A propósito de la iniciativa de privatización... (varias e importantes notas y artículos).
LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)
El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artículo 27 constitucional
Antecedentes necesarios
Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.
Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es políticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En 1916, en el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.
En el origen
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida política mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.
Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podía dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que había de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tenían que pagar regalías. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los "jugos de la tierra", es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocía por las chapopoteras.
La revolución industrial y el motor de combustión interna le darían al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los países industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artículo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarían de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el país de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artículo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podía explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.
Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habían empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder político decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometía ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los "criaderos o depósitos de combustibles minerales" eran "propiedad exclusiva" del superficiario. Esta ley hecha en vísperas de la Revolución permanecería en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringía pero no anulaba los derechos del superficiario si los había adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.
Legitimidad
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tenía idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podía tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino específicamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 había empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo "Dos Bocas" y se puso en acción al "Potrero del Llano", todo el mundo supo que México era país petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, "El Águila", naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.
La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del país requería de las nuevas fuentes de energía, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurídica al capital que tenía la tecnología y el empuje para hacerlo.
Algunas conclusiones
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase política, Pearson hizo miembros del consejo de administración de "El Águila" al hijo de Porfirio Díaz —"Porfirito" —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquía. En fin, que las decisiones hechas en nombre del "interés general" escondían la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces críticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los círculos del poder económico y político, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.
Pese a la letra y espíritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economías centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.
LORENZO MEYER: Agenda ciudadana
Thursday, 24 de April de 2008
El primer intento privatizador
Gobernantes vs Gobernados. No es raro que un gobierno tome decisiones en contra de la voluntad popular; de ese tipo de contradicción está hecha buena parte de la política. Hoy, por ejemplo, la opinión pública en Polonia y en la República Checa se opone a que Estados Unidos establezca una base de misiles interceptores en el primer país y un radar en el segundo. Sin embargo, lo anterior no ha impedido que los gobiernos polaco y checo sigan negociando con Washington mientras intentan modificar la percepción del público; son muchos los millones de dólares en juego. Lo mismo ocurre con la reforma energética en México.
Prácticamente desde el momento mismo en que tuvo lugar la expropiación y nacionalización petrolera los intereses afectados se propusieron echarla por tierra. Tras setenta años, el empeño se mantiene y hoy la coyuntura aparece como relativamente propicia para quienes desean modificar el estatus legal de la actividad petrolera. Hay tres razones para ello: a) la persistencia de la concepción neoliberal de la política económica entre las élites mexicanas, b) la mala situación financiera de PEMEX como resultado de su corrupción endémica y de una política fiscal abusiva que le ha privado del grueso de sus utilidades y c) la presencia de un gobierno de derecha deseoso de solidificar sus lazos con el gran capital internacional.
Hasta ahora el mayor obstáculo para avanzar en la privatización de la actividad petrolera es la movilización nacionalista encabezada por Andrés Manuel López Obrador y una opinión pública que ha aprendido a desconfiar de las supuestas bondades de las privatizaciones. En estas condiciones, el gobierno ha optado por forjar una alianza con el PRI a la vez que ha lanzado un blitzkrieg propagandístico para cambiar la percepción pública. Si en 2006 en un estudio del CIDE sólo el 24% de los entrevistados estaba a favor de abrir a la empresa privada la actividad petrolera en exploración y distribución, para febrero del 2008, y según una encuesta de GEA-ISA, el 44% ya veían bien una reforma energética en los términos en que finalmente la presentó Felipe Calderón, (MUND Americas, Serie 8, N°. 8, marzo 4).
No es la primera vez que un gobierno mexicano en alianza con los petroleros internacionales intenta reformular la política petrolera argumentando que la debilidad económica de PEMEX requiere acudir al capital privado externo para sacar a la paraestatal del barranco en que se le metió. Esto ya ocurrió -y fracasó- con Miguel Alemán.
El Intento Inicial . Al presidente Lázaro Cárdenas primero y luego a su sucesor, Manuel Ávila Camacho, los petroleros extranjeros y sus gobiernos les sugirieron que una solución al problema planteado por la compensación que se les debía pagar por lo expropiado y de la falta de recursos de PEMEX, era retornar a un tipo de privatización. Y es que tras el golpe de marzo de 1938, las empresas afectadas y sus gobiernos tuvieron como objetivo no el que México les compensara por lo tomado sino revertir la nacionalización misma y para ello amenazaron, presionaron y finalmente ofrecieron un acuerdo 'benéfico' para ambas partes.
Gracias a la coyuntura de la II Guerra Mundial -la necesidad de Washington de contar con la cooperación política y las materias primas de México y América Latina- el gobierno de Roosevelt aceptó la legalidad de la expropiación primero y luego decidió, en nombre del interés nacional, presionar a la Standard Oil y al resto de las empresas a aceptar como legal la expropiación y los términos mexicanos de la indemnización. Así, el 1° de octubre de 1943 se dio por resuelta la reclamación diplomática de Estados Unidos, pues México se comprometió a pagar 30 millones de dólares a las empresas americanas afectadas.
Los anglo holandeses tardaron en seguir este ejemplo pero finalmente, en agosto de 1947 aceptaron los 81.25 millones de dólares que les ofreció Alemán. De todas formas, americanos y europeos abrigaron la esperanza de renunciar a la indemnización a cambio de volver a los campos mexicanos, pues según ellos PEMEX estaba tan débil que apenas podía; llevaba a cabo el 10% de perforaciones requeridas. Igual que ahora, entonces se dijo que sin el capital y la tecnología del exterior, la empresa mexicana era inviable. No lo fue.
'Contratos Riesgo'. Durante la II Guerra Mundial y para facilitar el envío de materias primas a Estados Unidos, el gobierno norteamericano dio créditos a Ferrocarriles Nacionales, una empresa pública, pero le regateó su ayuda a PEMEX para obligarle a acudir a una asociación con el capital norteamericano.
