo del inquilino de la Casa Blanca, cuando éste llamó, en agosto de 2005, al magnicidio del presidente venezolano Hugo Chávez. [10]
Una pregunta: ¿qué pasaría si el presidente de la Asamblea Nacional cubana lanzara una llamada a favor del asesinato de George W. Bush?_ ¿Acaso la Unión Europea observaría el mismo silencio?
Por eso los Ultra-conservadores Republicanos y los Panistas si que son un verdadero peligro y no solo para Mexico o USA, sino para el mundo entero.
A continuacion el video :
josé gil olmos
México, D.F., 24 de enero (apro).- El problema de Oaxaca, cuya causa esencial es el gobernador priista Ulises Ruiz, es el conflicto mexicano que mayor número de demandas y recomendaciones nacionales e internacionales ha tenido en la última década. A pesar de ello, como dicen los propios oaxaqueños, no pasa nada.
La Comisión de de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la comisión internacional de observadores, son algunas de las instancias que han comprobado una grave violación de los derechos humanos en esa entidad por parte de las autoridades estatales y federales. Habría que añadir a esta lista las denuncias que han hecho la Red Mexicana de Organizaciones de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Desde Chiapas ningún otro conflicto había provocado tantas reacciones internacionales como el caso de Oaxaca. El asesinato, tortura, persecución, desapariciones y detención arbitraria de miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) forman la lista de agresiones de las que se acusan a miembros de las policías estatal y federal, así como a integrantes del Ejército.
Apenas el fin de semana pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) que ha visitado México en varias ocasiones desde 1998 para observar el caso de Acteal, en esta ocasión presentó un extenso informe de observaciones y recomendaciones sobre el conflicto de Oaxaca, luego de haber realizado 420 entrevistas durante un mes con actores del conflicto, incluido autoridades, presos, agrupaciones y sectores involucrados.
En dicho informe se señalan graves violaciones a los derechos humanos como no se veían desde la llamada "guerra sucia" de la década de los setenta: actuación de grupos civiles amparados por las autoridades estatal y federal –paramilitares o parapolicías- -; detención arbitraria de civiles en sus propias casas; persecución por cuestiones políticas e ideológicas; anulación de derechos procesales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales firmado por México a los detenidos; violación a hombres y mujeres; tortura física y sicológica; amenazas de ser lanzados desde el helicóptero, y desapariciones.
En conjunto, lo que las agrupaciones nacionales e internacionales han denunciado es algo muy grave: el terrorismo de estado, definido éste como la implementació n de una estrategia jurídica, política, militar y policiaca en contra de un movimiento social, con la única intención de eliminarlo.
La situación en Oaxaca es tan preocupante que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado, a través de esta instancia civil de observadores, que se instale una oficina permanente en ese estado, a fin de tener una labor de observación estrecha del conflicto.
El gobierno mexicano no puede desestimar las observaciones y recomendaciones que han hecho tanto los organismos internacionales ya reconocidos como las instancias civiles, como la CCIODH sobre lo que ha ocurrido y sigue pasando en Oaxaca, pues se trata de una estrategia de represión y persecución de movimientos populares, que comenzó a implementarse en Chiapas en 1996 con las llamadas BOM, que era una agrupación integrada por militares y agentes de la policía de los tres niveles de gobierno, utilizadas para reprimir comunidades de base del EZLN.
Durante toda una década, estas agrupaciones han sido utilizadas en distintos momentos para reprimir movimientos, entre ellos el de los campesinos de Atenco, los mineros en Lázaro Cárdenas y ahora en contra de los miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Uno de los aspectos que más preocupa es la notoria y progresiva violencia con la que han actuado los agentes policiacos, algunos de ellos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que son soldados desplazados a esta agrupación.
A la práctica de la tortura física y psicológica como las amenazas de ser lanzados desde helicópteros al mar, se suman actos de violación sexual no sólo contra mujeres, sino también contra hombres que han simpatizado con alguno de los movimientos sociales.
Estos hechos producen terror entre los activistas y en la sociedad en general, terror de seguir participando en un movimiento popular, terror para denunciar las vejaciones de que han sido objeto, terror para denunciar la desaparición de familiares.
Frente a estos hechos que se han denunciado en la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón han tomado una actitud de displicencia. Y no se diga de los gobernadores en turno como el de Oaxaca, que incluso se ha atrevido a declarar que hay paz y tranquilidad en el estado, gracias al uso de la fuerza.
Pero quizá lo más preocupante sea que la sociedad mexicana en su conjunto no se asombre frente a estos actos de terror, frente al asesinato, la represión, las desapariciones y violaciones sexuales cometidas en contra de grupos sociales que demandan mejores condiciones de vida.
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