domingo, julio 24, 2011

Desplazados, un fenómeno creciente en México.

Los Desplazados

La migración forzada de población es un fenómeno creciente en el que no hay cifras oficiales, ni una política gubernamental que se proponga atenderlo.

Domingo, 24 de Julio de 2011
Por: Jésica Zermeño Agencia Reforma

El caso más conocido y medido es Ciudad Juárez y el Valle que la rodea, pero el problema puede rastrearse en por lo menos ocho entidades más. En un corredor de municipios que comienza en Monterrey y prácticamente toda la frontera oriente de Nuevo León. En el centro de Tamaulipas y su llamada “frontera chica”. En algunas alcaldías de la sierra tarahumara. En zonas de la tierra caliente que comparten Michoacán y Guerrero y en enclaves en Durango, Sonora y San Luis Potosí. En estos lugares la población ha optado por migrar para huir de la violencia y de las amenazas del crimen organizado.

No hay cifras oficiales, pero el desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia es un fenómeno creciente en el país. Por lo menos 230 mil este sexenio, según el informe 2010 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados. De éstos, 120 mil migraron el año pasado, de acuerdo con el organismo.

Hoy, el desplazamiento forzado por la presencia de la delincuencia organizada y la violencia amenaza con salpicar más territorios. El mecanismo de abandono tiene dos vertientes. En algunas zonas, donde los enfrentamientos a fuego son lo cotidiano, la migración ha sido masiva y ha respondido a amenazas directas del crimen organizado. Habitantes de poblados, casi siempre rurales, son obligados a abandonar su hogar lo más pronto posible. Estorban para el negocio y la operación del crimen.

En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.

El resultado en ambos casos es el mismo: pueblos y ciudades sin vida, muertos, para que sus antiguos pobladores no compartan esa suerte.

La mayoría de los migrantes se han trasladado a otra parte del territorio nacional. Otros, los que han podido, se han refugiado en Estados Unidos.

Enfoque logró identificar por lo menos 70 municipios en todo el territorio nacional en los que se han registrado desplazamientos forzados, tomando como base los datos demográficos proporcionados por el Inegi , testimonios, opiniones de autoridades locales, activistas de derechos humanos y especialistas.

Estos municipios están concentrados en Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

La radiografía estatal de estos territorios es el mosaico del éxodo interno que vive el país.

GUERRERO

En Puerto Las Ollas, en Coyuca de Catalán, existe hoy un poblado improvisado conformado por gente que huyó de la comunidad de La Laguna, del Ejido Los Huajes, en la tierra caliente.

Según Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura -organización que ha monitoreado la situación-, actualmente 177 personas hacen su vida ahí como pueden, pues huyeron masivamente de la amenaza directa de los grupos del crimen organizado. La afrenta: impedir que talaran los árboles. Primero huyeron las mujeres y los niños, después los alcanzaron los hombres.

De acuerdo con el activista, el desplazamiento en esta zona tiene un tinte distinto al de otros lugares: el Ejército cataloga el territorio como de acción contrainsurgente, por lo que los desplazados son considerados enemigos lo mismo por los delincuentes que por los uniformados. Los casos de tortura son constantes.

Pero este caso no es el único en la región y, por cifras, no es el más grave. De acuerdo con el Inegi, Coyuca de Catalán no reporta pérdida de población. El foco rojo más brillante está en Zirándaro: mil 240 habitantes menos entre 2005 y 2010.

Los pobladores de ese municipio de tierra caliente no dudan en calificar la reducción de población como éxodo, por la llegada de La Familia a la zona junto con su régimen estricto de extorsiones. Cuentan incluso que un grupo de comuneros intentó defender sus tierras con armas de fuego, pero la insurrección no duró ni tres días. Los comuneros huyeron. Hoy los comercios están cerrados y la tierra ociosa.

Existen también indicios de que en las zonas periféricas de ciudades grandes, como Acapulco y Zihuatanejo, la gente ha huido.

CHIHUAHUA

El Valle de Juárez, que rodea a la ciudad más violenta del mundo, cuenta con municipios donde la migración masiva es evidente, en las calles y en las cifras.

Según los datos del INEGI, Práxedis G. Guerrero, el municipio que se hizo célebre por tener de jefa de seguridad pública a Marisol Valles, una estudiante de criminología de 20 años, ha perdido 3 mil 715 habitantes. Muchos, como Marisol, se fueron a Estados Unidos.

Otro municipio azotado por el desplazamiento forzado es Guadalupe: hoy tiene 2 mil 690 habitantes menos que en 2005.

Rodolfo Rubio, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, asegura que la mayoría de los desplazados en el Valle de Juárez, donde se encuentran ambos municipios, se han trasladado a Ciudad Juárez, que también enfrenta un problema de desplazamiento forzado mayúsculo. Por eso en las cifras oficiales la población de esa ciudad no se ha reducido.

