Son trabajadores que dejaron de cotizar a las Afore, advierte Alonso Raya
Grupos financieros podrían quedarse con los ahorros de 20 millones de asalariados
ANDREA BECERRIL
Como ocurrió con la reforma de 1992, que permitió al gobierno federal quedarse con más de 20 mil millones de pesos de fondos de pensiones no reclamados por los trabajadores, ahora son los grupos financieros los que podrán beneficiarse al absorber los ahorros de más de 20 millones de asalariados que dejaron de cotizar.
Ello, debido a que en las prisas por aprobar la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en ambas Cámaras la mayoría PRI-PAN ''y sus satélites'' cometieron ''graves errores y omisiones'' que dejan indefensos a los servidores públicos, lesionan al resto de los trabajadores del país y obligan al gobierno a asumir de entrada un alto costo fiscal de 1.4 billones de pesos.
Las reformas a la Ley del SAR, que se votarán esta semana en la Cámara de Diputados -propuestas por el Partido Revolucionario Institucional en el Senado para blindar la Ley del ISSSTE-, posibilitan que los recursos de unas 24 millones de cuentas para jubilación, cuyos titulares dejaron de aportar, se vayan extinguiendo a través del pago de comisiones más altas a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), advirtió Miguel Alonso Raya, ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y actual asesor del Frente Amplio Progresista (FAP).
Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, y autor de un estudio amplio sobre el sistema de pensiones en México, Alonso alerta sobre el peligro de que se repita el escenario que se dio al inicio del sexenio foxista, cuando se despojó a trabajadores de 20 mil millones de pesos del SAR. En esa ocasión, el Congreso avaló que millones de cuentas de fondos de pensiones de trabajadores que no se inscribieron en ninguna Afore en 1992 -cuando cambió el sistema- pasaran a poder del gobierno federal. El argumento fue que no aparecían los dueños de esos ahorros, ''pero en realidad se trataba de obreros o empleados que perdieron el empleo y ya no cotizaron, y a los que nadie se molestó en informar de la existencia de esos recursos''.
Así, el gobierno federal se llevó 20 mil millones de pesos a la Financiera Rural, para capitalizar el campo -se dijo-, y de esa cantidad devolvió unos 2 mil millones a trabajadores que lograron enterarse que tenían esos ahorros y los reclamaron, agregó Alonso Raya. En la coyuntura presente, advirtió, son las Afore las que podrán sacar provecho de las cuentas pasivas -aquellas que ya no reciben aportes-, a partir de las reformas a la Ley del SAR, aprobadas ya en el Senado y a punto de dictaminarse en San Lázaro, que eliminan la cuota de flujo cobrada por las administradoras y dejan sólo una comisión por saldo.
En la actualidad, las Afore están autorizadas a cobrar las dos comisiones. Así, explicó el ex legislador, Inbursa, que es de las que tienen las tarifas más bajas, le carga a cada cuenta que maneja 0.5 por ciento por flujo y otro 0.5 por saldo. La comisión sobre flujo representa el costo para el trabajador por cada peso aportado de una base contributiva de 6.5 por ciento del salario cotizable. En el caso de Inbursa significa que por cada cien pesos que ingresan a cada cuenta individual, a ella le corresponden 7.60 pesos.
Hay otras Afore más caras, como Principal y Profuturo GNP, que cobran 1.60 por ciento de comisión por flujo, lo que se traduce en 25 pesos por cada cien aportados por el trabajador. En promedio, las administradoras cobran 15.99 pesos por cada cien, además de la comisión por saldo.
En la reforma a la Ley del SAR, que el PRI propuso en el Senado, además de establecer candados para evitar que Elba Esther Gordillo asuma el control del Pensionissste, se incluyeron modificaciones a fin de disminuir, se dijo, el cobro de comisiones a los trabajadores. Así, se decidió eliminar la comisión por flujo. ''Aparentemente es una medida correcta, pero el problema es que PRI, PAN y PVEM no tomaron previsiones y permitieron que las Afore presenten una propuesta para restructurar las comisiones y, dada la actuación de esos grupos financieros, es obvio que la comisión por flujo que perderán la van a repercutir en su mayor parte en la de saldo''. De esta forma, Inbursa -por ejemplo- va a cobrar 0.75 o un punto, y ello repercutirá en las cuentas pasivas, explicó Alonso.
Detalló que de acuerdo con cifras oficiales hay 37 millones de cuentas administradas por las Afore, de las que sólo 13 millones son activas, esto es, donde el trabajador sigue aportando, y las restantes 23 o 24 millones son conocidas como cuentas pasivas, es decir, en las que los trabajadores ya no aportan porque perdieron el empleo o se retiraron al mercado informal.
A estas cuentas pasivas en la actual Ley del SAR se les cobra únicamente la comisión por saldo, pero con la reforma que se aprobó en el Senado eso se elevará y los fondos paulatinamente serán absorbidos por la Afore hasta desaparecer. ''Las nuevas comisiones se comerán esas cuentas y ello ocurrirá como consecuencia de la decisión de legislar al vapor, sin restructurar ni ordenar el sistema, sin corregir de verdad un esquema privatizador que garantiza mínimos en pensiones y servicios médicos a los trabajadores y grandes ganancias a los bancos y los grupos financieros'', dijo el perredista.
Los senadores que aprobaron la Ley del SAR no se molestaron en establecer el cobro de un porcentaje de comisión del rendimiento neto en el caso de las cuentas pasivas. Y como ese descuido hay muchos más, sostuvo. La mayoría PRI-PAN-PVEM avaló también una reforma al ISSSTE que insiste en dejar los ahorros de los trabajadores en manos privadas las que, en lugar de ofrecer rendimientos cobran altas comisiones. De 1997 a 2006 las Afore obtuvieron utilidades por cerca de 95 mil millones de pesos y apenas garantizaron, en el mejor de los escenarios, pensiones equivalentes a 35 por ciento del último salario del asegurado.
Los legisladores tampoco previeron que puede darse ''una corrida financiera'', es decir que, desesperados por la reciente reforma a la Ley del ISSSTE, 300 mil trabajadores de ese instituto que ya tienen derecho a la jubilación decidan exigir masivamente su pensión, con el impacto correspondiente en las finanzas públicas.