El consorcio gasero Grupo Zeta se perfila como uno de los primeros beneficiados del gobierno de Felipe Calderón, con la consolidación de la apertura de Pemex a los capitales privados, a pesar de las acusaciones de monopolizar la distribución del combustible y sus prácticas de corrupción
Ana Lilia PérezEn un abrupto golpe a la economía de los mexicanos, hace unas semanas la Secretaría de Economía del recién estrenado gobierno aprobó un incremento de tres centavos por kilo al precio del gas licuado de petróleo (LP), argumentando incrementos en el costo del energético. Sin embargo, según los analistas, lo que hace que el gas LP sea tan caro es el monopolio que en México mantiene un reducido grupo de distribuidores, bajo el amparo de la Secretaría de Energía (Sener).
El director de Estudios Económicos de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, Francisco Calderón Quintero, define el negocio del gas licuado de petróleo en México como “un cártel del gas”, cuya existencia –solapada por la Secretaría de Energía– genera millonarias ganancias a los distribuidores, a costa del gasto de la población que consume el energético.
El titular del área de investigaciones económicas de la Fundación explica: “un cártel es un acuerdo entre un pequeño grupo de productores que dominan el mercado, ya sea por cuota, ya sea por regiones”.
El economista condena la existencia del monopolio en la distribución de gas LP en México, pues estima que el consumidor paga los altos costos por el hecho de que –con el aval de la Comisión Reguladora de Energía– sólo cinco grupos empresariales distribuyen el energético. Aun con el subsidio de Pemex al gas LP, dice, “el consumidor es quien absorbe los altos costos”.
El Grupo Zeta, el Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, durante décadas, han controlado el mercado de gas de consumo casero en todo el país, y ahora incluso en Centro y Sudamérica.
Se trata de un cártel que por cada litro de venta al consumidor gana el doble del precio al que lo compra a Pemex y que, al estilo de las mafias, entre algunas de sus prácticas ilícitas “ordeña” por lo menos un 10 por ciento de cada cilindro, delito que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, genera ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.
Irónicamente, a la cabeza del “cártel del gas” –al que hace referencia el jefe de investigaciones de la Fundación, creada entre otros por Felipe Calderón Hinojosa– se ubica el Grupo Zeta, al que el nuevo presidente promete abrigo e infinitas prebendas, como las que le diera su antecesor, Vicente Fox.
Las negociaciones en Pemex por parte del consorcio, propiedad de la familia Zaragoza, es un ejemplo de la forma cómo los funcionarios, al mando de Felipe Calderón, conducirán a la paraestatal.
Desde hace unos meses el encargado de diseñar la política petrolera 2006–2015, Marcos Ramírez Silva, operó en la paraestatal para entregar a la familia Zaragoza –que actualmente tiene el monopolio del 72 por ciento de la distribución de Gas Licuado de Petróleo– el negocio de la construcción, mantenimiento y administración de los gasoductos de la paraestatal.
En septiembre pasado, el entonces titular de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) de Pemex, Ramírez Silva, fue designado por Felipe Calderón como su enlace en Pemex y encargado de diseñar la estrategia que se instrumentará en Pemex en los siguientes 10 años.
El modelo realizado por Ramírez Silva, que se hará público en los primeros meses de este 2007, es el SUMA (Fortuna 42), el cual de forma extraoficial y sin tener atribuciones para ello, se aplica en Pemex desde noviembre de 2005, y que consiste en el esquema mediante el cual serán concesionadas las áreas operativas de la paraestatal.
Con el aval de Calderón, antes de su salida oficial de Pemex (en diciembre pasado), con miras a colocarse como asesor en la propia Presidencia de la República, Ramírez Silva hizo las primeras negociaciones para beneficiar a los empresarios por él protegidos en sus años como titular de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).
El consorcio gasero mexicano Grupo Zeta, fundado por Miguel Zaragoza Fuentes, y dirigido actualmente por su hijo, Miguel Zaragoza, y su nieto, Jesús Zaragoza López, controla el 72 por ciento de almacenamiento y distribución de gas LP en México, y posee plantas en países de Centro y Sudamérica como Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España.