Al llegar la paz e iniciarse la Guerra Fría, el congreso de Estados Unidos vio al petróleo mexicano como reserva estratégica del hemisferio occidental. Bauxita y petróleo dominaron entonces el pensamiento estratégico de Washington en torno a México y El Caribe, (The New York Times, [NYT] marzo 5, 1949). Para entonces, la producción petrolera mexicana era modesta (167 mil barriles diarios), pero se sabía que con una inyección adecuada de recursos se podía más que duplicar en un corto plazo. Sin embargo, en Estados Unidos había diferencias en como lograr el objetivo. Mientras senadores como Dennis Chávez pedían otorgar a PEMEX un préstamo por 203 millones de dólares, tal y como lo había pedido su director y hacer de México un proveedor potencial de Estados Unidos, el EXIMBANK -la institución encargada de facilitar el préstamo- y las compañías petroleras se negaron a facilitar la consolidación de una empresa producto de una nacionalización.
Entonces como en nuestros días, la perspectiva de los 'duros' era la de aprovechar la debilidad económica de PEMEX para forzar a México a dar marcha atrás en su política nacionalista (NYT, diciembre 30 y 31 de 1948 y abril 11, julio 20, agosto 27 y septiembre 1° de 1949).
Ambas posiciones se apoyaban en su peculiar idea de México: el senador Chávez pedía usar la estrecha relación que se había desarrollado entre Alemán y Truman -calificada, con razón, como una sin paralelo- para reforzar la 'buena vecindad' con México mediante un gran préstamo petrolero a su gobierno. Los oponentes consideraron que, sin el préstamo, la buena disposición de Alemán hacia el capital americano permitiría el retorno de éste al petróleo. Finalmente ganaron los duros y fue así que en 1948 Alemán decidió desafiar a Cárdenas en el punto más sensible de su herencia y readmitir por la puerta de servicio a los norteamericanos.
Como entonces a la derecha del PRI no le era posible chocar de frente con la nacionalización, Alemán justificó los contratos con argumentos similares a los del gobierno de hoy: era urgente que PEMEX aumentara sus reservas y producción para un mercado interno creciente. Ahora bien, Alemán, sin ninguna ayuda externa inauguró la refinería de Salamanca, una de las más modernas del mundo. Sin embargo, anunció que en materia de nuevas reservas, y ante las limitaciones de PEMEX, se había tenido que firmar cinco 'contratos riesgo' con petroleros norteamericanos para que buscaran petróleo. Hay que reconocer que Alemán no invitó a ninguna empresa grande sino a 'petroleros independientes', relativamente pequeños y sin gran poder político. Como ahora, se dijo que el acuerdo era óptimo, pues México lograba inyectar capital a su actividad petrolera sin que Washington hubiera tenido que prestárselo. Aparentemente, la magia del mercado resolvía cualquier contradicción, (NYT, enero 2, 1949).
La Respuesta. A diferencia de la situación actual, la reacción nacionalista contra ese primer intento de reprivatización provino del interior mismo del grupo gobernante, En 1952, y actuando como portavoz del cardenismo, Natalio Vázquez Pallares publicó en El Popular veinte artículos en contra de los 'contratos riesgo'. Los escritos fueron efectivos, pues a partir de ellos no se firmó ninguno más, en los 1960´s se modificó la ley para ya no permitirlos y luego PEMEX rescindió los vigentes (véase en: En defensa de nuestro petróleo, Universidad Michoacana, 1994).
El primer intento de privatización se detuvo sin que el público participara. En contraste, hoy la posición de Cuauhtémoc Cárdenas o de los muchos artículos periodísticos cuestionando la reforma energética le tiene sin cuidado a la derecha panista, mucho más radical que la alemanista. En tales condiciones, sólo la movilización social puede generar la energía política que detenga el actual proceso de privatización petrolera, mismo que se inició desde el salinismo. En suma, hoy depende no de la cúpula sino de la acción ciudadana que la moneda que Felipe Calderón lanzó al aire caiga del lado privatizador o del nacionalista. Esta vez, hoy no es como ayer.
Fernando del Paso
Los veneros de petróleo que nos dio el Diablo
Con esta contribución me incluyo y me retiro al mismo tiempo del llamado debate sobre el petróleo. En un programa difundido la semana pasada en el Canal 11, el senador por el PRD Graco Ramírez afirmó –cito de memoria– que la gran mayoría de los mexicanos tiene una opinión definida sobre el futuro del petróleo en México. Es probable que, sin embargo, yo no pertenezca a esa gran mayoría: me retiro porque no tengo la capacidad, o en otras palabras, la preparación, los estudios necesarios para opinar sobre las implicaciones tecnológicas y económicas de una reforma energética. Coincido con lo que dijo Manuel Bartlett Díaz en la revista Forma del mes de enero-febrero de este 2008: "Nadie sabe qué es la reforma energética y todos saben qué es la reforma energética".
Sí pertenezco, en cambio, a esa mayoría total –quiero pensar que lo es– de mexicanos que estamos dispuestos a defender a ultranza nuestro petróleo. ¿Quién no lo está? Pero pertenecer a esta mayoría, y formar parte de un grupo selecto en el que se mezclan simples novelistas –como un servidor– con expertos en politología, historia y economía, es otra cosa. En este caso, pienso que el escritor queda en desventaja. O al menos yo, por mi ignorancia.
Ampararse con la bandera de la ignorancia no es, desde luego, un motivo de orgullo y mucho menos un pretexto digno para retirarse de la arena. En las últimas semanas he leído con asiduidad y con cuidado una buena parte del material que se ha publicado sobre la reforma energética –o mejor dicho la petrolera–, y he tomado notas de los debates difundidos, sobre este tema, en el Canal 11. Lo menos que podía hacer, creo, era tratar de saber por qué no sé y, así, saber un poco más.
La mancuerna del Diablo
Defender nuestro petróleo de los intereses extranjeros implica, entre otras cosas –y cuando menos–, saber por qué lo hacemos. Algo en este sentido puede enseñarnos la historia y en particular la de América Latina, que no ha sido otra cosa, desde hace dos siglos, que la patética relación de los dorados auges y las caídas estrepitosas de sus productos, o en otras palabras la alternancia del milagro económico y la quiebra súbita y casi absoluta.
