Carlos Ramírez
El narcotráfico, un apéndice del Estado
De 84 a 2007 crece con apoyo policiaco
No hay novedad: en 1984-1985 las principales policías del país se habían convertido en protectoras de las bandas de narcotraficantes. Hoy, a veintidós años de distancia, el problema número uno del narcotráfico radica en la complicidad de policías con los principales capos de la droga.
En 1984, el columnista Manuel Buendía había recopilado información de los jefes policiacos y mandos militares que apoyaban a las principales bandas del narco, pero fue asesinado antes de difundir sus revelaciones. Sin embargo, el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en Guadalajara, Enrique Camarena Salazar, descubrió en 1985 a jefes de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Judicial Federal y de policías locales que estaban al servicio del narco.
Por tanto, el principal problema del narcotráfico no radica en el lavado de dinero --tesis distractora del jefe capitalino de gobierno Marcelo Ebrard-- ni en la multiplicación de las narcotienditas sino en la corrupción del sistema policiaco, judicial y penal que no sólo no combatió a las bandas sino que les brindó protección. De ahí que los “descubrimientos” de policías municipales al servicio del narco hayan sido apenas la punta del iceberg del poder de dominación de los capos de la droga.
La estrategia gubernamental en sus operativos en Michoacán y Tijuana carece de profundidad y opera en el mundo de las apariencias. Los retenes son inútiles porque afectan más al ciudadano que a los narcotraficantes y la presencia policiaca en las calles quiere dejar la sensación de seguridad en la población. Pero en el país sigue intacto el poder del narcotráfico. A la estrategia oficial le falta un criterio de profundidad y de integralidad.
Al final, el narcotráfico es una estructura de poder basada en la corrupción del dinero. El narco no puede disputarle poder al Estado pero sí --y lo ha hecho con consistencia-- disminuir el poder de represión del Estado. La corrupción de policías y militares es un problema que viene desde el origen de la conformación organizada de las bandas del narco. Hoy son policías municipales, pero hace poco fue --en acusación oficial-- nada menos que el zar mexicano de lucha contra el narco y mucho antes altos jefes policiacos.
Y si bien el narco no ha podido superar al Estado, sí ha conseguido crear estructuras paralelas o inmovilizar a los responsables de las áreas del Estado encargadas de combatir a las bandas del narcotráfico. En todo caso, la gran indagatoria sobre el poder del Estado debería concluir si el auge del narco fue producto de acuerdos oscuros del narco en los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox. Sólo un pacto secreto con el Estado habría de explicar la capacidad de dominio territorial, político, policiaco, judicial, financiero y social del narcotráfico.
Se trata, por tanto, de un narcopoder; es decir, de una estructura de hegemonía de la criminalidad sobre las instituciones republicanas. Ante este poderío, los operativos del gobierno de Calderón son solamente distractores: nada más algunos policías municipales involucrados y algunos gatilleros arrestados. Sin embargo, la estructura de poder del narcotráfico no ha sido tocada: tráfico de armas, instalación de tiendas para el consumo popular de droga, lavado de dinero, dominio de los sectores turístico e inmobiliario, corrupción del poder judicial y de defensa legal y control de los penales.
Asimismo, los operativos del gobierno de Calderón han eludido uno de los temas más delicados: las complicidades de los gobiernos federales anteriores, incluyendo el de Fox. No tendrá credibilidad el operativo de Calderón en Tijuana que quiere sacar a Jorge Hank Rhon de la lucha por la gubernatura --hoy en manos del PAN-- si no abre investigaciones sobre el auge del narcotráfico en el gobierno foxista y el panismo en la administración bajacaliforniana. Fox, como los presidentes de la república anteriores, han sido responsables por omisión o por comisión o por negligencia.
Los resultados de los operativos, por tanto, deben medirse en función del daño contra la estructura de poder del narcotráfico y no por las secuelas políticas que afecten a aspirantes de la oposición al panismo. Asimismo, el gobierno calderonista y los gobiernos estatales deben de entrarle de frente al gravísimo conflicto de las narcotienditas porque representan focos de medición del creciente consumo popular de la droga. Peligrosamente, México ha dejado de ser un país de siembra, producción, paso y contrabando de la droga para sumarse a las sociedades con alto consumo de estupefacientes.
Pero con las narcotienditas ha ocurrido lo mismo que con el narco en general: nadie quiere combatirlas. Por eso el gobierno del DF desvía la atención del peligroso y grave aumento de narcotienditas y el correlativo crecimiento del consumo al menudeo, y distrae a la sociedad con el lavado de dinero producto del tráfico de drogas. Con ello, el gobierno del DF estaría solapando a las bandas del narcotráfico que han creado verdaderas zonas francas en la ciudad en donde la policía no puede entrar.
En este contexto, los operativos en Michoacán y Tijuana han sido golpes espectaculares de Calderón, pero ajenos a cualquier estrategia real y de fondo de lucha contra el narco. Por eso los cárteles siguen operando, las estructuras de poder de las bandas no han sido lastimadas y el dominio territorial tampoco ha sido disputado. Del asesinato de Buendía en 1984 a manos de intereses del narco a Tijuana 2007, los gobiernos federales han temido combatir a fondo a los capos de la droga.
carlosramirezh@hotmail.com