Rogelio Ramírez de la O
18 de diciembre de 2006
Una lectura de varias columnas sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el abuso de precios revela en unos casos falta de profundidad de los comentaristas y en otros prejuicios.
Quizás varios comentaristas no resisten la tentación de condenar las propuestas de López Obrador aun antes de reflexionar en ellas. El tema de los precios abusivos, sin embargo, es de tal importancia que sujetarlo a las lealtades políticas sería irracional.
Una estructura de precios altos en unos sectores y precios bajos o competitivos en otros, incluyendo en estos últimos los salarios, nos impide desarrollarnos. Primero porque los precios altos en bienes que son insumos de la producción aumentan los costos. Muchas empresas que podrían competir y crecer, no lograrán hacerlo. La economía tiene un freno.
Por ejemplo, el precio del cemento, más del triple que el precio internacional, eleva los costos de construcción. No se necesita ser adivino para concluir que si este insumo tuviera un precio igual al internacional, habría mayor construcción de vivienda. Los presupuestos públicos para obras de infraestructura alcanzarían para hacer mucha más obra que la que hacemos.
Los altos precios de la telefonía y de internet también encarecen la operación de negocios como el turismo, los restaurantes, y empresas de prestación de servicios. Así como el cemento impide mayor construcción, las telecomunicaciones caras impiden a empresas y a personas de talento que desarrollen nuevos procesos en informática, diseño, ingeniería o ciencia. México pierde por innovaciones que se dejan de hacer. Los estudiantes que no tienen acceso al internet se quedan rezagados de los estudiantes de Norteamérica o Europa, sólo por un problema de carestía del servicio.
Quienes verdaderamente desean que México gane en la globalización deberían darse cuenta que nunca seremos competitivos con estos precios.
Ni qué decir de los precios de la energía, que afectan toda la cadena de costos, desde los combustibles hasta la iluminación, calefacción y transporte. O los servicios bancarios, que generan crecientes utilidades para la banca, pero restan poder de compra a empresas y consumidores.
Es cierto que México ya tiene una ley de competencia y una comisión de competencia, y López Obrador propuso una ley y una comisión adicionales. Esto es normal en los países desarrollados en donde una sola comisión y ley no serían suficientes para cubrir toda la gama de problemas monopólicos. Así, antes de descalificar la propuesta debería considerarse que la Ley Federal de Competencia se vería reforzada en el combate de prácticas anticompetitivas. Por otra parte, el problema de precios exagerados en sectores importantes con frecuencia tiene un ámbito distinto al de la competencia y la prueba de ello es que dichos precios han subsistido aun cuando la ley y la comisión están vigentes desde 1993. No se puede negar que México tiene un problema que no tienen los países con los que comerciamos.
En muchos casos los grandes monopolios han sorteado exitosamente la acción de la ley y de su comisión en temas que ni siquiera se aproximan a los precios abusivos. Por ejemplo, la comisión ha perdido juicios muy importantes sobre si una empresa es o no es dominante en un mercado, sin siquiera llegar a cuestionar sus precios. Y las mismas empresas administran prolongados juicios en los tribunales, aprovechando todas las posibilidades del derecho administrativo, con la actitud más relajada.
Utilizar una referencia internacional de precios para fijar el criterio del posible abuso de precios es consistente con la premisa de que somos parte del mundo global. En ese mundo hay una oferta infinita de bienes y servicios de productores que compiten entre sí. Desde 1985 nuestra política comercial ha sido abrir nuestra economía a esa oferta, permitiendo la importación, salvo excepciones. A principio de los 80 había altas barreras a la importación, pero éstas fueron eliminadas sin que valieran argumentos de que era necesario proteger a industrias o empleo. Las empresas que no podían competir con el mundo no subsistieron y hoy prácticamente no hay empresas ineficientes. Por eso la tarifa de importación promedio ponderada es apenas 2.9%.
La propuesta de precios competitivos busca una acción ágil enfocada sobre precios que son claves para el éxito de las empresas y para el presupuesto de las familias. Sólo se ocupa de precios superiores a los internacionales en 10% o más, y sólo cuando esos precios provengan de sectores en donde hay concentración en unos cuantos fabricantes. Lo que varios comentaristas piensan que llevaría a una "cacería de brujas", ante la posibilidad de numerosos casos de precios altos, es erróneo, pues los casos de concentración no son muchos.
Qué bueno que han surgido varias explicaciones de esos precios altos por las mismas empresas o por sus aliados. Una es que los precios surgen de condiciones del mercado y que nadie debe tratar de regularlos. También se dice que a veces los precios son altos por la escala de producción y el costo de insumos. Las respuestas que surgen de la propuesta son claras. Los precios de insumos caros se corregirían con la acción de esta ley, incluyendo los de la energía. La escala de producción no es excusa válida para los casos de precios altos porque no ha sido válida para forzar a empresas pequeñas a competir con otras mucho más grandes en el mundo: por ejemplo, en acero, textiles, plásticos o auto partes. La ley no busca el control de precios, sino permitir la entrada de proveedores con precios competitivos al mercado.
La propuesta de precios competitivos es garantizar a los interesados que puedan obtener sustitutos más baratos a importarlos o producirlos en México, sin que las autoridades lo impidan con barreras a la importación o con barreras regulatorias.
Quienes cuestionan esta propuesta deben contestar dos preguntas: ¿merece o no México tener precios de bienes y servicios competitivos? ¿Es correcto que las autoridades toleren el abuso de precios contra familias y empresas por unos cuantos grandes productores?