Desde 1810, cuando los países latinoamericanos bajo el dominio español comenzaron a independizarse, Inglaterra se propuso evitar que estas ex colonias cayeran en manos francesas o estadunidenses. En las siguientes décadas, los ingleses ya se habían encargado de construir en nuestros países varios ferrocarriles destinados no a beneficiar el transporte interno de materias primas y mercancías, sino a facilitar la salida de éstas al mar, con destino al Reino Unido. En 1850, estaban ya terminados el ferrocarril de Maná, en Brasil; el de Copiapó, en Chile, y el de Veracruz-El Molino, de México. Siguieron, pocos años después, en Colombia el de Aspinwall-Panamá y, en 1857, en Argentina, el de Buenos Aires-Suroeste.
Pocos años más tarde unas cuantas empresas inglesas se habían ya apoderado del cobre chileno y creado un imperio azucarero en el archipiélago de Sotavento, las Guayanas, Jamaica, Haití, Guadalupe, Puerto Rico, las costas peruanas y desde luego, Cuba, cuyo dominio no tardaría en pasar de las manos británicas a las estadunidenses; esta isla del Caribe no sólo le sería útil a Estados Unidos para hacer de ella un gran burdel en beneficio de la mafia, sino también para controlar la producción y el aprovechamiento de algo más que el azúcar y el tabaco: el níquel, el cobre, el hierro, el manganeso y el tungsteno.
Entre las fuentes y documentos a los que podemos acudir para ratificar las inmensas depredaciones que ha sufrido nuestro continente, destaca desde luego el libro del uruguayo Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, uno de los recuentos más lúcidos y completos y, diría yo, más dolorosos, de la expoliación que han sufrido nuestros pobres países al "asociarse" con empresas extranjeras representantes del capitalismo más puro y salvaje. Esto no hubiera sido posible, desde luego, sin la corrupción y la connivencia criminal de gobernantes latinoamericanos siempre dispuestos a asociarse con los intereses extranjeros para completar la mancuerna. Los casos han sido numerosos. Entre ellos, por ejemplo, el del presidente Castelo Branco de Brasil, quien le entregó a la US Steel el derecho de adquirir 49 por ciento de las acciones de los yacimientos de hierro de la sierra de Los Carajas. Esta empresa, nos cuenta Galeano, se encargó también de sacar, y transportar en sus propios buques, "todo el hierro que se extraía en cantidades gigantescas del Cerro de Bolívar el Venezuela", como nos cuenta Galeano. Otro ejemplo es el del sanguinario dictador guatemalteco, Jorge Ubico, quien le otorgó a las empresas cafetaleras y bananeras extranjeras lo que Galeano llama "el derecho a matar", al exentar a los finqueros de responsabilidad criminal respecto a la muerte de sus trabajadores.
Estos finqueros eran, por supuesto, representantes de la United Fruit, el gigante estadunidense que les hizo merecer, a los países centroamericanos por él explotados, el nombre de Repúblicas Bananeras. "Mamá Yunai", como se llamaba a esta empresa –y tal fue el título de la novela del costarricense Carlos Luis Fallas– ejerció durante muchos decenios una explotación inmisericorde de sus trabajadores, corrompió gobiernos, organizó matanzas y puso y depuso a dictadores. Fue también la responsable, la United Fruit –y esto no lo dice un libro escrito por un comunista: lo dice la Enciclopedia Británica–, del asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán durante el Bogotazo de 1948.
Hubo, sí, mandatarios que lucharon contra estos intereses. Su destino fue trágico.
A fines del sigo XIX, el presidente Balmaceda, de Chile, anunció su intención de nacionalizar los distritos salitreros del país. Los barcos británicos bloquearon las costas de Chile y Balmaceda, derrotado y derrocado, se suicidó. Ya entrado el siglo XX, en 1930, cuando el Congreso Argentino estaba a punto de votar la ley que disponía la nacionalización del petróleo, el presidente Hipólito Irigoyen fue derribado por el general José Félix Uriburu.
Los veneros del Diablo
La frase que aparece en el poema La Suave Patria, del gran poeta zacatecano Ramón López Velarde, resultó profética: el petróleo es un regalo que nos dio el Diablo.
Casi no hubo materia prima importante producida en la América Latina: el salitre, el nitrato de sodio, el azúcar, el algodón de Marañao, el cacao "que alumbró las fortunas de la oligarquía de Caracas" –Galeano– que no fuera objeto de la codicia y del pillaje primero británico y después estadunidense: Estados Unidos comenzó a ganarle terreno al decadente imperio británico y comenzó así el reinado de Union Carbide, Cynamid, Minnesota Manufacturera, Dow Chemical, Lever Brothers, Westinghouse y una veintena más, estadunidenses primero, multinacionales después, que se encargaron de imponer y sostener a todos aquellos sátrapas que las apoyaron: dictadores de opereta, sádicos, carniceros, feroces, asesinos, histriones y dementes. La lista es muy larga.
Ya para entonces, también, el petróleo se había vuelto el rey de las materias primas. Descubierto en lo que es hoy Irak hace más de 2 mil años, fue en un país vecino, Persia –hoy Irán–, donde, en 1901, Gran Bretaña consiguió del Sha Muzafarr al-Din la concesión para la explotación de la región. En unos cuantos años siguieron Kuwait, Bahrein y la conquista de Bagdad, la ciudad que fue clave para los británicos en su camino a la India y sobre todo en la ruta hacia los campos petroleros iraníes. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos, no Inglaterra, el país que aseguró en su beneficio los suministros petroleros de la región saudita, cuando, a bordo del barco Quincy, en aguas de Suez, Roosevelt celebró un tratado con Ibn Saoud, el fundador de la moderna Saudiarabia.
Una quincena de años antes, dos empresas petroleras, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell, provocaron la guerra de El Chaco, el conflicto más cruento de toda la historia de América Latina, en el cual se enfrentaron los dos países más pobres del continente en ese entonces: Bolivia y Paraguay. Más de 80 mil bolivianos y 40 mil paraguayos pagaron con sus vidas. Nuevamente, no fue un comunista el que denunció el siniestro papel que jugaron estos dos gigantes: lo hizo un personaje de la política estadunidense, Huey Long, senador y después gobernador de Luisiana.
