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Miguel Ángel Granados Chapa
En la PGR, entre otras deficiencias, no saben contar, y habían notificado 17 millones de pesos menos en el célebre decomiso de Las Lomas. Y ahora la empresa que quizá produjo esos caudales desapareció de los registros de importación de la Secretaría de Economía.
Sobran los pesimistas que dudan que el Estado mexicano venza a la delincuencia organizada en la aparatosa batalla que ambos libran, porque abunda asimismo la evidencia de que diversos factores, como la ineficacia y la corrupción, merman la capacidad gubernamental en esa lucha. El dato más obvio es el de la violencia homicida que no cesa en las entidades donde operaciones federales especiales (que incluyen al Ejército y esa entelequia ilegal a la que oficialmente se llama ya policía federal) buscan abatir el número de ejecuciones practicadas por sicarios: sólo el martes se cometieron 16 crímenes de esas características, en entidades sometidas a la militarización como Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Pero hay otros aspectos en que fallan las oficinas públicas encargadas de prevenir y castigar la delincuencia organizada. Ignoramos si la causa es ineficiencia o corrupción. De no ser porque la opinión pública, y sus voceros responsables, permanecen alerta, los magros resultados podrían tener un menor nivel todavía. Pensemos en informaciones que sólo en el curso de una semana aparecieron en la primera plana de Reforma y que conciernen a la empresa Unimed Pharm Chem y la fortuna que su prófugo propietario, Ye Gon Zhenli, había logrado reunir.
En un lance eficaz y digno de aplauso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada halló en una mansión de las Lomas de Chapultepec una verdadera mina de oro. Se guardaban allí, y la información relativa fue el móvil del cateo, 205.6 millones de dólares en efectivo y, también en billetes, 200 mil euros y 157 mil 500 pesos. La orden judicial fue obtenida en el curso de una investigación sobre tráfico de pseudoefedrina que implicaba a la empresa mencionada. El dinero fue trasladado a la Procuraduría General de la República, que el viernes proporcionó a los medios impresos fotografías del cuarto en que cuidadosamente se apilaron los fajos de billetes asegurados.
Expertos en el manejo de numerario, algunos de ellos convocados por el diario Reforma, examinaron con cuidado la fotografía y señalaron que allí se mostraba una cantidad de pesos mucho mayor que la dada a conocer por la PGR. Considerando las unidades, las fajillas y los mazos exhibidos se calculó que la cifra real podría estar entre 13 y 17 millones de pesos, ¡100 veces más de lo anunciado por la autoridad! Muy temprano a la mañana siguiente la PGR admitió, sin admitirlo porque no se refirió a la información publicada, que ciertamente no eran 157 mil 500 pesos los retratados sino 17 millones 306 mil 520 pesos. De modo que resultó más eficaz el ojo experto de los manejadores de billetes que el personal que tuvo a su cargo contar uno a uno los bienes asegurados. De paso se precisó que no eran 200 mil euros sino un poquito más: 201 mil 460. Con la información disponible no pueden hacerse imputaciones pero tampoco pasar por alto que se había hecho disminuir en más de 17 millones de pesos la cifra referida. Conforme a la ley, cuando concluya el proceso penal relacionado con ese dinero y quede a disposición del Estado, una tercera parte del decomiso total corresponderá a la PGR. ¿Será que alguien pretendió anticipar ese desenlace y quedarse con un adelanto? ¿Será que alguien pretendía apoderarse de esa suma? Lo ignoramos, porque el Ministerio Público no se ha dignado aclarar cómo se cometió tan abultado error, si es que de error se trató.
La Secretaría de Economía tampoco ha considerado necesario explicar lo que pasa en sus registros con las importaciones realizadas, entre otras, por la empresa cuyas operaciones eran tan jugosas que acumuló montañas (bueno, seamos realistas y hablemos de montículos) de billetes. Por deficiencias puramente informáticas o por otra razón más grave, casi 3 mil toneladas de pseudoefedrina se perdieron. O sea que se informó en septiembre pasado que se importaron, sólo entre enero y agosto de 2005, 3 mil 91 toneladas de esa sustancia. Ahora se lee en el mismo archivo que sólo fueron adquiridas en el exterior 118 toneladas. Era muy elevado el monto de la cifra inicial, pues resulta "40 veces superior a lo que necesita al año la industria establecida en el país para producir medicamentos" (Laura Carrillo, Reforma, 28 de marzo).
Otro dato "se cayó" del sistema de la Secretaría de Economía. En la lista de los importadores de pseudoefedrina aparecieron en septiembre pasado los laboratorios químico-farmacéuticos que más utilizan esa sustancia para fabricar medicamentos legalmente registrados. Figuraba entonces en dicha lista Unimed Pharm Chem de México. Pero su nombre se borró y no aparece ya en los registros actuales. La omisión es preocupante porque con la cobertura de esa empresa, su propietario, Ye Gon Zhenli, introducía ilegalmente la pseudoefedrina que sirve para elaborar metanfetaminas, la droga sintética cuyo comercio es quizá la fuente de la fortuna hallada.
El 5 de diciembre pasado la PGR descubrió en un contenedor en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 20 toneladas de ese precursor químico que permite producir estupefacientes. El hallazgo se produjo tres días antes de que en todo Michoacán se echara a andar la operación conjunta contra la inseguridad de que tanto se ufana el gobierno federal. Tanto lo hace que atribuyó a esa operación el decomiso correspondiente. Con engaños y errores como los anotados no es posible combatir verdaderamente al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
Cajón de Sastre
El juez primero de lo penal en Sabinas, Sergio Tamez, dictó ayer auto de procesamiento a los cinco ejecutivos de Industrial Minera México acusados de homicidio culposo por la muerte de 65 personas en la mina número ocho de la unidad Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de 2006. Al cabo de una lenta averiguación ministerial, la fiscalía especial creada para el caso en la Procuraduría estatal consignó el caso a la justicia y obtuvo órdenes de aprehensión contra el gerente general de IMMSA, Rubén Escudero, y sus colaboradores Fermín González, Sergio Rico Pérez, Antonio Campos y Emilio Rodríguez. Los indiciados solicitaron y obtuvieron amparo por lo cual no fueron detenidos cuando comparecieron ante su juez, y no pisarán la cárcel durante su juicio, porque el delito de que se les acusa permite la libertad procesal. No se fijó en los autos de formal prisión el monto de las fianzas respectivas, cuyas primas serán cubiertas por la empresa del Grupo México, que les ofreció eficaz auxilio jurídico.
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