“El tipo de población que se ha movido es básicamente rural, con pocos recursos, como puede. También hay desplazamientos en las zonas serranas, pero ésos, como están lejos, son menos visibles”, dice el académico.
Con base en la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de la ciudad, se calcula que alrededor de 230 mil personas han abandonado su hogar en Juárez, municipio de tradición migrante, a causa de la violencia.

La situación de la violencia en Juárez es tal que en 2010 el gobierno de Veracruz ayudó a salir de la ciudad a más de 300 “juarochos”: veracruzanos que se habían trasladado allá desde hacía años para trabajar, dándoles el pasaje aéreo de retorno y becas para sus hijos. El gobierno de Fidel Herrera aseguró entonces que podían regresar más de 15 mil.

Otros municipios con migración por violencia asociada a falta de oportunidades laborales, de acuerdo con el investigador, son Madera (menos 2 mil 420 habitantes), Bocoyna (mil 141 habitantes menos), Maguarichi (menos 195), Temósachi (menos 108) y Matachí (menos 65). Otro municipio es guanahuiriachi, aunque oficialmente no ha perdido población.

MICHOACÁN

A finales de mayo pasado, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina, Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil 500 personas podrían haber huido de los enfrentamientos entre La Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se tradujeron, el 28 de mayo del 2011, en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que iba en apoyo de la PF.

Autoridades locales aseguran que esos albergues improvisados hoy están vacíos. Que las familias, la mayoría pobres y campesinas, regresaron a cuentagotas a sus hogares. Pero aceptan que el miedo persiste y los desplazamientos pueden darse en cualquier momento.

En Michoacán las cifras oficiales no dejan ver pérdidas importantes de población a nivel municipal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no reporta desplazamientos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Población reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de población en Coalcomán (menos 541 habitantes), Tumbiscatío (menos 473), Morelos (menos 434), Chucándiro (menos 350), Tzitzio (menos 228), Carácuaro (menos 125 habitantes) y Chinicuila (menos 72).

Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.
Otros municipios, como Cherán, todavía resisten el embate de los delincuentes.

TAMAULIPAS

En noviembre pasado, el país se enteró del drama que vivía Mier, municipio localizado en la frontera chica tamaulipeca, cuando alrededor de 300 de sus habitantes llegaron a la alcaldía vecina de Miguel Alemán pidiendo cobijo, pues Los Zetas habían amenazado con matar a todos los que se quedaran en el pueblo. También se unieron a la migración masiva pobladores de Guerrero y Valle Hermoso. Se instaló un albergue temporal para atenderlos.

Las autoridades aseguran que la mayoría de los desplazados regresaron a sus hogares días después, pero los datos del INEGI para 2010 confirman la migración en Mier, que tiene mil 777 habitantes menos que en 2005. Hoy la ciudad sigue solitaria, a pesar del patrullaje de las Fuerzas Armadas. Guerrero y Valle Hermoso no reportan pérdida de población.

En otra alcaldía, de manera desapercibida, se ha reducido la población con creces. Camargo, ubicada también en la frontera chica, ha expulsado a 2 mil 654 personas, según datos oficiales. Videos en la red atestiguan la situación del municipio: camionetas incendiadas abandonadas en las carreteras y casquillos percutidos tirados en el piso por días, falta de luz, agua, teléfono.

Otra zona en la que se ha reportado migración forzada es San Fernando y su periferia. Tras la ejecución de 72 migrantes en agosto de 2010, y el hallazgo de fosas clandestinas después, se destapó la situación. En 2010, según el Inegi, había 536 habitantes menos en el municipio, y 173 ejecutados, según la SNSP.

De acuerdo con un académico que prefiere omitir su nombre, otros municipios de los que puede comprobarse una reducción en su población en la zona aledaña a San Fernando por la violencia son Cruillas (menos 257 habitantes), Méndez (menos 255), Burgos (menos 193), Villagrán (menos 141) y San Nicolás (menos 13). También se han registrado movimientos en Jiménez, todavía no reflejados en las cifras oficiales.

Otros enclaves

El desplazamiento por la violencia se ha extendido a otros estados, aunque todavía no de manera tan dramática como en las entidades anteriores.

En Durango, habitantes de diversos poblados de los municipios San Dimas, Mezquital, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo han tenido que desplazarse a albergues de manera itinerante, pues los delincuentes han quemado sus casas y cosechas. Los ataques, según autoridades, han sido perpetrados por elementos de La Línea, el brazo armado del cártel del Golfo.

Según estimaciones de autoridades locales, en la zona serrana hay por lo menos mil 500 desplazados.

Es el caso de alrededor de 300 habitantes de La Lagunita, El Coscate y El Campamento, en Pueblo Nuevo, que en septiembre pasado tuvieron que dejar sus casas y trasladarse a un albergue en la cabecera municipal después de tratar de hacerle frente a los delincuentes y ser derrotados.