El portafolios de negocios de Ramírez Silva proyectó para otorgar a Grupo Zeta (a través de sus filiales, Compañía de Gas de Tijuana, Baja Gas, Combustibles, Distribuidora Mexicana de Gas L.P., Gas Butano Propano de California, Gas Comercial e Industrial, Gas Guadalajara, Gas Licuado, Thermogas, Multigas, Super Gas y Zeta Gas del Caribe) las licencias para la construcción, mantenimiento, administración y operación de ductos de Pemex, facultades constitucionales de la partaestatal, mediante modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex.
Al dar a conocer el diagnóstico general de cómo la administración de Vicente Fox dejaba la paraestatal, el pasado 30 de octubre Ramírez Silva adelantó lo “costoso” que resulta para Pemex el mantenimiento de ductos y la posibilidad de eximir a la paraestatal de esta obligación.
Sin embargo, omitió mencionar las concesiones que operó a favor de empresas privadas, y que bajo este nuevo esquema será Pemex quien deberá pagar por el uso de los ductos; al Grupo Zaragoza, vinculado a oscuros beneficios del gobierno de Vicente Fox, y ahora de Felipe Calderón.
Los beneficios azules
Prácticas ilegales de monopolio en México y el extranjero; acciones antisindicales y violadoras a las normas internacionales del trabajo y de los derechos laborales de sus empleados; la sospechosa concesión para operar una terminal marítima de gas, única en su tipo en instalaciones de la SCT en el Puerto de Manzanillo; fraude a los consumidores; y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por de tráfico de influencias y sobornos a funcionarios de Pemex, constituyen el historial que acumuló, en los últimos seis años, el consorcio gasero de los Zaragoza.
Además hay indagatorias por narcotráfico, que en el sexenio de Ernesto Zedillo abrió la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra Miguel y Jesús Zaragoza, por traficar cocaína en sus pipas de gas. Y una denuncia que posteriormente se abrió por el presunto lavado de dinero de la familia en la asociación “Amigos de Fox”.
El dinero que Miguel Zaragoza y su hijo Jesús Zaragoza López dieron al guanajuatense para su campaña fue bien retribuido. La instalación de plantas de gas de Grupo Zeta en Centroamérica fue promovida desde la misma cancillería mexicana, con Jorge Castañeda, como una de las prioridades del gobierno mexicano dentro de su “impulso” al Plan Puebla Panamá. La promoción, apoyos de inversión y facilidades legales, para que Zeta expandiera sus negocios en la región, se hicieron por medio del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
El último regalo de Fox a los Zaragoza fue la autorización para construir y operar la terminal marítima para el almacenamiento y distribución de gas en instalaciones de la SCT, en Manzanillo, Colima. Aún cuando este tipo de funciones son exclusivas de Pemex, Fox dio a los Zaragoza el permiso para tener su terminal privada para la recepción, almacenamiento y distribución de gas LP. La concesión se tramitó en sólo seis días, a nombre de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., e incluyó un jugoso contrato por 300 millones de dólares al año para la importación de Gas LP.
En mayo pasado, la terminal de Zeta fue inaugurada por el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y por el delegado de la SCT en la entidad, Guillermo Frank Escobar. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó los permisos aun cuando la gasera tiene cuantiosas y documentadas denuncias de irregularidades en sus plantas, así como robo a consumidores.
Uno de los casos más escandalosos, por ejemplo, fue cuando sobre Zeta Gas del Caribe –que tiene el monopolio de gas LP en Cancún– llovieron demandas de damnificados por el huracán Stan a los que Zeta surtía de cilindros “ordeñados”, aprovechando el río revuelto del desastre.
Ni Dionisio Pérez-Jácome Friscione, ni Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, titulares de la CRE en el sexenio foxista, suspendieron una sola autorización a Zeta.
Es más, Pérez-Jácome Friscione, hoy flamante coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, hizo caso omiso a los reclamos de monopolio contra el Grupo Zeta solapando todos los abusos de la familia Zaragoza.
Los negocios oscuros en PemexProtegido de Adrián Lajous como titular de Pemex, Ramírez Silva ingresó a Pemex en 1971, y en 1996 fue nombrado titular de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Durante 10 años de su estancia en PGPB, Ramírez solapó licitaciones amañadas, concursos simulados y concesiones operadas por él para favorecer al consorcio de los Zaragoza.
En el contexto de esta red de negocios privados, a mediados del régimen foxista, la abrupta salida de Raúl Muñoz Leos de la dirección general de Pemex benefició a Ramírez Silva y a las empresas protegidas por él y por el propio Luis Ramírez Corzo, quien convirtió a Ramírez Silva en su principal asesor y titular de la DCO.
