Mario Di Costanzo A.
Secretario de la Hacienda Pública
Marzo,2007
Con el nuevo programa de las carreteras Calderón, continúa pagando las facturas del 2 de Julio: El Costo del Rescate Carretero asciende actualmente a 160 mil millones de pesos
Sin lugar a dudas, así como el Fobaproa, el rescate de la Banca de Desarrollo, los Ingenios, en el caso de las carreteras nuevamente se trasladan a los contribuyentes los costos económicos de los errores gubernamentales, una vez más el gobierno da una clara muestra de que su objetivo has sido “privatizar las utilidades y socializar las pérdidas”.
Y es que el anuncio hecho por el gobierno espurio con respecto al nuevo programa carretero que implica la re - concesión de las autopistas a empresas privadas y a través de complicados esquemas financieros, en los cuáles no se descarta la corrupción, la negligencia y el pago de favores durante el fraude del 2 de julio, se pretende esconder las tremendas pérdidas que para el erario público ha representado el fracasado rescate carretero.
Ahora después de que a los mexicanos se nos ha cargado una deuda de poco más de 160 mil millones de pesos, se devuelven las carreteras totalmente saneadas al capital privado, tal parece que el gobierno espurio se ha olvidado de la historia, por ello vale recordar lo siguiente:
Durante la construcción de diversas autopistas de cuota, los concesionarios de ellas enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción que se combinaron con las sobrestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, mantenimiento, y amortización en los créditos contratados con la banca.
En razón de lo anterior, el Gobierno Federal decretó el 27 de agosto de 1997, el rescate de las carreteras concesionadas, mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PICS) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58,123 mdp.
El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, dónde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.
Entre 1997 y 2002, el FARAC emitió PIC´s y asumió pasivos bancarios avalados por el Gobierno Federal, que a diciembre de 2002 suman 143,442 mdp, los cuales no fueron revelados en la Cuenta Pública 2002, A que a marzo del 2005 sumaban 165,000 millones de pesos y a diciembre del 2006 fueron de
Por instrucciones de la SCT el FARAC liquidó extemporáneamente en 2002, aprovechamientos al Gobierno Federal como contraprestación, por la concesión carretera México- Cuernavaca por 852 mdp, más 501 mdp producto de actualizaciones y recargos.
De acuerdo a la propia Auditoria Superior de la Federación el FARAC viene registrando sus operaciones bajo criterios que no se apegan a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental
De las revisiones efectuadas destacan las siguientes observaciones:
- Recomendación a la SHCP para que en lo sucesivo revele en la Cuenta Pública los avales del Gobierno Federal por el rescate carretero de 160,689 mdp.
- La inmediata intervención al Órgano Interno de Control de la SCT para que inicie un procedimiento administrativo, a los servidores públicos que ordenaron en forma extemporánea el pago a Tesorería de la Federación por 501mdp.
- Cuatro recomendaciones al FARAC para que su Comité Técnico sancione y emita bases contables adecuadas de registro y se realicen las correcciones a los registros contables por las operaciones del fideicomiso.
Por ello, existen importantes problemas de rendición de cuentas en la operación del fideicomiso utilizado para el Rescate de las Carreteras, para mostrar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo con la naturaleza jurídica del fideicomiso resulta totalmente irregular que Banobras sea fideicomitente y fiduciario al mismo tiempo.
Por ello lo que los hechos obligan a fincar responsabilidades a las autoridades de Banobras y declarar los pasivos originados por el rescate carretero como ilegales.
Es importante mencionar que conforme a nuestras leyes, el fideicomiso es un contrato mercantil, mediante el cual una persona (física o moral) destina ciertos bienes a un fin determinado, y cuya realización encarga a una institución fiduciaria.
La persona que hace el encargo, es decir el que destina los bienes, recibe el nombre de "fideicomitente"; mismo que en el caso del FARAC fue el Banobras quién recibió las carreteras que el gobierno federal prácticamente nacionalizó en 1997.
La institución que realiza el encargo, recibe el nombre de "fiduciario", que en el caso del rescate carretero fue el propio Banobras.
Y finalmente, la persona que recibe los beneficios de ese encargo, es denominada "fideicomisaria", y en términos del rescate carretero es el propio Gobierno Federal quien recibirá los recursos para indemnizar a los ex accionistas de las carreteras rescatadas,
La ilegalidad del Fideicomiso del Rescate Carretero se confirma si revisamos el articulo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que establece en su segundo párrafo que: los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la SHCP fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública.
De esta manera, es el propio Gobierno Federal quien recibiò los recursos para indemnizar a los ex accionistas de las carreteras rescatadas.
Lo anterior sin lugar a dudas confirma que en materia de rescate carretero el gobierno espurio continua actuando con absoluta discrecionalidad y sin rendirle cuentas de sus acciones a ninguna autoridad, debido a que de acuerdo a la figura jurídica del Fideicomiso, el banco es juez y parte, en otras palabras es como si el propio Banobras se asignara recursos, para manejarlos el mismo, por lo anterior es un manejo discrecional.
Lo deja muy claro es que el gobierno espurio continua repitiendo los errores del pasado y pagando las facturas de la presidencia arrebatada a Andrés Manuel López Obrador