Incluso, el 12 de diciembre de 2008, en Santa Gertrudis, en la alcaldía de San Dimas, delincuentes reunieron a todos los hombres en la plazoleta comunitaria, seleccionaron a seis, los hicieron correr frente a todos hacia una dirección y los mataron por la espalda. Los familiares de los muertos recibieron el ultimátum de dejar el pueblo en tres días. Así lo hicieron. Ninguno de estos desplazamientos tiene sustento en cifras oficiales.

En Sonora, el paradigma de la migración forzada es el municipio de Tubutama, un verdadero pueblo fantasma. Las instalaciones de la policía y de la clínica están cerradas.

La desolación en la cabecera es tal que el Congreso estatal decidió sesionar ahí el pasado 21 de junio. Aunque el pueblo luce totalmente deshabitado, el INEGI reporta sólo 16 personas menos viviendo ahí entre 2005 y 2010. Otras alcaldías que sufren de desplazamiento forzado son Atil y Sáric. Según el censo, la primera cuenta con 109 habitantes menos; la segunda no reporta pérdida de población.

También en San Luis Potosí hay migrantes forzados. En el pueblo de Salitral de Carrera, municipio de Villa de Ramos, la gente ha comenzado a salir por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las cifras de Inegi no reflejan nada.

La única entidad que ha sufrido desplazamiento forzado por violencia antes de este sexenio ha sido Sinaloa, pero continúa hoy. Según Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de la reducción de población en Badiraguato, Cosalá, Elota y San Ignacio, todos municipios serranos, puede atribuirse a la presencia de crimen organizado.

Sin embargo, la migración amenaza con expandirse. Hoy, ciudades como Cuernavaca comienzan a presentar indicios.

NUEVO LEÓN

El pasado 25 de octubre, la comandancia de la policía municipal de Los Ramones fue rafagueada. Más de mil 200 cartuchos y seis granadas de fragmentación lanzadas en menos de 20 minutos a las instalaciones hicieron que los 14 agentes de la corporación renunciaran un día después. Eran los últimos policías municipales que quedaban en todos los municipios de la frontera entre Nuevo León con Tamaulipas.

Los Ramones es la alcaldía de esa zona que más población expulsó. Según cifras del INEGI, entre 2005 y 2010 perdió 868 habitantes. Autoridades municipales aseguran que el éxodo es aun mayor. Se unen a la lista Los Aldamas (menos 301 habitantes), General Treviño (menos 199), Melchor Ocampo (menos 190), Cerralvo (menos 154) y Agualeguas (menos 94), todos en territorio de disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Según José Juan Cervantes, especialista en violencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el éxodo en la zona se extiende hasta General Bravo, China y Anáhuac, aunque todavía no se reporte oficialmente pérdida de población en esos sitios.

Su experiencia le dice que otras zonas que han registrado un éxodo silencioso en la entidad son Santiago, Allende, Montemorelos y Linares, donde personas de clase media y alta que salieron de Monterrey años atrás buscando una vida campirana están regresando a la urbe por protección.

“A pesar de que aquí (en Monterrey) hay la matanza más fuerte, allá la inseguridad se huele, se percibe más en toda la zona citrícola. Hemos conocido gente de Santiago que ha preferido mudarse a San Pedro o a Monterrey. Es gente que puede desplazarse, que tiene recursos”, dice Cervantes en entrevista telefónica.
El investigador recalca que también muchos han dejado la Sultana del Norte, pero todavía no hay mediciones al respecto.

Fuente http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=54898


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En México hay 230,000 desplazados por la lucha contra el narco
Publicada: 25 marzo 2011 08:15

MEXICO (AP) _ Por lo menos 230,000 personas han sido desplazadas en México por la violencia relacionada con el narcotráfico, y la mitad de ellas se habría refugiado en Estados Unidos, de acuerdo con datos citados por un reporte que se difundió esta semana.

El Centro de Supervisión de los Desplazados Internos, con sede en Ginebra, basó su reporte de esta semana en estudios por parte de investigadores locales, y señaló que el gobierno mexicano no compila cifras sobre la gente que ha tenido que dejar sus casas por las luchas de poder entre las bandas del narcotráfico.

``Estudios independientes ponen la cifra en unos 230,000, de acuerdo con la sección referente a México en el reporte global.

``Aproximadamente la mitad de los desplazados cruzó la frontera a Estados Unidos, lo que dejaría una cifra de unas 115.000 personas desplazadas internamente, más probablemente en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz''.

Aunque ese número está muy por debajo de los entre 3,6 y 5.2 millones de desplazados por décadas de violencia del narcotráfico y la lucha de las guerrillas en Colombia, el reporte sugirió que la gente que tuvo que huir debido a la guerra de las drogas en México ha recibido poco apoyo.