El Diablo en México
Es de suponerse que los mexicanos conocemos bien la historia de nuestro petróleo. En 1938, la nacionalización realizada por Lázaro Cárdenas afectó profundamente los intereses petroleros de varias naciones como Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos. Entre las empresas nacionalizadas se encontraban, como lo señala la Enciclopedia de México de Rogelio Álvarez, la Huasteca Petroleum Co., la Sinclair Pierce Oil Co., la Standford y Cía., la California Standard Oil, la Consolidated Oil Co., la Atlantic Gulf Refining y la Transportation Co. A pesar de que México cumplió con el compromiso contraído para indemnizar a esas compañías, la estadunidense Standard Oil y la holandesa Royal Dutch bloquearon las exportaciones mexicanas de petróleo y abastecimientos para pozos y refinerías. Éstas y otras empresas ya se habían encargado de agotar, y llevarse consigo, la riqueza de la "Faja de Oro", en los tiempos en que México cubría 25 por ciento de la demanda petrolera planetaria.
Pero el presidente Cárdenas no fue derrocado por los militares. No fue asesinado. No se suicidó. No acabó sus días en el exilio. A sabiendas de que a Estados Unidos le convenía tener a su alcance la riqueza petrolera mexicana para acaparar la producción e incluso apoderarse de ella si era necesario, obligó a México a declararle la guerra al Eje.
México había sido neutral durante la Gran Guerra. Esta vez, esa posición era intolerable. Y fue entonces cuando se maquinó, de la manera más burda, el casus belli indispensable: el supuesto bombardeo, por parte de submarinos alemanes, de varios buquetanques petroleros: el Potrero del Llano, el Faja de Oro, Las Choapas y el Amatlán.
Con algo más pagamos: con la participación en la guerra de más de 15 mil mexicanos que vivían en Estados Unidos (Enciclopedia de México), y la muerte de cinco pilotos mexicanos del Escuadrón 201 en la guerra del Pacífico. Y también con el trabajo de decenas de miles de braceros mexicanos que exigían los agricultores del sur de Estados Unidos para levantar sus cosechas de algodón, uva, betabel, naranja, y otras frutas y verduras.
A pesar de que faltaban veinte años para que el carismático líder César Chávez creara una organización que defendiera los intereses de los inmigrantes en esas tierras, siempre humillados y explotados, los braceros mexicanos descubrieron algo en ellas que era un poco mejor que el infierno, y que les permitía llevar dólares a su país. Y éste fue el detonador de lo que se convirtió en la inmensa e incontrolable emigración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera.
Fuente: CENCOALT Centro de Comunicación Alternativa.
http://mx.geocities.com/cencoalt/index.html cencoalt@yahoo.de
PRIVATIZAR
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma el 25 de abril de 2008)
¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver —sin mayor complicación— que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno "...los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... Pemex podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos ". Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: "Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México ". Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: "No se puede privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex ". Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: "Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica ". No queda claro si Gil estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?
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Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo
El Universal
Viernes 18 de abril de 2008
De quién es la legalidad
Cuando convocamos a los intelectuales mexicanos para sumarse al debate sobre un proyecto alternativo de nación, colocamos en el primer plano la instauración del estado de derecho como puerto de arribo de la transición democrática. Dijimos entonces que, sobre el fundamento del sufragio efectivo, era indispensable implantar la legalidad efectiva y que, a diferencia del antiguo régimen, en que la ley era el instrumento justificativo de los actos de autoridad, en el nuevo debería servir para proteger a la sociedad contra los abusos de los gobernantes.
Nuestra historia política está señalada por el culto a los símbolos a despecho de las sustancias; por la primacía del formalismo, en que el laberinto de los expedientes conduce frecuentemente a la denegación de los derechos. El cuidado reverencial de los procedimientos apenas disfrazaba el carácter vertical e inapelable de las decisiones. Una legitimidad de opereta o "democracia de fachada", como la llamó César Cansino en recordado ensayo.
Por ello, las transiciones sólo culminan cuando generan un nuevo orden constitucional —pactado entre los actores del cambio— que contiene tanto los consensos básicos sobre el rumbo del país como el andamiaje normativo que todos están dispuestos a acatar. Nuestras tragedias contemporáneas residen en la negativa a emprender una reforma en profundidad de las instituciones públicas y en el flagrante desacato a la legislación electoral cometido por el primer Presidente surgido de la alternancia.
Si la mayor parte de la población considera que el origen del Ejecutivo es ilegítimo, resulta absurdo afirmar que estamos instalados en la normalidad democrática. Ante la negativa al recuento de los votos y la condonación jurisdiccional de las violaciones incurridas durante el proceso electoral, muchos pensamos que la solución patriótica hubiese sido la anulación de los comicios y la erección de un gobierno interino que, según el mandato del artículo 85 constitucional, hubiese sido investido por una mayoría parlamentaria.
México demandaba —y creo que sigue requiriendo— la creación de un espacio de neutralidad, desde el cual se restablezca la legalidad perdida y se alcancen los acuerdos fundamentales para reencauzar la transformación democrática. El debilitamiento alarmante del Estado frente a los poderes fácticos, el señorío insultante de la impunidad y la exhibición impúdica de los intereses mercantiles tras la toma de decisiones contrarias al interés nacional exigen una reacción enérgica de la ciudadanía tanto como la restauración del orden republicano.
De ahí que la cuestión del petróleo se haya convertido en una suerte de bisagra histórica. Porque desenmascara un proyecto de supeditación —tal vez irreversible— a la estrategia de los consumidores foráneos, porque entroniza los intereses particulares sobre las atribuciones expresas del Estado y porque profundiza un modelo económico sustentado en la desigualdad y en la concentración del ingreso.
Sobre todo, porque la iniciativa finalmente develada entraña violaciones palmarias al espíritu y la letra de la Constitución. Se pretende, por la vía de reformas a la ley secundaria, interpretar el alcance de disposiciones de la ley suprema, cuya contundencia y claridad no suscitan duda alguna ni ofrecen márgenes para su aplicación discrecional. Todos los análisis publicados sobre el texto conducen a idéntica conclusión: se trata de un "atraco" jurídico. En cambio, ningún vocero del gobierno se ha atrevido a explicar su fundamento constitucional.