A inicios del sexenio de Vicente Fox, Ramírez Silva otorgó a Ramírez Corzo, en ese entonces representante de Turbinas Solar, adjudicaciones directas de contratos por 48 millones de dólares, los cuales fueron investigados por contralores internos asignados a PGPB, por la supuesta inexistencia del material que Pemex pagó a Ramírez Corzo. Cuando Ramírez Corzo fue nombrado titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), la SFP determinó que no existía daño patrimonial, y como medida interna despidió a algunos de los contralores que denunciaron y documentaron las irregularidades.
En diciembre de 2005, Ramírez Corzo designó a Ramírez Silva como director corporativo de Operaciones. El funcionario generó las prebendas para Grupo Zeta, a niveles de ordenar auditorías ambientales para cancelar la operación de ductos a los competidores del consorcio en la zona metropolitana, como Gas Metropolitano, de Eduardo Ramírez; Bello Gas y Vela Gas, propiedad ambas de Lázaro Bello; Unigas; y Gasomático y Gas y Servicio, del grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza.
Así, la pugna por el energético y las concesiones que otorgan Pemex y la CRE, para su distribución, se han convertido también en un pleito casado entre los hermanos Zaragoza. En la disputa por el negocio, Miguel Zaragoza, ha utilizado sus influencias en Pemex para influir en el cierre de gasoductos que maneja Tomás Zaragoza, como el de Carpio-San Juan Ixhuatepec.
La forma como Miguel Zaragoza y su hijo Jesús operaron el cierre del ducto para sacar a Tomza de la distribución de gas en la zona metropolitana es la siguiente:
Como titular de la Dirección Corporativa de Operaciones, teniendo a su cargo el programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) de la paraestatal, Marcos Ramírez recibió de Ramírez Corzo la orden de hacer un diagnóstico de la accidentalidad en Pemex, y diseñar las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo de un plan de emergencia para evitar accidentes y establecer las acciones relacionadas con el mantenimiento y operación de ductos.
El diagnóstico, en poder de este medio, reveló que en México hay 12 mil 592 kilómetros de gasoductos considerados con niveles de alta peligrosidad, ubicados en las ciudades de Monterrey, Chihuahua, Veracruz, Minatitlán, Reynosa, Toluca, Guadalajara, Poza Rica, Tlaxcala.
Dentro del diagnóstico se ubica el ducto de San Juanico por debajo de éstos, pero funcionarios de Pemex, encabezados por Ramírez Silva, ocultaron la información para ventilar únicamente la “peligrosidad” de San Juanico.
El tramo Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec se ubica en el lugar número 17 en la clasificación de riesgo preventivo, es decir, que “requiere de acciones inmediatas a corto y mediano plazos para eliminar el riesgo”.
Aunque el diagnóstico que realizó personal del SSPA urge a Pemex Gas y Petroquímica Básica a cerrar los gasoductos considerados de alta peligrosidad, sólo se procedió sobre San Juanico, por el afán de Miguel Zaragoza de sacar del mercado a los distribuidores de la zona metropolitana del país, incluido su hermano Tomás.
Para garantizar el cierre del ducto, el gerente de Operaciones de Gas en PGPB, Alberto Cervantes, gestionó ante la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación la orden, avalada legalmente por Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal.
Contralores internos de Pemex señalan que la “necesidad” del cierre del gasoducto de San Juanico se operó en las oficinas corporativas de la paraestatal, entre funcionarios de Pemex, Gobernación, Energía y Miguel y Jesús Zaragoza López, desde inicios de 2006, para que sin sus competidores, en los primeros meses de 2007 se autorice a Zeta Gas del Pacífico dotar a las zonas Centro y Occidente del país del suministro de gas LP, mismo que será trasladado desde su terminal marítima en Manzanillo.
Según Víctor Moya, general de Grupo Zeta Gas del Pacífico, la terminal de Manzanillo operará al ciento por ciento de su capacidad en 2007, que coincide con las nuevas autorizaciones que le otorgarán Pemex y la CRE a Miguel Zaragoza, para que incremente su participación en el mercado de gas para consumo doméstico.
Funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica señalan que la operación de los beneficios que los operadores de Felipe Calderón darán a Grupo Zeta –durante el sexenio– incluye también la supuesta rehabilitación de los ductos de la zona de San Juanico, para que luego estos mismos sean entregados a alguna de las empresas del Grupo Zeta.
