Pa que anda de hablador el Gober Penoso, diciendo que lo de Oaxaca estaba resuelto y que nomas era el coletazo y ahora pide chichi a gobernacion por que no sabe que hacer.
Que alguien le avise por favor que Ulises ya cayo! Ulises ya cayo!
Viva el Honorable pueblo de Oaxaca!
Pide Ulises Ruiz a Ramírez Acuña el retorno de la PFP a Oaxaca
Previsiones del mandatario estatal ante un posible reforzamiento de la APPO
Sigilosa reunión de hora y media entre ambos
Gobernación no informó sobre el encuentro
ALMA E. MUÑOZ
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Imagen de archivo Foto: José Carlo González El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se reunió por primera vez en Bucareli con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, por espacio de hora y media, aunque se sabe que con anterioridad ya habían mantenido contacto.
Trascendió que el mandatario estatal acudió para solicitar entre otros puntos tratados que se ampliara la seguridad en el estado con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), ante la posibilidad de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se reforzara tras superar la etapa de la aprehensión masiva de sus integrantes, a partir de los hechos del pasado 25 de noviembre.
Ulises Ruiz fue captado por algunas cámaras al momento de salir de la reunión manejando su camioneta Mercedes Benz negra y escoltado por otro vehículo en el que viajaban sus guardaespaldas, pero en la Secretaría de Gobernación no hubo información oficial al respecto.
Resalta el hecho de que el gobernador acudiera con Ramírez Acuña dos días después de que se ventilaran los casos de abusos sexuales en contra de 15 integrantes de la APPO, por parte de policías federales, cuando eran trasladados tras su detención en Oaxaca al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Además, de que se documentaran en la Cámara de Diputados los hechos y se informara que legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática presentarán denuncia por los mismos ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya
El conflicto, vigente
En Oaxaca fueron enviados, a finales de septiembre, mil 400 elementos de la PFP, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, y órganos ministeriales del mismo.
Los policías federales comenzaron a ser retirados de la entidad en diciembre, cuando se instrumentó la llamada Operación Michoacán, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Entonces, la seguridad en Oaxaca regresó a manos de Ulises Ruiz. Fuentes cercanas al gobierno de ese estado afirmaron que el mandatario busca reforzar esta área tras el plan de acción tomado por la APPO, luego de que en Gobernación se pospusiera la reunión que tenían programada para el lunes pasado.
Como se recordará, la postergación del encuentro se dio bajo el argumento de que no tenía caso continuar discutiendo sobre la liberación de presos, la cancelación de órdenes de aprehensión y la renuncia del gobernador. En cambio, se les pidió entregar una agenda sobre la reforma del estado de Oaxaca, para que a su vez la dependencia les entregara una contrapropuesta.
Desde la pasada administración, en el contexto de la mesa de negociación con los oaxaqueños, que entonces encabezaba el secretario de la dependencia, Carlos Abascal Carranza, se iniciaron auditorías a programas del gobierno de Ruiz Ortiz.
El martes anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como anticonstitucionales las reformas a diversos artículos de la Constitución de Oaxaca, mismos que establecían que los diputados locales y los miembros de los ayuntamientos estarían en su cargo un año, y que en el caso del gobernador, el Congreso local designaría a un interino, de 2010 a 2012, con el fin de homologar las elecciones estatales con las federales.
A la salida de Ulises Ruiz de Bucareli, que se produjo alrededor de las 15:30, llegaron a la Secretaría de Gobernación los legisladores panistas Santiago Creel Miranda, Héctor Larios y Jorge Zermeño, para comer con Ramírez Acuña. Tampoco se dio información al respecto.
Prematuro, acudir a la corte de La Haya: especialistas
(???? Pero si aqui no quieren hacer nada no veo por que seria prematuro hacer algo fuera del acanse del nepotismo y la impunidad que solapa siempre los actos mas viles de represion y vilacion a los derechos humanos en nuestro pais).
Las vejaciones a appistas deben castigarse localmente
El gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad para garantizar que se castigue a los responsables'', señalan
CAROLINA GOMEZ , LAURA POY
La policía estatal reforzó la vigilancia en el centro de la ciudad de Oaxaca, ante el anuncio de la APPO de realizar una marcha.
Especialistas en derecho constitucional aseguraron que ante las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Oaxaca, el gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad de investigar los hechos y, en su caso, garantizar que se sancione a los responsables''. No obstante, organizaciones civiles de defensa de las garantías individuales insistieron en que antes de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Penal de La Haya, necesariamente deberán haberse agotado por requisito todas las instancias judiciales y de procuración de justicia a nivel nacional.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que la inoperancia de las autoridades locales no puede ser obstáculo para ''buscar la aplicación de la justicia en el ámbito nacional''.
Sin afán de restar importancia debido a la ''gravedad'' que tuvieron los hechos, los defensores insistieron en que no sería la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la instancia a la cual correspondería analizar el caso, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya conoce del asunto.
Por su parte, Fabián Sánchez, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que de acuerdo con los estatutos de la corte, estos casos ''no cumplirían los requisitos de admisibilidad'', pues para sancionar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por delitos de lesa humanidad, tendrían que existir denuncias penales en su contra, que los jueces hayan fallado a su favor o que se hayan negado a juzgarlo, y nada de eso ha ocurrido''.
Agregó que pese a lo ''repudiable'' de los hechos, y la necesidad de que se ''castigue con toda la severidad a los culpables'', es un ''absurdo'' el haber planteado esta posibilidad, sobre todo porque ''crea falsas expectativas en las víctimas''.
A su vez, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, refirió que la iniciativa en cuestión es ''buena'', pero dejó en claro que antes ''habría que documentar muy bien el caso y haber agotado todas las instancias de procuración y administración de justicia, tanto locales como federales'', además de contar con los reportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Abulia de autoridades
Al respecto, expertos constitucionalistas insistieron en que la administración federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, y las autoridades encargadas de la procuración de justicia, no pueden continuar en la ''abulia'' ante testimonios y denuncias de las víctimas, pues tienen ''la obligación constitucional de velar por la seguridad de sus ciudadanos, pero también por el respeto a las garantías individuales, sin que exista excusa alguna para evadir este mandato''.
Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Iberoamericana, afirmó que ''de no imponerse un límite a estos excesos policiacos en contra de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se propiciará una pedagogía del autoritarismo'', y afirmó que una tarea urgente para los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es ''promover un juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, pues antes de llegar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es necesario agotar todas las instancias jurídicas nacionales''.
Destacó que, además de la responsabilidad penal ante cualquier abuso de la autoridad y violación a los derechos humanos, también existe una responsabilidad política y administrativa ''por omisión e inacción de parte de los organismos responsables de procurar justicia y proteger estos derechos, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre todo si esta última continúa sin exigir el esclarecimiento puntual de los hechos''.
Al respecto, Eduardo Torres, experto en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que los abusos cometidos en Oaxaca y Nayarit, ''no pueden quedar como un simple testimonio mediático, cuando es evidente que los compromisos políticos de la administración calderonista han favorecido la protección, no sólo del gobernador Ruiz, sino el incumplimiento al mandato constitucional de proteger a los ciudadanos''.
De continuar una visión ''de corto plazo'' en la administración federal, sin garantizar el respeto al estado de derecho, se alentará insistió en todas las instituciones del país una práctica similar en el uso excesivo de la fuerza pública y una ''total indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos''.