Argumentar la "flexibilidad" de que deben disfrutar las empresas "modernas", para justificar la ruptura de un pacto esencial entre los mexicanos —como lo ha hecho el director de Pemex— resulta una frivolidad temeraria. Rasgarse las vestiduras por la interrupción de las sesiones parlamentarias y el surgimiento de una resistencia civil pacífica y organizada es sólo una inversión mediática de la cuestión de fondo: ¿de qué lado se encuentra la legalidad? ¿De quienes defienden la Constitución o de quienes la violentan?
En este escenario trastocado cabe preguntarse ¿qué ocurriría si la mayoría de los legisladores decidieran aprobar leyes inconstitucionales en asuntos de semejante trascendencia? ¿Qué consecuencias tendría un fallo de la Suprema Corte que —en complicidad recurrente con el Ejecutivo— denegara una acción fundada? ¿No nos encontraríamos acaso en una inadmisible ruptura del orden constitucional?
Pugnamos por un debate público, plural y exhaustivo como el mejor medio para recuperar el hilo extraviado de la legalidad, de incluir a los ciudadanos en decisiones que vitalmente les conciernen —tal como lo hacen las democracias avanzadas— y de colocar a los poderes públicos frente a su responsabilidad jurídica y moral. De reconstruir la polis a partir de la sociedad.
La solución final sería el referéndum, precedido de una genuina reforma mediática que asegurara su imparcialidad y de un Tribunal Constitucional que lo calificara. Tres asignaturas mayores de la reforma del Estado recién rechazadas por los poderes dominantes. Esta es quizá la última llamada para procesarlas.
bitarep@gmail.com
Luis Javier Garrido
La crisis institucional
El proyecto de contrarreforma petrolera constituye una exigencia de Felipe Calderón al Congreso para que apruebe una seudo legislación secundaria abiertamente violatoria de la Constitución, que le permita al gobierno de facto abrir vías metalegales para que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de la industria petrolera mexicana, y de paso las mafias salinista y calderonista puedan hacer el negocio del siglo empobreciendo sin límites a la nación, todo ello bajo el supuesto de que no puede haber una respuesta del pueblo mexicano. Las cosas no le han resultado, sin embargo, tan fáciles.
1. La grave crisis institucional que se ha abierto en el país por esa intentona del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón de entregar el petróleo mexicano a diversas empresas extranjeras luego de cambios seudo legales implementados fast track por el Poder Legislativo –y que con justicia ha sido calificada de golpista, pues busca destruir la esencia de la Constitución mexicana, llevando al pueblo mexicano a un desastre económico inimaginable–, se ha agravado por la intransigencia panista a abrir un amplio y sereno debate nacional y amenaza ya al futuro del propio régimen de facto sin que sus responsables parezcan darse cuenta de ello.
2. El gobierno espurio, teniendo como su principal operador al corrupto traficante de influencias extranjero Juan Camilo Mouriño –quien a pesar de las evidencias de los actos ilegales que ha cometido para enriquecerse desde el poder con contratos en materia energética sigue en el cargo de secretario de Gobernación–, creyó que le bastaba con efectuar una serie de acuerdos a espaldas del país para luego poder recurrir tanto a los viejos mecanismos de corrupción, a fin de subordinar a los legisladores indecisos, como a una vasta campaña fascistoide de desinformación, para confundir a los mexicanos, pero no le están saliendo las cosas.
3. El pueblo mexicano, agraviado como nunca por las mentiras de Felipe Calderón, quien pretende tratarlo como ignorante al anunciarle beneficios sin límites y ofrecerle unos bonos que son indignidad, pues buscan encubrir la venta del principal recurso estratégico del país, está reaccionando en toda la República y manifestándose en el Movimiento en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de actos de resistencia civil pacífica que están evidenciando la falta de representatividad y de legitimidad de las actuales instituciones pervertidas por los panistas.
4. El paquete de contrarreformas legales en materia petrolera que el gobierno de facto hizo llegar al Senado de la República es una vergüenza para México, pues supone no nada más "algunas medidas privatizadoras", como pretenden quienes le hacen de comparsas al gobierno. Es una trampa para desmantelar por la vía de los hechos la Constitución mexicana y terminar con el principio sustentado en los artículos 27 y 28 que determina la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros nacionales, pues busca entregar por completo a las multinacionales la exploración, la explotación del petróleo, así como la petroquímica y la transportación a las multinacionales. Implica no únicamente un aceleramiento del proceso de privatización de la empresa estatal Pemex, que es patrimonio de los mexicanos, sino la creación de una industria petrolera privada paralela que se adueñe de ese sector estratégico del país.
5. La indigna propuesta constituye no una supuesta serie de cambios a la organización de Pemex, como se pretende, sino un trastocamiento del marco constitucional derivado de la Revolución Mexicana, al cambiar leyes secundarias para terminar con el principio de la soberanía nacional y modificar la naturaleza del Estado, cancelando lo que queda del proyecto nacional y conduciendo a un empobrecimiento sin límites del país, que empezaría a perder su principal fuente de recursos al imponerse ya sin límites el depredador modelo neoliberal, y está siendo entendida, por lo mismo, como un acto de traición a la patria.
6. Una reforma legal debe entenderse en función de sus objetivos fundamentales, y ésta que busca pasar ilegalmente por sobre los principios centrales de la Constitución Mexicana, y que lleva incluso a pretender entregar el control estratégico del Golfo de México a las trasnacionales, tornando a México en un objetivo militar para Washington, no deja lugar a dudas: busca abrir la vía para llegar a un completo desmantelamiento del Estado mexicano.
7. La movilización social ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos secretos entre Carlos Salinas de Gortari, quien actúa en nombre del priísmo, y el gobierno panista de facto, para entregar la industria petrolera mexicana a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation y a la Repsol-YPF, conforme lo reclama la agonizante administración Bush, pero también ha evidenciado la existencia de importantes resistencias a este acto de lesa traición a la patria en el interior del PRI, de la propia burocracia política, de los trabajadores petroleros del país que contribuyeron a edificar esta empresa y de las fuerzas armadas, a las que Calderón ha envilecido y desprestigiado como en pocos momentos de nuestra historia.
8. ¿A quien creerá entonces el gobierno de facto que puede engañar con su torpe campaña de embustes e insultos en los medios?