Las complicidades de la SFPLa red de corrupción que tendió la familia Zaragoza, dentro de la paraestatal mexicana, fue denunciada en Pemex desde hace poco más de cuatro años a la entonces Secodam, cuando el ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, estaba al frente y luego durante la gestión de su sucesor, Eduardo Romero Ramos, oriundo de Chihuahua. Ambos funcionarios mantuvieron archivadas las denuncias, la razón: los apoyos que el consorcio gasero dio al propio Barrio durante su administración en Chihuahua, en el que Romero Ramos se desempeñó como su secretario de Gobierno.
De hecho la mayoría de los contralores insertados en Pemex, que recibieron las denuncias sobre el grupo gasero, en su mayoría ex funcionarios de Barrio en Chihuahua, tenían la consigna de proteger a los gaseros.
Desde sus tiempos de gobernador, Barrio Terrazas protegió abiertamente a otro de los integrantes de la familia: Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, investigado durante el gobierno de Carlos Salinas por la PGR, por sus vínculos con el narcotraficante y fundador del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, concuño de Pedro Zaragoza. La indagatoria se archivó cuando el entonces gobernador de Chihuahua intercedió por el empresario.
Las denuncias enviadas a la SFP señalan irregularidades en concesiones, tráfico de influencias y millonarios sobornos a funcionarios de alto nivel de Pemex, entre ellos Marcos Ramírez Silva, Roberto Ramírez Soberón (a quien Ramírez Corzo colocara como director de Pemex Gas cuando ascendió a Ramírez Silva a la Dirección Corporativa de Operaciones) ratificado en Pemex Gas por Felipe Calderón. Las denuncias incluyen también a Alberto Cervantes, gerente de operaciones de Pemex Gas y a Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal. Este último, quien fungía como gerente jurídico de Ramírez Corzo en Pemex Exploración y Producción, fue designado como abogado general para encargarse del blindaje jurídico para la red de corrupción que se estaba consolidando, y los contratos otorgados a empresas que gestionaban familiares de Marta Sahagún.
Además de su negro expediente archivado en la SFP, el Grupo Zeta acumula otro en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, donde también gozaron de la protección del procurador Carlos Arce.
Las denuncias y quejas de los consumidores hablan de la venta “ordeñada” del gas. Las denuncias se dispararon a finales de 2005 con el huracán Stan, cuando en las zonas de desastre –Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz–, Grupo Zeta vendía a los damnificados el combustible “ordeñado” a precios por encima de los autorizados.
Acusaciones de monopolioLa mala fama de los gaseros mexicanos tiene ya su historia propia en los países de Centro y Sudamérica donde operan actualmente, acusados de monopolio, sobornos a funcionarios locales y robo a los consumidores.
Recientemente la Asociación de Empresas de Gas de Perú presentó una denuncia contra Zeta Gas Andino (filial de grupo Zeta) por prácticas monopólicas y sobornos a funcionarios peruanos, “como estrategia para quebrar a empresas locales”, cita la querella presentada por la Asociación que encabeza Carlos Jara, en la que se involucra al titular de Energía y Economía del país sudamericano, Jaime Quijandría, de complicidad y corrupción con los gaseros.
En julio pasado el Programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú, lanzó una “alerta nacional” para fichar a Zeta Gas Andino S.A. como una “transnacional fraudulenta”. La alerta se deriva de una denuncia hecha por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que acusa a la gasera de la aplicación sistemática de políticas antisindicales, específicamente contra los afiliados al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas del Perú (Suntegasp).
El Suntegasp acusa a la empresa de Miguel Zaragoza y Jesús Zaragoza López de explotación de los trabajadores peruanos para “elevar su bonanza económica”.
Zeta Gas Andino inició operaciones en Perú apenas en enero de 2006, cuando el entonces presidente de ese país, Alejandro Toledo, abrió a la IP el sector energético.
En Guatemala, la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares ha presentado denuncias contra la gasera mexicana por prácticas monopólicas y el robo a consumidores al “ordeñar” los cilindros de gas.
En el país Centroamericano la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para que se investigue los supuestos actos de corrupción entre el titular de la Dirección General de Hidrocarburos, Richard Smith, para proteger a las empresas de la familia Zaragoza.