``En México, las autoridades estatales y federales no reconocen ni comienzan a responder al desplazamiento interno causado por los cárteles'', señaló la organización.

La Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) en México no ha emitido comentarios de inmediato sobre el reporte. Sin embargo, las cifras del censo difundidas este mes por el gobierno mexicano, dan indicios de un éxodo, al menos en algunas zonas.

El censo, realizado a mediados del 2010, mencionó como deshabitado el 61% de las 3.616 viviendas en Praxedis G. Guerrero, un poblado fronterizo en el Valle del Río Bravo, al oriente de Ciudad Juárez. En esa zona se han librado batallas entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, y la gente en el poblado señala que grupos armados obligaron a los habitantes a marcharse.

Una cifra sorprendente, 111,103 de las 488.785 viviendas en Ciudad Juárez, estaban abandonadas. El número equivale al 23%. Además, casi un tercio de las 160.171 casas en Reynosa estaba desocupado. La cifra para todo México es de 14%, y muchas de esas casas, especialmente en los estados del sur, pertenecerían a migrantes que se marcharon a Estados Unidos en busca de empleo.

FUENTE: http://www.yucatan.com.mx/20110325/nota-13/95494-en-mexico-hay-230000-desplazados-por-la-lucha-contra-el-narco.htm

¿Como para qué un período extraordinario?


Periodo extraordinario: poder llama poder


Laura Itzel Castillo - Diputada Movimiento Regeneración Nacional MORENA por el PT


Durante las últimas semanas han sido recurrentes las declaraciones en torno a un eventual periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la reforma política, la reforma laboral y la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

El 15 de junio Felipe Calderón pidió al Congreso realizar el periodo extraordinario acompañado del secretario de Gobernación, Francisco Blake. Según ellos, “se requieren definir diversos cambios en materias trascendentales (…) que requieren de una definición urgente (…) para impedir el acrecentamiento de circunstancias adversas”. Hasta aquí la cita.

¿Circunstancias adversas? ¡Vaya que las hay! ¡Y Calderón amenaza con que las cosas empeoren de no aprobarse esas “reformas urgentes”! Pero vamos por partes. La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es quizá la más grave de las reformas impulsadas por Calderón.

Esta iniciativa busca legalizar las violaciones a los derechos humanos, cometidas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico; incorpora de lleno a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad sin establecer un marco jurídico que prevenga los abusos; permite la intervención de comunicaciones, la detención en las calles sin permiso y la inspección de casas sin orden de cateo; pretende facultar al Ejecutivo para decretar el estado de sitio y la suspensión de garantías, sin requerir autorización del Congreso, abriendo las puertas para vivir en un Estado de excepción permanente y legal. El Ejército debe estar en los cuarteles. Más poder para las Fuerzas Armadas, a costa de los ciudadanos.

La reforma laboral es impulsada bajo el argumento de “sentar las bases de la renovación de las relaciones laborales sin descuido de la tutela de los principios sociales”. Nada más falso. Esta reforma busca legalizar las renuncias en blanco, los despidos discrecionales y la práctica de la subcontratación con la subsecuente pérdida de derechos laborales; reduce los salarios caídos a un año; establece el salario por hora; dificulta el ejercicio del derecho de huelga y golpea a los sindicatos. Menos poder para los trabajadores y más para los patrones.

La Ley de Asociaciones Público-Privadas constituye el último paso en el proceso de desmantelamiento y privatización estatal, iniciado en los 80. La ley permitiría la asociación del Estado con el sector privado para que éste se haga cargo de la construcción de infraestructura y de la prestación de servicios. Con ello, el Estado se desentendería por completo de la prestación de servicios públicos y su existencia resultaría casi innecesaria, pues los privados tendrían el control de todo. Más poder para los empresarios, menos para los usuarios.

La reforma política que propone Calderón busca responder a “nuevas condiciones de pluralidad democrática” en un contexto donde, según él, se ha logrado “la instalación definitiva de la pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad”. No existen los fraudes, como en 2006; las campañas de dispendio, como la de Eruviel Ávila; la censura, como la que se practica contra el PT y los spots de AMLO. Así, de acuerdo con este escenario idílico, la reforma política de Calderón busca, entre otras cosas, la reelección y el fortalecimiento del Ejecutivo. Menos poder para los ciudadanos y más para las televisoras y los caciques perpetuos.

¿Qué es, en conclusión, lo que pretende Calderón con estas reformas? Más poder para los poderosos y menos para el común de los ciudadanos, quienes verán afectada su vida en varios ámbitos. Por ello es imperativo que, a su nombre, Francisco Blake comparezca ante la Comisión Permanente, y explique las razones por las que se quiere un periodo extraordinario.

Fuente: El Gráfico

NEOLIBERALISMO