9. La crisis institucional abierta por el violento intento de atraco del gobierno espurio de Calderón al pretender entregar a las trasnacionales el patrimonio de la nación tras un debate simulado, podría empezar a tener, sin embargo, una salida de aceptar el binomio PAN-PRI un verdadero debate nacional, amplio y sin prisas, en los términos que le han planteado los legisladores de la oposición; de acordarse modificar la Constitución para que en lo sucesivo las grandes reformas sean hechas vía referendo, como propuso el FAP el día 16; y terminando con la onerosa campaña de desinformación y de odio de Calderón en los medios, que sólo evidencia su desesperación y su falta de respaldo social.
10. La indignación nacional es ya muy grande y este intento depredador está concitando una movilización popular en defensa de la nación y en contra del gobierno entreguista que no tiene precedentes, y que debería ser entendida por las mafias en el poder.
Luis Javier Garrido
La Jornada 16 de mayo de 2008
El descaro
La entrega del petróleo de México a las corporaciones trasnacionales, que es el objetivo de las iniciativas del gobierno de facto, como lo aceptan ya con descaro muchos panistas, conduciría a un desastre económico y social sin precedente, si no a una liquidación del Estado nacional, y esto apenas algunos lo están comprendiendo.
1. México se halla al borde de la mayor crisis política que haya enfrentado desde la terminación de la fase armada de la Revolución Mexicana en este segundo año del gobierno de facto de Felipe Calderón, no nada más por el fracaso absoluto de las políticas neoliberales que, entre otras cosas, condujeron al desmantelamiento de organismos públicos y al remate de la mayor parte de las empresas del Estado, produciendo un desastre económico sin parangón en el país (no obstante lo cual se quiere ahora entregar también la industria petrolera mexicana al capital trasnacional), sino también por todo un cúmulo de políticas irracionales llevadas a cabo por el gobierno de facto, que muy difícilmente pueden entenderse sólo como consecuencia de la ineptitud de los panistas.
2. Las últimas iniciativas del gobierno espurio no dejan lugar a dudas: el país está siendo llevado al caos de manera deliberada, por una decisión de las fuerzas trasnacionales que lo manejan cada vez más abiertamente, y que han encontrado en él a su más dúctil servidor.
3. México está siendo llevado a una situación de caos en su organización política y en su vida social de manera consciente y sistemática para crear un contexto similar al de Colombia, a fin de hacerlo un espacio fácil para los intereses estadunidenses que buscan apoderarse ya de manera abierta y sin restricciones de nuestros inmensos recursos estratégicos. Y se está haciendo por toda una serie de decisiones irracionales que no parecen tener más objetivo que el de generar un escenario político y social de desastre en el que estiman su "patio trasero", conforme al diseño de los teóricos del neoliberalismo, que de Hayek a Friedman han preconizado devastar socialmente al país al que se le quiere imponer plenamente el modelo neoliberal.
4. Las acciones del Ejército en las ciudades del norte no han logrado lo que buscaba Calderón, que era legitimarse en el cargo, ni mucho menos reordenar el mercado en función de los intereses del salinismo y el panismo, pero sí ha logrado su propósito latente y fundamental: el que buscaban los poderes trasnacionales de crear un escenario de caos, con miles de muertos, una burocracia gubernamental cada vez más inmersa en la corrupción y un Ejército dividiéndose por las deserciones, pues cada día que lucha en las calles contra sus desertores pasados a las filas del narco, hay más desertores y la colombianización se acentúa.
5. La privatización salvaje de la industria petrolera de México, que es el objetivo fundamental e innegable de la propuesta de Calderón, no conduce, además de darles un negocio descomunal a las trasnacionales (y a sus cómplices) y a empobrecer al pueblo de México, condenándolo por décadas a la miseria, más que a otro propósito: fortalecer las estructuras de dominación de Washington, debilitando por completo al Estado mexicano.
6. El modelo neoliberal a lo que tiende es a dejar a los estados nacionales reducidos a un mero territorio de explotación, diezmada la población por sus políticas genocidas y con un gobierno sin recursos económicos ni políticos, sometido a los poderes fácticos: y en México la clave para alcanzar ese escenario lo constituye le entrega del petróleo.
7. El inicio de los foros en materia energética el martes 13 en el Senado de la República, para discutir la contrarreforma petrolera de Felipe Calderón, ha propiciado que algunos ponentes oficialistas insistan en que no es "privatizadora", pero a su lado muchos otros ponentes neoliberales y varios legisladores del PAN se han descarado y han aceptado que sí lo es, y que a lo que tiende es a darle la vuelta a la Constitución y al marco legal fundamental de México que han vituperado, ya se sabe que con el fin de entregar la explotación, el uso y aprovechamiento de los recursos petroleros de la nación a corporaciones extranjeras.
8. La pretensión del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir Pemex y entregar la industria petrolera a las multinacionales es de tal manera descabellada y contraria a los intereses de los mexicanos, que no puede entenderse únicamente por el fanatismo ideológico neoliberal de los panistas y de sus aliados priístas, por su odio patológico al Estado y a la legalidad o por la avidez que tienen en el marco de corrupción que han creado por aprovecharse sin límites del proceso privatizador, sino por otra sinrazón: su sumisión al capital trasnacional y al proyecto de éste de desmantelar no al Estado sino a la nación.
9. La Cámara de Senadores no tiene, por lo mismo, en términos de ley, más alternativa que la de desechar las cinco iniciativas de Calderón por notoriamente improcedentes para no forzar a una discusión en el pleno sobre un texto que no oculta que pretende nada menos que crear las condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos de extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios petroleros para la explotación, sin límites y sin control, y al margen de cualquier legalidad constitucional, de las riquezas básicas de México: lo que los neoliberales llaman la plena desregulación.
10. Lo contrario sería llevar al país aún más lejos en el escenario de simulación institucional que se ha creado y en el cual hay dos realidades, la de la ficción formal y la real. Quienes gobiernan deben empero entender que ya han tirado demasiado de la cuerda y que el México real –y profundo– se les está apareciendo, pues con una profunda intuición nacionalista ha entendido que defender su petróleo es una cuestión de supervivencia.
PEMEX: MENTIRAS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 26 de abril de 2008)
A estas alturas del tiempo político nacional, el inicio del pospuesto debate sobre la reforma petrolera de Calderón requiere de una recapitulación de las verdades a medias o mentiras puras sobre tal propuesta difundidas tanto por la campaña mediática para aprobarla como por voceros intelectuales.
No es cierto que Pemex "no se privatiza, sino que se fortalece", como afirma el repetitivo mensaje gubernamental. Sí se privatiza en actividades que conforman la industria petrolera como son la exploración, la perforación y la extracción del petróleo y su refinación, transportación, almacenamiento y venta de los derivados del mismo.
No es cierto que ha habido suficiente discusión sobre dicha reforma, como afirmó Calderón. Sí ha habido profusión de caricaturas televisivas para encontrar el tesoro petrolero escondido en el mar profundo, desplegados periodísticos favorables del gran empresariado y opiniones de locutores radiofónicos y televisivos, pero eso no es discusión objetiva, plural y amplia.
No es cierto que la propuesta presidencial es legal porque no pretende modificar el artículo 27 constitucional. Sí es ilegal pues pretende modificar leyes secundarias en clara violación a la Constitución, dado que ninguna ley secundaria puede estar por arriba de sus disposiciones jurídicas. No es cierto que de aprobarse la propuesta petrolera presidencial, como afirmó Calderón, sería "una palanca de prosperidad que nos permita superar definitivamente la pobreza y garantizar la educación y la salud de todos los mexicanos". Sí es cierto que esto es demagogia pura pues implicaría sacar de la pobreza a 55 millones de mexicanos, el desarrollo económico social pleno que no ha logrado ningún país desarrollado.
No es cierto que Pemex no tenga capacidad tecnológica para construir refinerías y dar mantenimiento y ampliar los gasoductos. Sí es cierta la irresponsable actitud gubernamental de no construir refinerías en 20 años y abandonar el mantenimiento de los ductos.
No es cierto que la toma del Congreso por el Frente Amplio Progresista es la mayor ilegalidad cometida "en democracia", como gustan decir los transitólogos y la transitocracia. Sí es una ilegalidad mucho mayor que los diputados y senadores, frente a la inconstitucional iniciativa presidencial, no cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, iniciativa ilegal, ilegítima y antinacional.
No es cierto que Pemex necesita el tipo de autonomía técnica y administrativa propuesta. Sí requiere de una en la que tenga autonomía presupuestal y el Consejo de Administración no esté integrado por representantes del Presidente, sino que sean nombrados por el Congreso de la Unión y de los congresos estatales con instalaciones petroleras.
No es cierto que se va a racionalizar el funcionamiento de Pemex sin mayores cambios administrativos y sindicales. Sí es cierto que ineficiencia y corrupción van a continuar reproduciéndose al no tocar a la alta dirigencia administrativa y sindical, y a sus jugosos sueldos y prestaciones.
No es cierto que no sea un asunto de seguridad nacional y de Estado. Sí es cierto que cualquier proyecto de desarrollo económico y social incluyente, políticamente participativo y ecológicamente autosustentable pasa por que sea un organismo estatal saneado, fortalecido, con capacidad de generar valor agregado vía refinación de gasolinas e impulso a la petroquímica e integrado a las cadenas productivas que fortalezcan el mercado interno.
Para ello se requiere de una política de Estado en materia petrolera y en general energética de largo plazo. Ésta requiere de estadistas y no de un representante presidencial vendedor de ilusiones y de representantes legislativos que suponen que su elección es un cheque en blanco para aprobar cualquier iniciativa de reforma en detrimento del interés nacional público y en beneficio del interés privado nacional y extranjero, lo que va en detrimento de la mermada fortaleza y legitimidad de las instituciones del Estado.
El tipo de reforma petrolera, que no energética, es la prueba del ácido de si la transición política adquiere un contenido democrático o persiste en uno de carácter oligárquico.
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LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX: UN CRIMEN DE LESA PATRIA
GRUPO SUR
PEMEX es la empresa más rentable de México. Los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del cincuenta por ciento del presupuesto federal. Se trata de una gigantesca fuente de riquezas que siempre ha despertado el apetito de intereses privados de dentro y de fuera. La expropiación de la industria petrolera decidida por Lázaro Cárdenas buscaba convertirla en un puntal del desarrollo del país. La riqueza petrolera bien empleada es una palanca para nuestro futuro y factor de nuestra independencia.
Si se privatizara PEMEX, ¿a dónde irían estas cuantiosas ganancias? ¿De qué otra fuente obtendría el gobierno mexicano los formidables ingresos fiscales que dejaría de percibir? En verdad, la planeada "reforma" de PEMEX significaría la transferencia de fabulosas riquezas a manos privadas, principalmente extranjeras. Son incalculables los daños que se producirían al país. Debe decirse sin tapujos que quienes impulsan el despojo de la principal riqueza de México, conspiran contra la nación.
LA HISTORIA RECIENTE
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se optó por la venta de petróleo crudo en lugar de construir refinerías para elaborar nuestras gasolinas, mientras se desalentaron las ramas de la petroquímica, que permiten mayores ingresos y menor dependencia. Los sucesivos gobiernos priístas siguieron los dictados del Banco Mundial y de Estados Unidos: sabotear el desarrollo de pemex para ponerlo en punto de venta.
Lo lograron en parte al imponerle exacciones fiscales que ninguna empresa del mundo puede soportar, mientras se consiente al sector privado con una baja carga tributaria. Es por ello que en apariencia la empresa pública no gana y está en "crisis". Saqueando a PEMEX vía impuestos, escondieron su incapacidad para lograr una economía sana con un crecimiento sostenido. Correspondía a sus intereses seguir sangrando a PEMEX, en lugar de implementar medidas juiciosas y a favor de la nación. Asimismo, parte del guión para extenuar el sector energético fue el desmantelamiento de centros de investigación y desarrollo, como los institutos Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares.
Con los gobiernos panistas esta vía llegó a su clímax. Vicente Fox y su pequeño grupo derrocharon los recursos adicionales que ingresaron al país gracias al alza internacional del precio del petróleo. Esos fondos no se utilizaron para fortalecer el sector productivo –incluyendo el campo y la propia industria petrolera–; se fueron al gasto corriente y a algunos bolsillos.
¿POR QUÉ LES URGE PRIVATIZAR PEMEX?
Este manejo ineficiente y sesgado de sucesivos gobiernos, tiene hoy a la economía del país en grave trance. Por un lado, hay una fuerte deuda interna que proviene de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto, PIDIREGAS; por otro, es un hecho que la crisis económica de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto, pues habrá menos compras de nuestros productos, menos empleos para nuestros paisanos allá y menos remesas de éstos, que son nuestra segunda fuente de divisas.
Ante esta perspectiva, a la pequeña oligarquía dominante, al PAN y a sus aliados en el PRI, les urge privatizar a PEMEX, alegando que está en crisis. Según creen, llegaría dinero "fresco" que, una vez más, taparía sus ineficiencias y atenuaría la profundidad de los problemas. Y hasta sueñan que con ello podrían lograr en 2009 una votación que les permita acabar de saquear al país con leyes a modo dictadas en las Cámaras.
Pero lo que está en crisis no es PEMEX, sino el modelo socioeconómico que este grupo representa. Lo que quieren no es evitar una crisis al país, sino salvar el esquema económico y político que han impuesto, e incluso robustecer el régimen elitista mediante una nueva orgía de concesiones, negocios turbios y enriquecimiento fácil, mientras las mayorías se siguen empobreciendo.
Es evidente que el proceso de privatización impuesto desde hace veinticinco años no es el modelo a seguir. Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca y vendió Telmex, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993); aun así, se dio la crisis a fines de 1994 y no hemos salido del estancamiento. El proceso de privatizaciones ha continuado en la industria del acero, la aviación, la minería, la infraestructura, incluyendo la participación creciente de la inversión privada en la CFE y PEMEX desde 1997 hasta la fecha (en 2007, del total de la inversión realizada en pemex, el noventa y cinco por ciento fue privada). A pesar de ello, la economía y con ella la sociedad, van de mal en peor. Lo que se requiere es el cambio del modelo y la sustitución de ese grupo en el poder, que se ha caracterizado por su incompetencia, corrupción y carencia absoluta de sensibilidad social.
Estados Unidos y las grandes corporaciones son parte del festín que se prepara. A éstos les interesa intervenir directamente en la industria petrolera mexicana y ser rectores en el negocio. Los grandes yacimientos de petróleo fácilmente extraíble de Estados Unidos y de Arabia Saudita han llegado a su punto de declive. Apoderarse de los más importantes yacimientos es parte de su estrategia de dominio global. Estamos en grave peligro como país. Una vez que sus empresas se asentaran aquí, nada los detendría; pronto verían la manera de tener control, incluso militar, sobre nuestros yacimientos, plantas y gaseoductos.
Estimulados por el olor a negocios, desde el poder se ha comenzado a seducir o sobornar a funcionarios, legisladores, medios de comunicación y comunicadores para que se difundan mentiras o verdades a medias que impidan a la población tomar decisiones informadas. Falsedades como la carencia de recursos y de tecnologías propios para impulsar a PEMEX, campean cínicamente. Privatización y corrupción están indisolublemente hermanadas.
Los mexicanos no nos dejaremos engañar con galimatías para encubrir la privatización. Con la pretensión de ocultar su verdadero propósito, los traidores a la patria juran que no quieren privatizar PEMEX, sino tan sólo "reformarlo", "democratizarlo", "sanearlo", "modernizarlo" o promover "asociaciones" y "alianzas". Estos términos no son más que parte del nuevo Diccionario de Sinónimos Privatizadores. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un re curso vital que es y debe seguir siendo público. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica.
¿QUÉ OCURRIRÍA SI SE PERMITE LA ABIERTA PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PRIVADO EN PEMEX?
Los que adquieran acciones de pemex u otras concesiones "legales", empresarios en busca de máximos rendimientos, muy pronto elevarían aún más los precios de los combustibles, presionarían al gobierno para que los impuestos con que hoy se sangra a PEMEX no se aplicaran a ellos. Finalmente las ganancias volarían lejos de aquí, como ya ocurre. Como consecuencia, se reduciría aún más el presupuesto para la educación pública, el sistema de salud, el campo, la cultura; habría mayor deterioro y pobreza. Los impuestos que no ingresen vía PEMEX tendrían que salir de nuestros bolsillos; hasta un sector de los empresarios se vería seriamente afectado. Tendríamos un gobierno aún más débil y sin capacidad para defender los intereses de la nación.
Vulnerando la Constitución, ya se han dado pasos privatizadores en el sector energético. Se trataría ahora de violentar por completo el orden constitucional desde reformas secundarias. La privatización, no hay que olvidarlo, se haría contra la Carta Magna. En el momento en que Estados Unidos implementa medidas de protección desde el gobierno, Dinamarca fortalece la presencia del Estado en sus empresas de hidrocarburos, y países como Holanda, Brasil y Argentina están dando marcha atrás en las privatizaciones, mientras Bolivia y Venezuela batallan contra la voracidad de las transnacionales petroleras, en México, a contracorriente, gobernantes obtusos y al servicio del gran capital, dan la espalda a la Constitución y se empeñan en privatizar lo que es de la nación.
UN GRAN PELIGRO PARA LA NACIÓN
Es un momento crucial. Con la privatización de PEMEX se cancelaría uno de los instrumentos fundamentales para proyectar nuestro futuro. Está en juego el porvenir de México como nación independiente y digna.
Vivimos uno de los momentos más graves de nuestra historia. Pero no nos cabe duda de que, con la Constitución en la mano, mexicanos y mexicanas de todas las edades, creencias y organizaciones, en todos los rincones del país, sabremos realizar una movilización nacional jamás vista para impedir este atropello, este descarado despojo. Levantaremos la meta combinada de impedir la participación privada en PEMEX e impulsar un cambio verdadero que logre desterrar el gran desorden económico, político, legal y social imperante. Que no se equivoquen los privatizadores. El destino de pemex no se decidirá en las sombras de los gabinetes o los despachos, sino en las calles.
Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Javier Flores, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.
